OAXACA, OAX., marzo 10.- Veinte organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales presentaron el informe “JUSTICIA PARA SAN JOSÉ DEL PROGRESO”, generado a partir de una Misión Civil de Observación de Derechos Humanos realizada a finales de 2012 y actualizado a la fecha. El informe evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos producidas por la imposición del proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca, impulsado por la empresa Fortuna Silver Mines desde 2006.

A partir de esta fecha, la empresa con el respaldo de las autoridades estatales y federales han violentado principalmente el derecho a la vida, al consentimiento previo, libre e informado; el de información pública; el respeto a la propiedad colectiva e integridad del territorio, el derecho a la libre determinación, el derecho a un medio ambiente sano, a la salud comunitaria, al derecho de las niñas, niños y adolecentes, el derecho de las mujeres, el derecho de asociación y reunión, el derecho a la libertad, integridad personal; el derecho de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como el derecho a la administración de justicia, todos reconocidos en instrumentos legales nacionales e internacionales.

La Misión Civil de Observación de Derechos Humanos, concluye con un conjunto de recomendaciones al gobierno federal, estatal y municipal entre ellos resaltala deponderar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sobre los derechos e intereses de las empresas mineras y garantizar el derecho a la vida, integridad física y psicológica de la Población de San José del Progreso. Por otro lado recomienda a la Secretaría de Economía cancelar las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, mismas que fueron otorgadas sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los habitantes de San José del Progreso.

A las autoridades estatales se les pide que asuman un papel activo en la defensa de los ciudadanos y ciudadanas que enfrentan violaciones a sus derechos humanos por la instalación de megaproyectos en sus territorios, interviniendo en el monitoreo, revisión e interposición de recursos legales para la revocación de concesiones mineras y autorizaciones de Evaluación de Impacto Ambiental otorgados por el Gobierno Federal que no cumplan con las formalidades legales establecidas en las leyes mexicanas y acuerdos internacionales.

Asimismo concluye con denuncias dirigidas al gobierno de Canadá en las cuales recomienda implementar medidas efectivas, legislativas o de otra índole para asegurar que las empresas mineras canadienses sean llamadas a responder ante el sistema de justicia canadiense por violaciones a los derechos humanos cometidos fuera desu territorio.

Dicho Informe es presentado en el marco de los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez destacados defensores del territorio y opositores al proyecto minero. Las organizaciones que suscriben el informe, realizan un reconocimiento de su labor en la defensa de los derechos humanos.

Organizaciones que suscriben el informe

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C.; Tequio Jurídico A.C.; Servicios del Pueblo Mixe (Ser Mixe) A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) S.C.; Bachillerato Intercultural Ojo de Agua; FUNDAR,Centro de Análisis e InvestigaciónA.C.; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LA VIDA); Consorcio para el Diálogo y la Equidad de Género-Oaxaca A.C.; Council Of Canadians; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); Colectivo Casa Chapulín, Centro Autónomo para la Creación Intercultural de Tecnologías Apropiadas (C.A.C.I.T.A.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha(CODIGO DH) A.C.; Hij@s de la Tierra; WitnessForPeace; Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor).