Grandes tragedias, como la de Pasta de Conchos y desastres ambientales, como el reciente derrame de lixiviados tóxicos en tres ríos sonorenses, le han enseñado mucho al Grupo México, de Germán Larrea: Ahora tiene gran experiencia para evadir su responsabilidad y manipular a las autoridades a fin de minimizar o anular sanciones. Medidas de seguridad, prevención de accidentes y reparación de daños no aparecen en su diccionario

MÉXICO, D.F., (Proceso).- En la gran pantalla un tren recorre desiertos y comunidades empobrecidas con música lenta de fondo, mientras una voz grave exalta el Dr. Vagón o Tren de la Salud, “la infraestructura sin precedente en todo el continente americano” creada por la Fundación Grupo México y Ferromex.

Se trata de un tren de 11 vagones con laboratorio, consultorios, área de especialidades, farmacia, dormitorios y comedor, al cual ese promocional –que se proyecta antes de cada película en las salas de Cinemex– califica como “uno de los muchos esfuerzos de Grupo México y Ferromex” para apoyar la salud en comunidades marginadas.

El anuncio del Dr. Vagón completa un círculo de sinergia empresarial: Ferromex y Cinemex pertenecen a Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, cuya fortuna supera los 16 mil millones de dólares.

Su riqueza se ha incrementado y las utilidades del Grupo México establecieron marcas históricas desde 2005, contradictoriamente el año en el cual su filial Asarco se declaró en bancarrota en Estados Unidos para no pagar una multa de mil millones de dólares.

Esta fue la sanción que le impuso la justicia de aquel país porque sus operaciones contaminantes afectaron gravemente a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas de El Paso, Texas, quienes presentaron altos niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre. Larrea sólo se esforzó por atender las exigencias de las autoridades ambientales estadunidenses y recuperar la empresa cuando otros emporios internacionales hicieron ofertas para adquirirla.

En la provincia peruana Jorge Basadre, otra subsidiaria del Grupo México, Southern Perú, enfrenta la acusación penal que interpuso contra ella el Ministerio del Ambiente por contaminar con metales pesados las aguas para uso agrícola y ganadero de la Pampa Sitana.

Pese a que los estudios realizados en la zona confirmaban la alta toxicidad, Southern Perú emitió en abril del año pasado un boletín en el cual afirmó que la interpretación de los datos demostraba que su empresa operaba dentro de la norma. Sin embargo, fue desmentido por el procurador ambiental peruano Julio César Guzmán.

Para evadir su responsabilidad social, el Grupo México suele recurrir al engaño y al cierre de operaciones.

En Cananea, Sonora, el hospital Ronquillo atendía a muchos mineros y jubilados, pero fue cerrado por el Grupo México en 2008, meses después de que los trabajadores de la sección 65 decidieron hacer huelga. Reclamaban por la inseguridad laboral, pues dos de ellos murieron poco antes en la mina Mexicana de Cananea.

Y dos años antes de esa huelga, en febrero de 2006, fallecieron 65 trabajadores en otra de sus minas: Pasta de Conchos, en Coahuila.

Con motivo de esas muertes se conoció otro aspecto del Grupo México: de los 65 mineros muertos, 35 eran empleados de una empresa contratista llamada General de Hulla, donde la mayoría de los trabajadores carecían de seguridad social y atención médica; entre las víctimas había incluso varios jubilados (Proceso1530).

Como antes lo había hecho en El Paso, el emporio minero cerró el hospital Ronquillo con la justificación de que, tras nueve meses de huelga, ya no podía financiarlo.

Sin embargo ese año (2008) la revista Forbes calculó la fortuna de Germán Larrea en 2 mil 600 millones de dólares. Un año después, aun con huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete, su riqueza ascendió a 9 mil 700 millones de dólares.

TRAGEDIAS PROTEGIDAS

El miércoles 6 una planta de lixiviados de la minera Buenavista del Cobre derramó residuos tóxicos en el arroyo Tinajas, al que afectó en 17.6 kilómetros; y se extendió por los ríos Bacanuchi y Sonora. La polución llegó hasta la presa El Molinito, que almacena 15.4 millones de metros cúbicos de agua. Afectó directamente a 26 mil personas.

En un intento de librarse de su responsabilidad, el Grupo México argumentó que el incidente se debió a lluvias inusuales, lo cual fue desmentido por el titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, quien añadió que se le impondría una multa de 40 millones de pesos y la obligación de reparar todos los daños.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Semarnat anunciaron que se le impondrá al gigante minero una multa de 43 millones de pesos.

De hecho, la muerte de 70 trabajadores (65 en Pasta de Conchos y cinco en Charcas, San Luis Potosí) por la inseguridad de sus instalaciones y el desastre ambiental que provocó en Sonora sólo le han dejado al Grupo México multas federales irrisorias: suman 57.3 millones de pesos.

Esa cantidad equivale a 0.97% de los 5 mil 900 millones de pesos de ganancias que el corporativo consiguió el segundo trimestre de 2014. Aun así, de las sanciones impuestas sólo ha pagado 1.3 millones de pesos por el accidente en Pasta de Conchos, pues se amparó contra la multa por los hechos de Charcas, en febrero pasado.

Además la Secretaría de Economía (SE) ya anunció que no cancelará la concesión minera de la empresa en Sonora, lo que para Cristina Auerbach Benavides, integrante de la organización La Familia de Pasta de Conchos, es un mensaje delicado ahora que el país se abre a los grandes capitales en el sector energético.

“Es un mensaje de impunidad, de corrupción –insiste Auerbach–; es decirles a las grandes trasnacionales que invertirán, con todas estas reformas, que en México se protege a los empresarios, hagan lo que hagan”.

De hecho Auerbach documentó otra prueba del favoritismo que implican las supuestas sanciones: la concesión que ampara el lote minero de Pasta de Conchos recibió una “suspensión definitiva” de la SE pero no fue cancelada y, en mayo de 2012, dos trabajadores murieron en un “pocito” de la empresa Alva Ram de Agujita, en el fundo de Industrial Minera México (IMMSA), la subsidiaria de Grupo México, que según Auerbach, los subcontrató.

Con 67 trabajadores muertos en el lote delimitado en esa concesión, la SE no sólo evitó cancelarla, sino que la renovó. El título de concesión minera número 240977 cambió el nombre del lote minero de Pasta de Conchos a “Unificación Fresnos” y fue refrendado el 16 de noviembre de 2012, a punto de concluir el gobierno de Felipe Calderón, por lo que ahora tendrá vigencia hasta 2031.

Esa fue una de las formas en que las administraciones federales panistas protegieron al Grupo México. Y cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reprobó al Estado mexicano en 27 de las 31 reclamaciones que hicieron los deudos de los mineros, el secretario del Trabajo en el sexenio calderonista, Javier Lozano Alarcón, declaró que el caso GB 304/14/8 de la OIT estaba cerrado y las recomendaciones no se cumplieron.

Con los regímenes priistas la situación no cambia. A la multa irrisoria se suma la justificación de siempre para no cancelar la concesión minera: la SE argumenta que la empresa genera fuentes de empleo.

“Si hay fuentes de empleo, que cancelen la concesión y la liciten para un operador que pueda garantizar la vida de los trabajadores y la protección ambiental”, responde Auerbach.

Al cierre de esta edición, el viernes 29, agentes del Ministerio Público federal adscritos a la PGR aseguraron al menos siete oficinas en la mina Buenavista del Cobre.

RESPIRAR Y PISAR CONTAMINANTES

En San Luis Potosí, una refinería propiedad de IMMSA generó altos niveles de contaminación de metales pesados en el suelo y el aire, incluso en el polvo casero de las colonias Morales y Pirules-Fovissste.

Fernando Díaz Barriga, Lilia Batres, Leticia Carrizales, Jesús Mejía y Jaqueline Calderón, integrantes del Departamento de Toxicología Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, confirman que un estudio en la zona aledaña al complejo industrial desde hace 15 años demostró cómo afectan a la población esos contaminantes:

Para los niños, incrementan el riesgo de alteraciones de coeficiente intelectual, capacidad auditiva, talla, niveles de vitamina D y la velocidad de la capacidad de conducción nerviosa; a las mujeres embarazadas las expone a la posibilidad de abortos espontáneos y la población en general es más vulnerable a las afecciones respiratorias.

Por ese motivo, el 30 de marzo de 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí emitió la recomendación Q-315/08, la cual establece que el ayuntamiento de San Luis violó los derechos a la vida, la salud, el desarrollo, la información y la vivienda digna de la población al autorizar el uso de suelo habitacional en zonas de impacto ambiental, una vez documentada la contaminación de IMMSA.

Aunque el proceso contaminante duró años, sólo el pasado 19 de marzo la empresa anunció la remediación de 603 hectáreas “para evitar” daños ambientales y, en una involuntaria confesión de parte, informó de “la regeneración de suelo más grande de México”.

En Monterrey durante años IMMSA confinó sus desechos tóxicos en su planta industrial en la colonia Victoria. Es una violación de la normatividad ambiental, pero las autoridades federales la solaparon.

La empresa almacenó ahí 500 millones de toneladas de desechos peligrosos a cielo abierto, formando una montaña de aproximadamente 100 metros de diámetro por cinco de alto. En 1993 el entonces delegado de la Profepa en Nuevo León, Ricardo Ayala, informó que esa montaña de desechos contenía arseniato de calcio, plomo, bismuto, cobre, zinc y cadmio, todos nocivos para la salud y el ambiente.

Por lo menos cuatro veces IMMSA pidió permiso a la Semarnat para encapsular esos desechos en su propia planta, pero no lo obtuvo. El 15 de agosto de 2001 el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la dependencia federal, Manuel Ferrer de la Barrera, otorgó la autorización 19-39-GM-VIII-15-2001 para que se aislaran los desechos definitivamente en el lugar.

Para obtener la autorización la empresa presentó el “Proyecto de remediación del predio de la planta Monterrey para su integración urbana”, elaborado por los investigadores Benjamín Limón, Óscar Torres, Pedro Cantú y Martha Herrerón, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En dicho estudio se indica que el cauce subterráneo no pudo contaminarse por filtraciones desde la superficie porque las características físicas y químicas del suelo “lo hacen impermeable y le confieren el calificativo de formación geológica estable”. Con ese respaldo académico, IMMSA incluso ganó el concurso internacional de ecología del Organismo Latinoamericano de Minería.

En 2006, el Laboratorio Ambiental de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Nuevo León realizó un análisis del agua de un pozo en la zona y determinó que estaban fuera de los parámetros establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.

La dependencia presentó los resultados en los oficios 046876 y 047828: encontró en el agua residuos de plomo, bismuto, cobre, zinc y cadmio, así como un exceso en los parámetros microbiológicos de coliformes totales. Después pasó el caso a la Profepa.

Los vecinos de la colonia Victoria integraron el Comité Ecológico Pro Bienestar, encabezado por María de Jesús Mejía de Marqueda, y denunciaron ante varias autoridades las violaciones a la ley cometidas por el consorcio minero (Proceso 1633).

El gobierno no hizo nada. En noviembre de 2004 los colonos se percataron de que, lejos de confinar los desechos tóxicos, IMMSA siguió acumulándolos en el predio de la colonia Victoria. Incluso construyó una segunda montaña de desechos y vendió el terreno a la empresa Internacional de Inversiones, la cual a mediados de 2006 comenzó a desarrollar su proyecto Céntrika: “La ciudad dentro de la ciudad”.