PALABRA DE ANTÍGONA.- Las y los diputados de la nación, de diferentes entidades del país y distintos partidos políticos, no están sordos ni son indiferentes. Esta semana la Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en su calidad de Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVCM) promueva la alerta de género para el estado de Morelos.
El sistema nació teóricamente por dar a las mexicanas seguridad y buena vida, sin violencia.
La noticia muestra cómo se han usado todos los recursos legales establecidos en la República para que simplemente se cumpla con la ley. Según el Observatorio Nacional del Feminicidio, en México cada año en promedio mil 800 mujeres son asesinadas y la impunidad es hasta del 90 por ciento.
Ello sucede aquí no en otro lugar, en este país donde se anuncia que vivimos el mejor momento del Estado de Derecho. Los asesinatos de mujeres no paran en todo el México, las cifras son alucinantes. Si sólo consideramos los datos de Morelos, estamos hablando de más de 400 homicidios; que hay 145 mujeres desaparecidas en el Estado de México, que cerca de 925 asesinatos se han acumulado en esa entidad, de donde proviene la actual administración federal. 164 casos se han documentado en Oaxaca y así, la lista es enorme, desgraciadamente.
Hasta el cansancio se han fundamentado los hechos, existen dos observatorios civiles que definen como muy grave la situación para las mujeres en el país.
Hace unos días la ONU reveló el tamaño de la violencia en pareja, cosa que está preocupando a los probables socios norteamericanos y europeos, socios para aliviar un poco la condición de hambre y pobreza en México.
Lo que hay que decir es que no para el asesinatos de mujeres ni la demanda, ahora en la cancha del poder legislativo, donde se han llegado a las mismas conclusiones que los organismos civiles.
También las comisiones de Equidad y Género de diversos congresos están activas, sustentando que en el país los homicidios contra las mujeres nos dicen claramente el estado de la democracia en México.
Exhortos a las autoridades desde el legislativo del Estado de Oaxaca en abril pasado señalan que debe encabezar esta demanda la comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; igual hicieron las legisladoras en el estado de Hidalgo y en su momento los congresos de Veracruz y del Estado de México.
¿Qué sucede que no hay oídos para respetar la división de poderes?, es decir para probar que vivimos en un Estado de Derecho.
¿Cuál es el problema? Que al parecer ningún gobierno quiere cumplir la ley. La negativa a dar curso a las alertas de género tiene bases sustentadas, análisis de hechos, estadísticas, fundamentación jurídica, acorde con el artículo primero de la Constitución.
¿Por qué las autoridades de la Secretaría de Gobernación se niegan? Esto es como una interrogante que va lastimando la credibilidad para la ciudadanía. ¿No que quieren quedarse en el poder? Digo los priistas.
En Morelos la situación es muy grave, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., ha tocado todas las puertas. Ya construye un expediente que en breve será enviado, tras varias cartas y solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misma que deberá llamar a cuentas a los gobiernos estatales y federal.
Esos gobiernos tienen varias y diversas solicitudes para que realmente se haga lo pertinente en los casos claros de zonas de alta peligrosidad para las mujeres. Se ha exhortado al gobierno Federal, constantemente.
Organismos civiles, como las Libres en Guanajuato, han documentado perfectamente su demanda, rechazada sin suficientes argumentos y como en Morelos, se ha mapeado cada zona.
El SNPASEVCM tiene como Secretaria Ejecutiva a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, quien apenas el 20 de junio último, en Tlaxcala, dijo:
“El gobierno federal y los gobiernos estatales deben mandar un mensaje claro a la sociedad, ante delitos que la aquejan como la trata de personas: No toleraremos la impunidad para quienes violen los derechos de las mujeres y atenten contra la vida de ellas y de jovencitas”.
Se tratará sólo de palabras, me pregunto, ella parecería interesada y podría desencadenar el procedimiento. Sin embargo, la respuesta en Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Morelos es el mismo: que no hay razones suficientes para la alerta.
Quien lee esta semana Palabra de Antígona deben saber que el asunto es sencillo, se trata de investigar si quienes solicitan la Alerta tienen datos, si efectivamente en los lugares señalados hay peligro sistemático para la vida de las mujeres y, si es así, las autoridades deben intervenir, investigar y tomar medidas preventivas y correctivas, que eso dice la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.
No encuentro razones para negarse. ¿Qué harán ahora que la Comisión Permanente lo está solicitando? El punto de acuerdo incluye que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos coadyuve en las investigaciones, que verifique los datos largamente investigados que la Comisión civil ha realizado y verificado, datos de los últimos 25 años verdaderos oprobios acumulados. Eso simplemente, por las 400 mujeres asesinadas y por la Ley.
Lo interesante de este punto de acuerdo es que se ha puesto en evidencia la contradicción entre los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus legisladores. Su actuación frente a gobiernos como el de Morelos, presidido por Graco Ramírez, del PRD y en otros casos con gobiernos del Partido Acción Nacional.
El exhorto ha sido solicitado por la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Senado de la República, que preside senadora panista María del Pilar Ortega, convertida en congreso permanente y constituida por 15 senadores y diputados, entre ellas seis priistas, cuatro panistas, tres perredistas, uno del Partido del Trabajo y otro del Partido Verde Ecologista. Los y las priistas firman el exhorto; un panista, el verde y uno del PRD no firmaron, es curioso.
La segunda en importancia en esa comisión es la senadora priista Cristina Díaz Salazar, promovida en el PRI para un nuevo encargo en su partido. Es increíble que la Secretaría de Gobernación, cuyo titular es emanado del PRI, se niegue.
Es importante ver el curso que esta solicitud tendrá en próximos días. Será una gran lección ver cómo y de qué manera el Ejecutivo se negará a desplegar las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en desfase absoluto de cara a las declaraciones pomposas de hacer transversal la visión de género en el Plan Nacional de Desarrollo. O será nada más pura demagogia.
Veremos.
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