MUJERES Y POLÍTICA.- En su largo “mensaje a la nación” de más de cuatro mil 500 palabras, Enrique Peña Nieto anunció medidas que llamó institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia. Propuesta que se obliga a dar frente a la demanda de justicia, un reclamo cada vez más común y que pareciera repetirse como eco a lo largo y ancho del país.
Justamente cuando se cumplen dos meses de la desaparición de estudiantes normalistas en la entidad sureña de Guerrero, que ha levantado la indignación de una buena parte de la sociedad que reclama y exige la presentación con vida de 43 jóvenes, quienes pareciera han sido borrados de la faz de la tierra en medio de actos de barbarie increíbles e inaceptables, Peña Nieto remienda el viejo y más raído vestido de las instituciones mexicanas: el de la justicia, pero no toca el complejo sistema de impartición de justicia: los tribunales y todo lo que de estos se desprende con las consecuencias terribles que ya conocemos.
En su discurso, que casi detiene al país que esperaba más que promesas, el Presidente reitera algo de lo que recién se acabó de dar cuenta junto con sus sesudo gabinete y que los hechos ocurridos en Iguala pusieran bajo la lupa, pero que era una especie de “secreto a voces”: la infiltración de la delincuencia organizada a las instituciones del poder político mexicano infiltradas hasta la médula, generando el caldo de corrupción más putrefacto de todos los tiempos, aderezado, por supuesto, por el factor más dañino para el Estado mexicano, la impunidad.
Una ecuación no fácil de resolver cuando por sexenios la corrupción se ha convertido en parte de la cultura mexicana, entre el que manda y ordena y quienes aceptan, y que sabemos ha infectado a casi todo el quehacer humano de este país, con niveles altísimos de actos ilegales y un destino definido por el verticalismo, aunado a la omisión permanente y la complicidad pura de quienes están en las instituciones y que las han debilitado. Por eso la exigencia permanente, constante, incansable, sostenida, tenaz de “justicia”.
Los hechos ocurridos en Iguala, la desaparición de 43 jóvenes, futuros maestros en escuelas públicas, nos llevó a mirar lo que habíamos dejado de ver y observar colectivamente o por estratos sociales, según el caso, según nos molestara o nos tocara la conciencia: la desaparición de personas, mujeres y hombres, en todas las regiones del país, de una y otra manera, sin que las familias afectadas tuvieran alguna respuesta por parte de “las autoridades” de los tres niveles de gobierno.
Así fue creciendo la impunidad que hoy se desborda y que hace salir a la calle a la gente, principalmente a la juventud, para exigir eso que nos resuena en el cerebro y que para muchas personas ha perdido su significado para las autoridades pero que sigue siendo un referente para la población: JUSTICIA.
No tienen justicia las víctimas de feminicidio desde Chihuahua hasta Oaxaca, no tienen justicia las víctimas de desapariciones forzadas en todo el país, no tienen justicia las mujeres violadas por elementos de los cuerpos policiacos, del ejército o guardias blancas en regiones indígenas mexicanas en los últimos veinte años, no hubo justicia para las víctimas del 68, no hay justicia para las víctimas de San Fernando, para las y los miles de migrantes que cada día son sacrificados unos y vejadas otras, para las víctimas de las Villas de Salvárcar, para las y los periodistas que por decir algo son silenciados por las balas asesinas, las y los niños de la guardería ABC, hay impunidad frente al descarado enriquecimiento ilicitico de la clase política mexicana…No hay justicia para nadie.
El nuestro es un estado totalitario de impunidad y donde quienes han fallado, efectivamente, han sido las instituciones manejadas por los hombres del poder, por la ambición desmedida y la sed de enriquecimiento a costa de vidas humanas y comunidades enteras como sabemos ha sucedido en una buena parte del país donde el narcotráfico co-gobierna con los partidos políticos.
Y aunque lo propone en su mensaje y sus 10 puntos estratégicos, no se mete de fondo al sistema real de impartición de justicia que genera el asunto central que hoy genera incertidumbre y caos en México, la impunidad con la que actúan funcionarios del sistema mexicano del poder menos tocado en todo sentido, el Poder Judicial.
La propuesta que creó de manera inmediata contra-opiniones llevará un proceso que implica reformas constitucionales que demandan un debate real y no ficticio por parte de las cámaras de diputados, el convencimiento de los gobiernos estatales y municipales para intervenir las policías de todo el país y crear un órgano policiaco único, además de crear una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. Ley que tendría que extenderse para evitar que el “crimen organizado” se infiltre en los gobiernos estatales y sus tres poderes y claro en el gobierno federal y los tres poderes. No hay vuelta de hoja.
La propuesta de Peña Nieto está hecha, es propuesta y nada más. Pero también habría que recordar que como dice el refrán popular las intensiones no bastan aún cuando sean buenas y claro hay que mirar la propuesta con ojo crítico y a fondo para evitar más sorpresas, como el perfeccionamiento de la dictadura blanda que parece reafirmarse en México descontrolado por quienes ostentan el poder y no como pareciera o nos quieren hacer parecer por el pueblo que inconforme hasta el tuétano está en las calles, en las redes sociales y en los medios clamando justicia.
Esta semana la maestra Susana Chía Pérez escribió un texto fantástico sobre la impunidad que bien vale la pena retomar. En ese texto que se puede consultar en el blog de Caracolasfem y sostiene que el fuero es una forma de impunidad que define como un privilegio conferido a determinados servidores públicos, hombres y mujeres, para salvaguardarlos de eventuales acusaciones “sin fundamento”. Condición de la que gozan en este país unos cinco mil servidores públicos y desglosa para nuestro acervo de cultura política mexicana.
Presidente, 31 gobernadores, el jefe de gobierno del D.F., dos mil 438 presidentes municipales, 16 jefes delegacionales, 128 senadores, 500 diputados federales y todos los cuerpos legislativos de cada entidad y la Asamblea legislativa del D.F., los todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura federal, los Secretarios de Estado del gobierno federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del D.F., el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos…
Y yo, como usted y como lo plantea la autora de este análisis preguntamos ¿Por qué?
Contra el margen
Las 346 mujeres asesinadas en los últimos cuatro año, desde que inició el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, revelan el desprecio del sistema patriarcal a la vida de las mujeres y, claro, por supuesto que sí, la ausencia de políticas públicas para frenar, disminuir, eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres…tenemos entonces una ociosa cantidad de servidores públicos e instituciones que no dan resultados, en el aparato legislativo, ejecutivo y judicial.
@jarquinedgar
