OAXACA, OAX., julio 28 (sucedióenoaxaca.com).- Las lenguas indígenas o nacionales, de las que se “enorgullece” Oaxaca en su Guelaguetza, suelen ser también una desgracia para quienes la conservan como su único idioma, si llegan a caer en prisión.
Al indígena mixteco Marcelino Mejía García el destino lo llevó a estar en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, y al día de hoy lleva seis años preso, de una condena de 30, por no hablar español.
En mayo de 2009, relata el abogado Gerardo Martínez Ortega, un policía, sin pruebas, acusó a Marcelino de homicidio calificado y de portación de arma sin licencia, tan sólo porque lo vio cerca del lugar del crimen.
En Pinotepa de Don Luis, Marcelino fue detenido en su domicilio por la policía municipal y entregado a los agentes estatales de investigación, quienes bajo tortura lo obligaron a auto incriminarse.
Tras un juicio repleto de irregularidades el Juez dictó una sentencia de 30 años de prisión, condena que purga en la cárcel de Santa Catarina Juquila desde 2009. Para entonces contaba con 29 años de edad.
Hoy, Marcelino tiene 35 años y con la intervención del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C. (Cepiadet) está peleando por su libertad de la mano del abogado Gerardo Martínez Ortega.
“Nosotros intervenimos en 2012. Revisamos el expediente y todo indica que se trata de un caso de racismo y violación a los derechos fundamentales, por lo que solicitamos un amparo”, comenta el coordinador del área jurídica de Cepiadet.
Marcelino no hablaba español, sólo mixteco. Lo acusaron de haber asesinado a Isaías López Gandarillas el 30 de mayo de 2009. De acuerdo con un policía municipal que fungió como testigo, el inculpado llevaba dos armas, por si acaso le fallaba una. Bajo tortura, con toques en los testículos y amenazas contra su familia, se declaró culpable.
Jamás tuvo un abogado, ni un intérprete; no sabía hablar español y menos leer ni escribir. “Se violó su derecho a la no auto incriminación, se violó su derecho a asignarle un intérprete o traductor, nunca le designaron un defensor con conocimiento de su lengua y su cultura”, explica el abogado Martínez Ortega.
Argumenta que puede advertirse que se trata también de un caso de racismo, como abundan en México, dado que muchos indígenas tienen pocos elementos para defenderse y son presa fácil para fincarles responsabilidades.
Durante los tres primeros años en prisión Marcelino aprendió a hablar español, y aprendió a leer y escribir. Fue hasta entonces cuando cobró conciencia de las irregularidades de su aprehensión y de su juicio.
Gerardo Martínez dice que no se sabe cuántos Marcelinos existen en los juzgados, pero sin duda, enfatiza, es un caso que ilustra cómo los cuerpos policiacos fabrican culpables y cómo se imparte justicia en Oaxaca a los indiciados indígenas.
A fin de recuperar la libertad del preso mixteco, el litigante solicitó un amparo después de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó los 30 años de sentencia que le había impuesto el Juez Mixto de Pinotepa Nacional.
“Estamos optimistas de que el amparo nos favorezca con los criterios de la Suprema Corte sobre tortura que señala que se trata de un efecto corruptor que invalida todo el proceso y obligaría al juez a dejar en libertad a Marcelino”, indica.
Confía porque, apunta, hace poco la Suprema Corte resolvió el caso de Alfonso Martín del Campo, similar al de Marcelino, y estableció que las confesiones bajo tortura generan un efecto corruptor que obliga a invalidar todo el proceso y se debe otorgar la libertad inmediata.
“De la mano con el tema de la tortura, esperamos que con el amparo reafirmen los criterios que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido respecto de la obligación de las autoridades de designarle al indígena un intérprete y defensor con conocimiento de su lengua y cultura”, amparo que posiblemente se resuelva en agosto, concluye.
