La cuestión es qué hacer en momentos de una profunda crisis humanitaria como la que atraviesa el país. Sobre todo cuando la crisis humanitaria es más profunda y devastadora que la crisis política, en tanto remite a la decadencia de valores colectivos ante las evidencias de una criminalidad brutal, el dolor y la indignación, pero también ante la irrupción del miedo y la desconfianza que paralizan la acción colectiva.
La descomposición de abajo es el reflejo de la corrupción de arriba. Desde la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, el caso dejó de ser un asunto local, puesto que ha mostrado la síntesis de una barbarie que arrasó con la escasa credibilidad de los partidos políticos y de los gobernantes; reveló una deshumanización desproporcionada, la infiltración de las estructuras de gobierno por grupos criminales; en fin, una red de omisiones, solapamientos y complicidades en distintos niveles.
Los asesinatos y las desapariciones forzadas de los normalistas y de los hallazgos de cadáveres no identificados en muchas fosas clandestinas no ocurren en el vacío, sino en el contexto de un estado que se supone de derecho.
La tragedia de lo local se ha desbordado a otras escalas que rebasan fronteras, no solo las fronteras políticas, sino las fronteras de lo humanamente aceptable.
Las exigencias de justicia de los ciudadanos en las calles, en los diversos espacios públicos, en las redes sociales, han desbordado los canales atrofiados de la institucionalidad, mientras que el gobierno mexicano esta bajo el escrutinio de los organismos internacionales de derechos humanos y de una opinión pública que denuncia lo que ocurre en el país a escala global.
La modernidad mexicana se ha disuelto ante el ruido de la violencia; el pretendido éxito de las reformas estructurales se ven opacadas no solamente por las protestas sino por los indicios de corrupción provenientes desde la cima del aparato gubernamental que ponen en entredicho la honestidad de los gobernantes.
Los negocios multimillonarios al amparo institucional, el uso de la política como un botín para beneficios personales, tiene tan solo uno de sus muchos ejemplos, en la nueva residencia presidencial de siete millones de dólares, manchada por la sospecha del enriquecimiento inexplicable de sus propietarios.
La situación constituye un agravio para una población que en su mayoría se encuentra a la deriva ante la violencia, la precariedad económica, la inestabilidad laboral y siguen la ruta del empobrecimiento progresivo.
¿Con quién hablar? ¿qué creer? ¿en quién confiar? ¿por dónde están las salidas? ¿de quienes depende la construcción de un futuro distinto? ¿Cómo debemos actuar?
Según los modelos ideales de la democracia participativa, el ciudadano debe estar informado sobre los diversos asuntos públicos; esa información debe permitirle dialogar, organizarse y tomar acuerdos con los demás para influir en las decisiones colectivas.
Por su parte, las autoridades deben garantizar y respetar ese proceso, así como tomar en cuenta los acuerdos colectivos, en un marco de construcción de confianza.
Desafortunadamente las condiciones para el respeto y el impulso de estos derechos ciudadanos no existen, de ahí la crisis política. La información que debería ser pública se oculta, o se manipula. Los divisionismos y conflictos son alentados desde arriba, y las autoridades provocan cada vez mayor desconfianza. En el corto plazo no se prevé que la tendencia se revierta.
El Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México (2014), registra que “es necesario promover un dialogo a nivel nacional, siguiendo una política de educación cívica”.
Habría que preguntar ¿Cómo? ¿en qué condiciones? Cuando el propio informe indica y documenta la desconfianza en el prójimo y en la autoridad. Cabe recordar que el informe fue publicado mucho antes que ocurriera la tragedia de Ayotzinapa.
Según ese informe oficial, el principal obstáculo para la democratización es la política local y sus múltiples enclaves autoritarios; enfatiza que “la arena local ha sido y seguirá siendo fuente de resistencia a la democratización”.
Habría que replicar indicando que los espacios locales constituyen el entramado y el sostén de la política nacional. No bastan las buenas intenciones.
Los bandidajes locales, los abusos de grupos de poder y las corrupciones que saltan a la vista, se explican como parte de un entramado más amplio de omisiones y complicidades que vienen desde la cima de los poderes político y económico.
No se puede decir que se está bien arriba si los soportes están mal. Una casa no puede tener un techo excelente si carece de cimientos y de muros.
No hay fórmulas para el qué hacer ante la crisis humanitaria. Lo que si es claro es que el futuro colectivo no puede quedar en manos de élites soberbias, ineptas y corruptas.
Por ello, la crisis debe ser también la oportunidad de reconstruir los cimientos desde abajo, para recuperar la confianza de que es posible construir un futuro mejor entre todos.
*IISUABJO/ Investigador Nacional Conacyt
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