OAXACA, OAX., diciembre 9.‒A los 74 años de edad, el artista Francisco Toledo vuelve a las andanzas: a su oposición a la introducción del maíz transgénico al país, agrega su regreso a una vieja nueva lucha, el esclarecimiento y anulación del críptico contrato entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la cadena Hoteles Camino Real por el inmueble del ex convento de Catalina de Siena que ésta ocupa, al cual ahora se le destinaron para “restauración” más de 18 millones de pesos públicos federales; y suma su intervención a otra batalla: el rechazo rotundo a la construcción del Centro de Convenciones en el cerro del Fortín, Área Natural Protegida desde el año 2004.

Apoyado por el Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca A. C. (Pro-Oax), el pintor juchiteco se opone así a los intereses de transnacionales como Monsanto, Syngenta, DuPont y las mexicanas “diez hermanas del campo” ‒Bimbo, Herdez, Maseca‒; de la cadena hotelera de la familia Vázquez Raña y el gobierno federal; y de un proyecto de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE) de Oaxaca, que encabeza José Zorrilla de San Martín.

En carta enviada ayer a los medios, aunque con fecha del día 4 de diciembre, como respuesta a la invitación de conocer la “iniciativa de un Centro de Convenciones en la ciudad de Oaxaca” hecha por el titular de la STyDE, Pro-Oax responde:

“No al proyecto de Centro de Convenciones en el cerro del Fortín, porque creemos que el desarrollo de los pueblos no puede estar basado en la destrucción de su medio ambiente, porque la zona que pretenden utilizar es de los pocos espacios verdes que subsisten dentro de una mancha urbana apretada y sin control que está transformando esta capital en un lugar difícil de habitar y visitar”.

La asociación civil también pregunta al secretario José Zorrilla: “¿ya se le olvidaron los deslaves que implicó la construcción del libramiento del Fortín y el impacto que trajo en el medio ambiente y el paisaje de la ciudad ese hecho?”

Además, aclara que no se oponen a los impulsos que necesita la ciudad, siempre y cuando “estén bien razonados” y no se hagan “al precio que sea”, pues “el consumo de suelo y áreas verdes en una zona protegida abre las puertas a su destrucción paulatina”. Por lo mismo, Pro Oax sugiere enfáticamente respetar ese pulmón verde y buscar otro sitio: “entonces, tal vez nos sumemos al debate del proyecto”, indica.

Respecto al ex convento de Catalina de Siena, el asunto recobró visibilidad a partir de que el Congreso de la Unión autorizó invertir un presupuesto de 18 millones 729 mil 981 pesos para la “restauración” o “remodelación” del inmueble histórico que ocupa la cadena hotelera Camino Real.

Ante ello, Pro-Oax recuerda las irregularidades legales y la opacidad del caso: el cómo el entonces presidente Luis Echeverría decretó en 1974 el rescate del ex convento, lo restauró y lo destinó en fideicomiso a un hotel; y el cómo, después que en el sexenio de Miguel de la Madrid extinguiera aquél y, de acuerdo con la ley, el inmueble debería haber vuelto a su origen como “bien nacional”, no ocurrió así.

Ahora, remarca Pro-Oax, se han destinado más de 18 millones de pesos “para la restauración del sitio, en beneficio de una empresa hotelera y no de todos los mexicanos”.

De ahí que el organismo civil cuestione el que se aplique inversión pública a un edificio que hoy “usufructúa la cadena hotelera Camino Real.

“Desde que el gobierno federal entregó el ex convento en administración a esa cadena hotelera, los ciudadanos no sabemos cuánto le paga ésta al gobierno y a dónde se destinan y han destinado estos recursos durante décadas: a quién beneficia esta inversión de 18 millones 729 mil 981 pesos, que podría destinarse a fines públicos”.

En este marco, Pro-Oax pide “la anulación de la escritura que Fonatur tiene como propietario” [de dicho ex convento histórico], “rendición de cuentas de qué clase de contrato tiene celebrado” con la susodicha cadena hotelera: en particular, que se informe sobre “cuánto dinero recibe el gobierno federal por el contrato con aquélla y a dónde se destina”; así como “reivindicar al inmueble como bien nacional”.

A manera de respuesta, en aclaración fechada el 30 de noviembre y enviada al periódico electrónico “Periodismo de Paz/ Ciudadanía Express” por su nota “EPN desvía fondos públicos a familia Vásquez Raña para remodelar hotel”, el representante legal del Grupo Real Turismo S.A.B. de C.V., Gabriel López Ávila, expone que nadie del Grupo Empresarial Ángeles “ha recibido cantidad alguna, ni ha sido beneficiado por el gobierno federal y/o Fonatur con motivo de remodelación alguna” del hotel que ocupa el ex convento de Santa Catalina de Siena.

También que “Hoteles Camino Real tiene un contrato vigente de prestación de servicios, administración y asistencia técnica hotelera celebrado con Nacional Financiera, fiduciaria de Fonatur, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

Por ello, tomando en cuenta que Fonatur es el propietario del inmueble, aclara López Ávila, “todas las mejoras y remodelaciones, así como la contratación de proveedores y contratistas son responsabilidad” del mencionado organismo público.