Vivimos tiempos de profundas tensiones. Por una parte entre una minoría que detenta los recursos económicos y dispone de las prerrogativas políticas para decidir el destino del dinero y, por otra, mayorías con necesidades apremiantes de subsistencia que se expresa en protestas de todo tipo, en sumisiones y en contradicciones.
En medio de tales tensiones observamos la crisis del sistema electoral, la corrupción de los partidos políticos y la subordinación de los gobernantes y legisladores. El panorama en su conjunto muestra la precariedad de una democracia que se ha quedado como mera añoranza.
En términos electorales caben preguntas ¿por quienes votamos? ¿esos por quienes votamos son capaces de revertir la condición de subordinación respecto a los dueños del dinero? o por el contrario ¿esos gobernantes y legisladores se alinearan a la lógica de voracidad y avaricia del poder económico? ¿qué sentido tiene votar por políticos que no entienden ni defienden la construcción de un sistema económico más justo para las mayorías?
En este entramado en donde pocos ganan y muchos pierden, tenemos la devaluación palpable de nuestra moneda y el anuncio de la Secretaria de Hacienda de un gran recorte al gasto en el 2016, porcentaje superior a la disminución que sufrió el presupuesto en la programación del 2015, recordando que el 30 de enero el gobierno de México anunció un recorte de 124 mil 300 millones de pesos en su gasto público para este año (La Jornada, 14/03/15).
En esta tendencia de recortes y ajustes hacia abajo, podemos leer el anuncio del Gobierno del Estado de Oaxaca de su “plan de austeridad”, con el recorte de 1 mil 500 millones de pesos en gastos de operación, que es atribuido al costo de las reformas estructurales, a las deudas heredadas por los gobiernos anteriores, y de pilón, a la costosa nómina del magisterio oaxaqueño (Noticias 12/03/15).
El “plan de austeridad”, con dedicatoria a los de abajo, advierte la desaparición e programas de bienestar y que “se reducirá el personal de las dependencias hasta que éstas cuenten con el personal indispensable, de tal manera que mientras unas harán recorte otras podría desaparecer”.
Seguramente, el peso de los recortes seguirá en los hombros de los cuadros medios y bajos de la burocracia, un potencial ejercito de subempleados y desempleados, quienes de por sí sobreviven con salarios miserables, mientras que los altos funcionarios seguirán recibiendo los beneficios de un sistema que muestra holgura y discrecionalidad arriba, mientas que aprieta tuercas y activa tijeras hacia mayorías que se siguen empobreciendo.
En el marco de ese anuncio de recortes, el responsable de las finanzas gubernamentales dijo que también es “consecuencia de la reforma electoral, porque el apoyo a partidos aumentó un 260%, pasando de 35 millones de pesos anuales, a un total de 126 millones de pesos, tan sólo en 2014, un año no electoral, por lo que se prevé que en los años con elecciones el gasto aumente… el Estado no puede darse el lujo de pagar una democracia de 300 millones de pesos” (sic).
El recordatorio de este funcionario coloca en la mesa nuevamente el eterno debate del ajuste económico en áreas de inversión social para grandes sectores de población y la continuidad y el fortalecimiento de los recursos para las élites privadas, del gobierno y los partidos, quienes se muestran en el cinismo de la opulencia, la frivolidad y el despilfarro. Arriba no hay recortes.
Así, tendríamos que insistir que el gran problema de nuestra llamada democracia se encuentra en la desigualdad económica, política y social. El avance o el retroceso de la democracia es equiparable a los beneficios en materia de social y económica.
Hace algunos días, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo mencionó que en su última medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH), Oaxaca es uno de los tres estados con menores niveles de desarrollo, semejante a la república africana de Botsuana.
El IDH es un indicador compuesto que resume los logros promedio en tres dimensiones fundamentales para el desarrollo humano: salud, educación e ingreso.
Se considera que el cumplimento o no de cada una de estas dimensiones representa una capacidad o incapacidad fundamental necesaria para que las personas puedan disfrutar de una vida que consideren valiosa (IDH para las entidades federativas, México 2015. Avance continuo, diferencias persistentes, PNUD).
En el régimen actual, no se admite la denuncia de los excesos de las élites y de sus alianzas; una muestra de ello la resiente el equipo de la periodista Carmen Aristegui en su diferendo con la empresa de medios MVS.
Este problema revela que en el caso del derecho a la información, necesario para la existencia de una ciudadanía crítica y participativa, como bien apunta la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), cuando podemos jactarnos de la apertura de espacios informativos, cuando avanzamos un paso, también corremos el riesgo de retroceder dos y regresar a los tiempos en donde no se aceptaban las mínimas críticas al poder político.
Mala señal para nuestra entrampada democracia.
*Investigador del IISUABJO
