Los conceptos de democracia y multiculturalismo que no consideran las desigualdades históricas ni las asimetrías en las relaciones de poder no ayudan a comprender ni mucho menos explican las complejas realidades sociopolíticas de los pueblos indígenas.
Esta insuficiencia se puede observar en el libro “Nuevas instituciones de democracia participativa en América Latina”, editada por Maxwell Cameron y otros, publicado por British Columbia University y Flacso- México.
Particularmente me refiero al capítulo dedicado a los usos y costumbres de los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca, de la autoría de Todd Eisenstadt y Jeniffer Yelle, en donde describen algunos acontecimientos observados en la entidad y mencionan que “las causas de conflicto más comúnmente citadas son la administración y la distribución de recursos y la tensión entre las cabeceras y las agencias”.
En su pretendida interpretación sobre la conflictividad, apuntan “si bien asuntos filosóficos de más alcance como el caso de los derechos multiculturales, con frecuencia se subordinaron a cuestiones más mundanas y locales, como qué proporción de los recursos federales debía ser asignada a cada comunidad”.
Se deduce la ideología de los autores, de que la terca realidad oaxaqueña va por un lado y la teoría del multiculturalismo light por el otro; o más bien dicho lo tribal y la filosofía van por caminos distintos.
Si es así, habría que decirles a estos profesores que los problemas de los pueblos indígenas no pueden reducirse a “cuestiones mundanas y locales” y que su apreciada teoría no sirve para explicar la complejidad de los pueblos indígenas.
Para estos profesores, el horizonte oaxaqueño es plano y cabe en sus generalizaciones.
Por ejemplo, luego de un balance de juicios de valor, indican que “los caciques tradicionales tienen el poder para gobernar con arbitrariedad bajo el disfraz de prácticas comunitarias. Las elecciones por usos y costumbres han creado tensiones entre los derechos individuales y comunitarios”.
En otra aseveración, los académicos de la American University, registran que “la idea de que los usos y costumbres disminuyen los conflictos poselectorales no está sustentada en evidencia empírica. Entre 1995 y 2007 se duplicó el número de conflictos poselectorales (disputas de los resultados a través de protestas y movilizaciones) en las comunidades oaxaqueñas regidas por usos y costumbres”.
Habría que apuntar que las afirmaciones de Eisenstadt y Yelle, con todo y sus datos duros, requieren de análisis de mayor profundidad para cada caso, en donde además de los conflictos internos de los usos y costumbres que ellos documentan, existen otros aspectos que ignoran, como la intromisión de intereses de agentes estatales y privados promoviendo conflictividad y violencia, así como la ausencia de árbitros institucionales.
Las motivaciones de tales agentes pueden ir desde los abusos y corrupciones por sus posiciones de poder, la ignorancia y complicidad de las burocracias, la incompetencia para promover acuerdos o bien porque comparten la perspectiva colonizadora y presuntamente armónica del reconocimiento multicultural de los profesores estadounidenses.
Apuntan que “la violación a derechos individuales por el sistema de usos y costumbres no ha sido remediado hasta ahora por autoridades electorales estatales o federales”.
Lo que no dicen es que desde el aparato estatal también se han promovido violaciones a los derechos colectivos de los pueblos a quienes se les han impuesto proyectos de impacto socioambiental sin mediar información ni consulta, y se han solapado despojos de territorios y explotación indiscriminada de recursos naturales.
Para estos autores la historia sociopolítica de los pueblos indígenas de Oaxaca simplemente no existe; estos aparecieron a sus ojos a partir de algunos cuestionarios que levantaron en una “muestra representativa”; lo demás son estereotipos.
Omiten el proceso de colonización, de explotación, despojo, discriminación y exclusión de los sectores dominantes hacia los pueblos indígenas como parte de los conflictos históricos; tampoco hablan de las desigualdades existentes.
La situación no pasaría de una interpretación distorsionada y folclórica, pero lamentablemente esa perspectiva reduccionista y despectiva hacia los pueblos indígenas se produce con financiamientos importantes para la investigación.
Además, esos supuestos coloniales son compartidos por académicos, políticos, funcionarios gubernamentales, empresarios y mucha gente de ambos lados de la frontera, e incluso de la propia entidad.
Investigador del IISUABJO
sociologouam@yahoo.com.mx
