La pregunta es pertinente si consideramos que fue planteada a una delegación del gobierno mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en comparecencia el pasado 22 de octubre en Ginebra, Suiza. La representación de Reino Unido preguntó a los mexicanos ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para mejorar la situación de las comunidades en donde no se concedió el derecho al consentimiento libre, previo e informado antes del desarrollo de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec?
Otra pregunta realizada ¿si los procedimientos y las herramientas que se están implementando permiten asegurar que las transacciones de tierras sean transparentes y respetan los derechos de propiedad de las comunidades locales? http://www.codigodh.org/2013/10/23/ante-el-discurso-la-realidad-epumexico/
Al parecer no y por el contrario, lo que encontramos en este caso particular, es una situación de hostigamiento y acoso a las comunidades, como están constatando elementos de las Brigadas Internacionales de Paz -provenientes de Holanda, Alemania y Francia- las cuales acudieron a la ciudad de Juchitán, Oaxaca, para constatar la quema de un campamento de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) ocurrido el pasado 15 de octubre (La Jornada, 22/10/13).
El problema no es local si consideramos que, de acuerdo con la CEPAL, México es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más conflictos socio- ambientales provocados por empresas multinacionales, las cuales son provocadas por la contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa.
El organismo oficial dependiente de la ONU, atribuye los conflictos a la falta de una legislación que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales entre otras, así como también a la falta de firmeza de los gobiernos al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible.
El documento “Desarrollo minero y confictos socioambientales. Los casos de México, Colombia y Perú”, publicado en la serie de Macroeconomía del Desarrollo, septiembre 2013, enlista casos por minería abierta, pero también por exposición a metales pesados, conflictos territoriales, disputa por la ocupación de zonas arqueológicas o problemas de precios en la compra de terrenos. http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/51146/DesarrolloMineroyconflictosS.pd
En los conflictos entre comunidades y multinacionales, identifica a las siguientes compañías: Minera San Xavier subsidiaria de Metallica Resources New Gold, Grupo Frisco, Gold Group, Ferro Gusa Carajás (en Real de Catorce), Minefinders Corporation of Vancuver, Pan American Silver, Linear Golpe Corp, Grupo Carso, Mina de Oro Nacional (de capital canadiense), Minefinders Corporation of Vancuver, Continuum Resources Minera Natividad, Minera El Rosario, Great Panther Resources Limited y Media Luna.
Al respecto cabe destacar la observación del geógrafo David Harvey, quien indica que la acumulación capitalista en los últimos 40 años ha dependido cada vez más del despojo y menos de la expansión de la producción real, en un proceso que identifica como “land grab” o despojo de tierras (Nostromo, vol. 5/2012). Agregaría que además del despojo de tierras, la acumulación también se sostiene en la especulación financiera que no tiene asideros productivos o de la volatilidad del capital.
Es importante identificar con claridad la ofensiva del neoliberalismo en sus afectaciones a la humanidad, a los territorios, a la ecología. Además, considerar que el capital no solo tiene un soporte económico como la acumulación, máxima renta y costos mínimos; también tiene una forma política, la subordinación de los gobiernos y la cooptación y persecución de los disidentes, pero también una forma cultural que se expresa en los medios masivos para fomentar los egoísmos individualistas y la descalificación de quienes se organizan en contra del sistema a través de una fantasía desarrollista que ha demostrado sus efectos devastadores en lo social y en lo ecológico. Sobran investigaciones científicas sobre los desastres generados.
Sin embargo, el proceso neoliberal es sostenido con reformas políticas e institucionales que se imponen a los gobiernos de la región, incluidos los gobiernos identificados como progresistas como Bolivia, Brasil y Argentina. Ni que decir de los gobiernos de derecha como el de México, Perú o Colombia, en donde las multinacionales tienen entrada libre.
En este escenario de conflictividad, de voracidad de las empresas neoextractivas se comprende mejor las nuevas luchas y exigencias de los pueblos indígenas por la defensa del territorio, del medio ambiente, de la dignidad, de la vida, del derecho a la consulta previa, libre e informada sobre los futuros colectivos.
El derecho a la consulta hacia los pueblos y comunidades en donde se emprendan proyectos de impacto regional no debe quedarse en un referente normativo más de la Convención 169 de la OIT, de la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas o de nuevas reformas constitucionales de los Estados. Por el contrario, debe pasar al terreno de los hechos, que se respete como práctica política de los diversos actores sociales en América Latina y en todos los lugares en donde se emprendan proyectos de impacto regional.
Investigador del IISUABJO/ Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Conacyt
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