OAXACA, OAX., marzo 19.- Habitantes del municipio triqui de San Juan Copala, desplazados por la violencia añeja que se sigue viviendo en la zona, volvieron a instalar su plantón frente al palacio de gobierno para exigir cumplimiento a los acuerdos que han firmado con el Gobierno del Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que, según ellos, no se han cumplido.

En entrevista colectiva, integrantes de las ocho familias desplazadas que protestan aseguraron que los funcionarios que los han atendido “no tienen capacidad de respuesta”.

Entre los puntos que buscan “negociar” con el Gobierno estatal se encuentran los mismos, los de siempre: justicia por los muertos de San Juan Copala, seguridad para el retorno de los desplazados y la reubicación de las familias afectadas.

Cuestionados sobre los montos económicos que han recibido o que buscan recibir, aseguraron que no quieren dinero.

“Si como dice el Gobierno del Estado que no, ni un peso, yo creo que no podemos pedir dinero cuando no hay y si lo hay es para ellos, porque la verdad no venimos a pedir dinero, y si nos ofrecen yo creo que no es la forma de atendernos” (sic), argumentaron los indígenas de la zona triqui.

En esta ocasión, los inconformes se deslindaron de sus lideresas Reyna Martínez y Lorena Merino, quienes representaban su movimiento en un inicio. Y es que dichas mujeres, según denuncias, se beneficiaron económicamente de los desplazados.

Aclararon que sería una ofensa funcionarios del Gobierno del Estado les ofreciera diversos montos económicos en una mesa de dialogo, ya que la demanda principal radica en la seguridad en San Juan Copala y el retorno de los desplazados a sus poblaciones de origen.