México, D. F., a 17 de septiembre de 2013

Primero la llegada de los maestros de la CNTE al Zócalo de la Ciudad de México y su posterior desalojo el pasado viernes, más allá de las reivindicaciones laborales y la reforma educativa, se circunscriben en el marco de una lucha por el poder y de las decisiones trascendentes del país en el aspecto económico-financiero, entre los grupos que llevaron a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.

Los diferentes grupos que perdieron el poder con la llegada de Felipe Calderón a Los Pinos, olvidaron las diferencias y las afrentas entre ellos, como fueron los asesinatos políticos de finales de los años 80 y de los 90, así como los encarcelamientos políticos y se unieron para recuperarlo. Es tanto su poder y peso específico conjunto que lo lograron.

Pero apenas tuvieron la certeza de ganar, incluso desde antes de la noche del 1 de julio del año pasado, comenzaron los golpeteos entre ellos, las uniones entre algunos otros y la compra de voluntades, incluso, de integrantes de unos más. Como fue comentado en este espacio, es probable que la explosión en las oficinas corporativas de Pemex haya sido un aviso, como ahora fueron las mega manifestaciones y bloqueos de los maestros.

Pero lo que está en el fondo de los conflictos y sucesos ocurridos en el país en este primer tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluido el incremento de la violencia, no es otra cosa que las manifestaciones de una guerra, esta sí, entre los grupos de poder político y económico de nuestro país.

Lo que está en juego es la definición de una privatización fast track del sector energético, la apertura indiscriminada al capital extranjero para que se apropie de la renta que debería quedar en México y en manos de los mexicanos —por ejemplo, Dragón Mart en Cancún o las mineras y otros—, promovidos por el grupo en primera línea del gobierno, con los salinistas encabezados por los alumnos de Pedro Aspe Armella (artífice del TLCAN), y del otro lado, la política administrativa impulsada por los otros grupos más conservadores, quienes pretenden salvaguardar el statu quo, es decir, mantener la propiedad de las empresas energéticas y que continúen como la caja chica del gobierno y sus políticos, para seguir desangrando al país.

Con cualquiera de las dos facciones nos va mal porque finalmente quienes tienen el poder político y económico son los que deciden y se quedan con los dividendos del país, unos con el 10 por ciento inmediato y convertidos en socios de los grandes negocios, con lo que aseguran el futuro de ellos y sus descendientes, mientras nosotros, los ciudadanos de a pie, somos como simples pasajeros en un microbús, que estamos a la suerte de lo que haga el conductor (o como ocurrió en el accidente de Santiago de Compostela en España, amarrados a la locura de quien guía la máquina).

Y eso no lo vamos a poder cambiar mientras la impunidad y corrupción se mantengan reinando, porque nadie que realice acciones en contra de la sociedad y en favor propio y de su grupo, será castigado verdaderamente, salvo los ajustes políticos como ocurrió con Elbs Esther Gordillo. Tal es el caso de Carlos Romero Deschamps, a quien no tocan porque nada ha dicho en contra o a favor de la reforma energética. Sabe bien que si se mete de lleno en el debate, será el próximo acompañante de Elba Esther Gordillo, por lo que se mantiene seguramente alimentando económicamente desde las arcas del sindicato petrolero a sus probables verdugos, para tragtar de salvarse de la quema.

Por lo demás, los ciudadanos somos rehenes de esta guerra en la que los grupos como la CNTE, los llamados “anarquistas” que no son otra cosa que golpeadores, los 400 pueblos y demás, son los soldados de los generales que se encuentran librando batallas desde los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, los Congresos de la Unión, estatales y la ALDF, los partidos políticos y los grandes consorcios económicos, mexicanos y extranjeros.

No es de gratis, por ejemplo que los integrantes de Los 400 Pueblos, un violento grupo de presión social y política al servicio del gobierno de Veracruz desde hace varios años, con una gran cercanía a los dos últimos (Fidel Herrera y Javier Duarte), llegara precisamente una semana antes del desalojo de los maestros del Zócalo y se adelantará a denostar a Mondragón y Kalb como represor, como decían desde esos días las papeletas pegadas a sus calzones.

Así qué lo ocurrido el viernes pasado no es otra cosa que la manifestación de la guerra entre los grupos de poder donde los ciudadanos no contamos. Quienes están contra la política privatizadora estiraron la liga hasta donde se pudo y finalmente no sabemos qué y cuánto negociaron en Gobernación (se habla de 100 millones de pesos), pero los maestros se desaparecieron y sólo quedó el grupo de vándalos que ha violentado en las últimas manifestaciones habidas en la capital, quienes por cierto y por orden de quién sabe quién, ya quedaron libres con el pago de fianzas que tampoco sabemos a ciencia cierta quién costeó.

Aquí lo que privó no fue el bien social, el derecho de los ciudadanos a transitar libremente para llegar a sus escuelas, trabajos y a descansar como nos lo merecemos, no, como ocurrió por más de 15 días y quizá suceda otra vez desde mañana. Aquí lo que defendió el Gobierno Federal fue la imagen de un presidente que no se podía dar el lujo, o mejor dicho, permitirse correr a dar el grito a otro lado, porque estaría manifestando su debilidad y carencia de mano firme para gobernar a un país; por lo tanto, habría perdido una batalla dentro de la guerra intestina que sólo el poder entiende, porque se desarrolla dentro de los entretelones palaciegos, pero está lejos de los ojos de nosotros, el vulgo.

Por cierto, tras el desalojo sólo desafiado por los llamados “anarquistas” que sirvió para el show mediático, este domingo el presidente Peña Nieto ofreció una pobre imagen de poder, donde quedó claro que llegó a un Zócalo comprado, a un Zócalo con acarreados para que gritaran a su favor… porque nuestro presidente aún sigue en campaña porque en esta guerra de grupos, aún no puede gobernar.

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(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México.