OAXACA, OAX., febrero 3.- El ex vocero de la otrora Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio, afirmó que el gobernador Gabino Cué Monteagudo “está obligado históricamente a no politizar con fines electorales la Comisión de la Verdad que tiene como objetivo indagar a fondo los hechos que motivaron al ex mandatario Ulises Ruiz Ortiz a cometer graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto sociopolítico del 2006 y 2007.
Es que tras la reaparición en el Istmo de Tehuantepec del último ex mandatario priista volvió la polémica sobre su papel en esos años, así como en el mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) en momentos en que se definen los precandidatos a diputados federales para la elección intermedia del 7 de junio próximo y luego para la sucesión gubernamental estatal del 2016.
La Comisión de la Verdad, según su decretó de creación, deberá entregará un informe final antes del 15 de marzo de 2016, en el que consignará los elementos necesarios que garanticen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, además de las recomendaciones necesarias para que no vuelvan a ocurrir hechos como los que se vivieron en ese periodo en Oaxaca.
Por lo pronto, Flavio Sosa Villavicencio, el considerado preso político de los gobiernos de Ruiz Ortiz, estatal, y Felipe Calderón Hinojosa, federal, puntualizó que Cué Monteagudo “tiene una responsabilidad histórica que cumplir y allá él si no cumple porque está obligado a hacerlo”.
Tras la reaparición de Ruiz Ortiz se preguntó al líder social sobre el papel que deberá jugar la Comisión de la Verdad, integrada por la antropóloga Marina Patricia Jiménez Ramírez, el periodista Diego Enrique Osorno González y el sacerdote-defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde Guerra, quien encabeza al organismo autónomo.
IMPRESCRIPTIBLES, LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El ex preso político en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México, pidió investigar a Ruiz Ortiz ante señalamientos de todo tipo, pero especialmente los definidos como de “lesa humanidad”.
Explicó que los delitos de “lesa humanidad” son imprescriptibles y si se les prueba el Estado Mexicano tiene la obligación de castigar a Ulises Ruiz porque hay dos desaparecidos, más de 20 muertos, policías asesinados y gente que fue torturada.
“Si se prueba y hay elementos suficientes para demostrar los delitos, el Estado Mexicano debe de castigar para que no se vuelvan a presentar”, demandó.
Indicó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene criterios que establecen para qué sirve la verdad histórica.
En opinión del también ex diputado local del Partido del Trabajo (PT), el ex gobernador Ruiz Ortiz “sigue buscando impunidad, tratando de tener espacios de poder; tiene influencia en el PRI, tiene diputados federales, locales y sigue jugando en la perspectiva de tratar de cubrirse y está interesado en gozar de protección”.
“Tiene dos precandidatos a la gubernatura muy visibles, tratando de buscar impunidad porque Ruiz Ortiz es impresentable”, afirmó en clara referencia a los priistas Eviel Pérez Magaña y Samuel Gurrión Matías.
Por eso, Sosa Villavicencio insistió en “que la Comisión de la Verdad no sea un golpe mediático de Cué Monteagudo, en virtud de que los resultados que presentará ese organismo autónomo serán a finales del mes de marzo de 2016, en plena coyuntura de la sucesión gubernamental estatal”.
“No deben de ser un golpe mediático y electoral los resultados de la Comisión de la Verdad”, exigió.
Refirió que en distintos países del mundo los fallos de las Comisiones de la Verdad no son vinculantes, pero se presentan a la sociedad para que las instituciones actúen y se escoge a personas de solvencia moral indiscutible.
SOLALINDE, DIEGO Y MARINA
Enfático, el ex preso político del 2006 y 2007 demandó también que “ni que el padre Solalinde, ni la Antropóloga, ni Diego se presten a una jugada de tipo electoral”.
Reconoció que éstos “no responden a intereses de algún partido político o gobierno; ellos tienen plena autonomía; no creo que el padre Solalinde esté bajo la tutela o bajo la opinión política del propio gobernador, Gabino Cué Monteagudo; es un hombre libre que está alejado del poder”, opinó.
Dijo entonces que “dependerá de las instituciones del gobierno y del gobernador Gabino Cué Monteagudo, porque no ha castigado a los culpables”.
Criticó a la Fiscalía que indaga el conflicto del 2006, pues a su juicio “no ha hecho nada más que estar gastando presupuesto porque no ha sido capaz de castigar a los autores materiales e intelectuales”.
Lo mismo, afirmó, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha actuado ni investigado a sus propios elementos y mandos que desaparecieron.
Recordó que existe un falló de un Juez federal que establece que debe investigarse la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), porque hasta ahora la PGR y PGJE han sido omisas.
Adelantó que “ante el fallo que presente la Comisión de la Verdad, será responsabilidad de la PGR, PGJE y Gobierno del Estado si no actúan en consecuencia, pues caerá sobre su peso la vergüenza y responsabilidad histórica de castigar a los asesinos conocidos”.
Aclaró que si el gobernador Cué Monteagudo no actúa, “hay autoridades internacionales que pueden castigar a los responsables de la represión y desapariciones del 2006”.
Pero antes de que tenga que recurrirse a esto último, Flavio Sosa Villavicencio pidió dejar a la Comisión de la Verdad que hagan su trabajo y presente sus conclusiones.
