Las últimas decisiones del gobernador Gabino Cué Monteagudo, de colocar a operadores del PRI en posiciones de primer nivel, seguramente generan preguntas entre muchos ciudadanos por querer saber por quién votaron en realidad en julio de 2010. Se suponía que el voto mayoritario era en contra de ese partido.

Ahora ya no hay diferencia respecto a los nuevos nombramientos en las delegaciones del Gobierno federal, donde se están colocando operadores electorales del tricolor.

El Gobierno estatal está igual, hasta en la estrategia, si consideramos que ambos alineamientos son dirigidos por ex gobernadores.

Habría que recordarle al gobernador Cué que su llegada fue posible por el activismo de las fuerzas progresistas de Oaxaca, por las expectativas de miles de ciudadanos que brindaron su voto con la esperanza de un cambio con justicia, por lo que su gobierno es deudor del amplio movimiento social.

Es importante que considere que sus facturas no las tienen que pagar con grupos o personas en particular, ni con los dueños de las empresas transnacionales, ni con los ex gobernadores, ni con los dirigentes de tal o cual partido o grupo de presión; mucho menos tiene que pagar facturas al PRI. Los adeudos de Cué son de tipo social, ante mucha gente que esperaba un buen gobierno.

Ahora, si pensamos en la desestabilización política, que supuestamente preocupa a los gobernantes, habría que apuntar que esa desestabilización no necesariamente está en las calles, en los opositores a los megaproyectos, en quienes reclaman justicia, sino que la desestabilización se genera desde la cima de la estructura gubernamental, desde donde se toman decisiones.

El ejemplo lo observamos la semana antepasada con las filtraciones de llamadas telefónicas en el primer círculo del gobernador. Sin duda un verdadero golpe a la alianza de partidos y una descalificación a la alternancia, no desde abajo ni por parte de quienes critican de manera abierta, sino desde arriba, desde donde se conduce el gobierno, desde donde se negocia y se disimula.

La idea de la alternancia queda desarmada; las evidencias revelan que el gobierno del cambio es capaz de maniobrar para favorecer a candidatos priistas y que entre los otros partidos el reparto de posiciones se da de la manera más burda, como en el caso de los panistas que intervienen en el PRD o de los legisladores de izquierda que están en el regateo de canonjías.

A las expresiones de cinismo de los colaboradores del Gobernador que fueron divulgadas, habría que agregarle incompetencias y omisiones, que por no atender problemas, por posponer soluciones, han generado problemas sociales que traen consigo más protestas.

O como se registró en la carta de renuncia al cargo del ex secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, que circuló el pasado fin de semana: “Asuntos que debieron quedar resueltos fueron reactivados por intereses internos”.

El problema es claro. Las pugnas facciosas al interior del gabinete del Gobernador paralizan su función y, aún más, desde la alta burocracia se estira tanto la liga, hasta que la revientan y después se culpa a los perjudicados de los destrozos que la misma cúpula genera.

Más allá de la renuncia del Secretario de Gobierno, lo preocupante es la falta de cumplimiento a la confianza de miles de ciudadanos que creyeron en la idea de la alternancia gubernamental como posibilidad del cambio y que ahora se dan cuenta que no hubo tal; que todo permanece igual que antes.

Este tipo de ejemplos ponen en cuestión la idea de que el voto permite modificar el estado de cosas, y nos muestran a un gobierno que al alejarse de sus compromisos, toma distancia de los ciudadanos que un día creyeron en él.