OAXACA, OAX., abril 9.- El titular de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), Jesús Martínez Álvarez señaló que el motivo por el cual el conflicto social que permea en el municipio de San Juan Copala se ha prolongado es a causa de personajes políticos y organizaciones sociales que han utilizado a toda una comunidad como carne de cañón para lucrarse en beneficio propio, extrayendo recursos económicos provenientes de organismos en pro de los derechos humanos nacionales e internacionales.
Ante la reinstalación del campamento triqui en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, agregó que el Gobierno del Estado ha mantenido una política humanista de diálogo, concordia y respeto al caso; sin embargo, la injerencia de actores externos al conflicto y a la comunidad han entorpecido continuamente las vías de conciliación.
“Entre las personas que actualmente se ubican en esta zona, únicamente seis tienen medidas cautelares, el resto son comerciantes que se han adherido y personas que únicamente persiguen un interés económico, quienes pretenden recibir una retribución económica mensual; no hay justificación alguna para que estas personas realicen un plantón exponiendo la integridad y el bienestar de hombres, mujeres y niños”, detalló Martínez Álvarez.
Ante este panorama, el encargado de la política interna de Oaxaca señaló que el Gobierno del Estado ha cumplido en todo momento con los principios que rigen la administración encabezada por Gabino Cué Monteagudo que son los de brindar a cada uno de los oaxaqueños las condiciones necesarias de seguridad que garanticen el desarrollo social y la salvaguarda de sus derechos humanos.
Bajo esta premisa, también se han cumplido conforme a la ley las medidas cautelares dictaminadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en beneficio de 135 familias triquis a fin de garantizar el retorno seguro a su comunidad.
Puntualizó que siguiendo este compromiso en diciembre de 2011 y en enero de 2012 se otorgó a cada una de estas familias un apoyo económico de 150 mil pesos por concepto de resarcimiento de daños derivados del conflicto, aunado a una inversión de 68 millones de pesos que permitieron la instauración de una clínica de salud en la región y la reactivación de los servicios educativos luego de tres años de inoperatividad.
Es así que ante los constantes intentos de ubicarse en esta zona del Zócalo de la ciudad, Gobierno del Estado ha ofrecido diversas alternativas de albergue, en tanto se establecen las estrategias de seguridad para un retorno seguro a su comunidad.
De esta manera, el encargado de la gobernabilidad en el estado señaló que la reinstalación de este grupo frente a los portales de la Casa del Pueblo va contra cualquier estado de derecho, además de representar un atentado a la vida y a la dignidad de las personas que ahí se concentran, pues esta situación pone en riesgo las condiciones de salud e inclusive de seguridad.
Finalmente, el Secretario General de Gobierno del estado hizo un llamado a los actores ajenos a esta problemática a dejar de lado intereses personales y actitudes de hostilidad y anteponer el bienestar y el desarrollo social de esta región.
En este sentido, la SEGEGO reafirma su compromiso de instrumentar estrategias que velen por el bienestar y el desarrollo de los oaxaqueños y contribuir a la articulación de políticas humanistas que conduzcan a Oaxaca hacia un sendero de la democracia y la civilidad.
