En la jornada del 7 de junio están en disputa un total de mil 994 cargos de elección popular: 500 diputados federales, 598 diputados locales en 16 entidades, 9 gubernaturas y 887 ayuntamientos.

Las elecciones intermedias (federales o locales) son las menos participativas. En este año, por un lado la concurrencia de comicios federales y estatales en 16 entidades, podrían arrojar un incremento en la participación ciudadana.

Sin embargo, la crisis político-social más aguda del país alejará a un buen número de electores de las urnas y otros más acudirán decididos a anular su voto.

Por ello, y por las otras razones que esbozamos en seguida, el actual proceso electoral en curso ha dejado un sinnúmero de lecciones, las más acerca de los déficits democráticos que aún se tienen en México:

La ausencia de sensibilidad social, de crítica y autocrítica de quienes aspiran a los puestos de elección popular. Los dichos en los debates, frases de campaña, tuits de las y los candidatos son un pálido reflejo de su impreparación y desconocimiento de las necesidades, demandas y aspiraciones de a quienes desean representar.

Los distintos debates de los candidatos a diputados federales en Oaxaca, por ejemplo, mostraron por qué luego la incapacidad para legislar.

Salvo un par de excepciones (tal vez Martínez Neri, en el Distrito 8; Othón Cuevas en el 9) el común fue el desconocimiento de las tareas que habrán de realizar como legisladores; la visión de que un diputado es sólo un gestor, reproductor del pacto corporativo.

El debate entre los dirigentes de los partidos sólo corroboró ese divorcio entre la clase política y la sociedad. Frases huecas. Ahí no hubo quien se salvara. El mejor manejo discursivo de algunos, sólo servía para constatar la desfachatez para decir falsedades. Demagogia pura pues.

Lo más preocupante es que no son improvisados. Ocho de los candidatos a una curul federal, son diputados locales con licencia: Sergio Bello (PAN), Zonia López Cruz (PAN); Sergio López Sánchez (PRD); Javier César Barroso Sánchez (PAN); Gerardo García Henestroza (PAN) y Alejandra García Morlan (PAN); Edith Yolanda López Velasco, (PRI); Juanita Arcelia Cruz Cruz (PRD).

Y del resto de los candidatos, un buen número han sido diputados federales o locales, incluso en más de una ocasión: Cándido Coheto, Heliodoro Díaz, Sofía Castro y Antonio Amaro, del PRI; José Antonio Estefan (PRD); Juan Mendoza Reyes (PAN), Martín Vela (Panal), Humberto López Lena (Morena). Nuevamente, salvo alguna contada excepción, no han destacado por su trabajo legislativo.

Lo delicado del proceso es que se da justo en la más aguda crisis de credibilidad y debilidad de las instituciones: el crimen organizado, los yerros de las instituciones, la corrupción, la impunidad, la crisis económica, no son problemas existentes para las y los candidatos.

A lo más que llegan es a usar esos términos para denostar al adversario, pero no son capaces de construir respuestas sólidas y viables.

Ninguna propuesta legislativa; ninguna defensa de un proyecto político-ideológico. Nada que se parezca a tener un proyecto claro de nación. Sólo la corroboración cotidiana de lo insustancial de sus propuestas; sus limitaciones y el chip clientelar y corporativo en que se han formado.

Como diputados lo que ofrecen es gestionar obras y programas sociales. Nada que ver con el trabajo de crear leyes. Y apelan más que al convencimiento, a la compra y coacción del voto mediante el uso de programas sociales, despensas y otros productos dispuestos para el intercambio.

En el ámbito nacional, es paradigmático el caso del Partido Verde, empecinado en violentar la ley, lo hace de manera sistemática. Las multas que se le han impuesto hacen poca mella; es apenas una inversión que recuperarán con creces en los años subsecuentes, tanto de las prerrogativas que pueden incrementar en razón de más curules conquistadas y el aumento en su votación, como en constituirse en una bancada numerosa que permita negociar para aprobar o detener iniciativas legislativas. Al tiempo.

La aparición de la figura del candidato independiente, es apenas un respiro en este panorama. Y es que los requisitos establecidos para el registro, la hacen muy difícil de alcanzar y más de tener condiciones para presentar una competencia sólida.

Sin embargo, casos como el de “El Bronco”, en Nuevo León, muestran también la imperiosa necesidad de la sociedad de buscar válvulas de escape ante el descrédito de los partidos políticos y los excesos de los gobernantes.

El llamado al “voto nulo”, esto es acudir a las urnas, pero anular la boleta electoral, es otra llamada de atención a la clase política. O los políticos y los partidos dan un viraje y recuperan su esencia, o la crisis social y política se ahondará.

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