OAXACA, OAX., diciembre 18.- Granaderos de la Policía Estatal (PE), al mando del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Marco Tulio López Escamilla, desalojaron la tarde de este miércoles a un grupo de pobladores de San Juan Ozolotepec, Miahuatlán, que bloqueaban las entradas y salidas de Ciudad Administrativa, en el municipio conurbano de Tlalixtac de Cabrera.
Decenas de personas que se encontraban en el interior de ese inmueble tuvieron que esperar más de media hora para que pudieran ser evacuados.
En el lugar estaba el secretario de Seguridad Pública, López Escamilla, quien reportó seis detenidos, entre ellos el presidente municipal de Ozolotepec, Pedro Cruz González.
Los inconformes exigían la instalación de una mesa de negociación con el secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, para llevar a cabo elecciones en su comunidad.
Acusaron al diputado estatal Armando Demetrio Bohórquez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de querer imponer a Silvestre Alonso Silva, quien funge en esa comunidad como Administrador Municipal.
Antes de implementar el desalojo, una comisión de funcionarios de la Segego salió a intentar dialogar con el edil Pedro Cruz, pero éste se negó con el argumento de que “los funcionarios siempre se echan la bolita y no dan soluciones”.
Y ante la negativa se dio la orden de desalojarlos, por lo que enseguida hizo acto de presencia el equipo antimotín y procedió a ejecutar su cometido.
Un policía vestido de civil aprehendió al Munícipe de San Juan Ozolotepec.
Los detenidos fueron llevados al interior de Ciudad Administrativa para más tarde trasladarlos al cuartel de la Policía Estatal en San Bartolo Coyotepec.
El secretario López Escamilla, quien se despide así de la dependencia que tuvo bajo su mando en los últimos tres años, ya que fue invitado a integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública federal a partir del 1 de enero próximo, dijo que las personas interceptadas deberán ser cuestionadas, ya que portaban cadenas.
“Nadie debe hacer justicia por su propia mano, ni tampoco impedir el libre tránsito de otras personas”, advirtió el funcionario.
