SANTA María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, agosto 16.- Mentira. No es cierto. Los policías federales y estatales que el fin de semana irrumpieron de forma violenta en esta comunidad de la región Mixteca, no lo hicieron de manera ordenada, de acuerdo con la ley, sino violentando los derechos humanos de la comunidad y extorsionando.
Así lo explica en un comunicado la autoridad de la Agencia Municipal de Santa María Yucunicoco, contrario a la versión del nuevo Fiscal General del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, quien argumenta que “los elementos cumplían con su misión al realizar operativos de detección de vehículos robados”, por lo que hasta exigió respeto a sus garantías individuales.
Aquí van las dos versiones. Primero la de las autoridades y pobladores. Luego la emitida por el fiscal Carrillo Ruiz:
Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.
Lic. Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Fiscal General del Estado.
Lic. Adelfo Regino Montes, Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca
C.Víctor Alonso Altamirano, Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca.
Lic. Arturo de Jesús Peimbert Calvo, Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
A todas las distintas Organizaciones y Asociaciones que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos, en especial de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Los suscribimos integrantes de la Agencia Municipal de Santa María Yucunicoco, perteneciente al municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca, así como ciudadanas y ciudadanos del lugar, en relación a los hechos ocurridos el día de ayer (viernes) 14 de agosto del año en curso (2015), donde fueron detenidos personas, presuntamente pertenecientes a diversas corporaciones policiacas, informamos y precisamos lo siguiente:
1.- Efectivamente, el día de ayer viernes 14 de agosto de 2015, siendo aproximadamente las nueve horas, de manera furtiva, en una patrulla de la policía federal y en cuatro camionetas particulares (tres de marca Ford lobo y una pick up) sin ningún tipo de rotulo o logo de alguna institución policiaca, arribaron cerca de 50 personas fuertemente armadas a la Agencia Municipal.
Estando en la población al bordo de las unidades de motor, se dedicaron en un principio a recorrer las calles de la población; después, sin ninguna autorización, se introdujeron en diversas domicilios particulares; además, quisieron llevarse varios vehículos de procedencia extranjera con el pretexto de que la documentación respectiva no estaba en regla o por no estar actualizados en el pago de sus impuestos, incluso, donde pudieron exigieron y lograron el pago la cantidad de $3,000 (tres mil pesos) para devolver las unidades de motor.
2.- Eso naturalmente que causó la molestia e irritación de los habitantes que lo comunicaron a la autoridad municipal quien, con el apoyo de la misma población, procedió a requerirles que acreditaran y explicaran los motivos de su estancia en el lugar; sin embargo, dichas personas se negaron y tampoco quisieron identificarse, mucho menos mostraron alguna orden de cateo, orden de aprehensión, detención o arresto, oficios de comisión o de investigación.
Es decir, las personas de referencia no contaban con ningún mandamiento escrito de autoridad judicial o administrativa, ni algún mandamiento escrito que justificara su presencia en nuestra comunidad, por el contrario, se encontraban realizando actos que, por una parte son considerados faltas sancionados por el sistema de justicia de la comunidad, y por otra parte, también son constitutivos de delitos como robo de vehículos, extorsión y allanamiento de morada, o en su caso, abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública.
3.- En razón de ello fueron detenidos, aproximadamente a las 15:00 horas y trasladados a la Agencia Municipal, un total de 18 personas (17 hombres y una mujer) que responden a los nombres de Nelson González Rojas, William Cerqueda Betanzos, Lázaro Douglas Félix, José Juan Sierra Santos, Alejandro Ordaz Acosta, Miguel Ángel Ordaz Carrasco, Oscar Casiano Santos, Severiano Santiago Almazar, Cristóbal Salas Estrada, Alejandro Martínez Morales, Roberto García Guerrero, Sabino Ruiz, Ariana Cruz Urbieta y César Zárate Manriquez. En tanto, la comunidad no pudo detener a dos vehículos particulares marca Ford lobo donde viajaban cerca de unas 30 personas.
4.- Posteriormente, se presentaron a la población 2 personas del sexo masculino quienes tampoco quisieron identificarse con documentación oficial pero al parecer pertenecen a la Fiscalía de Huajuapan de León, Oaxaca, que de forma prepotente y altanera exigieron la liberación de los 18 detenidos, por lo cual, se ordenó también su detención.
Ya después, estas dos personas reconocieron finalmente que los 18 detenidos, y los que lograron escapar del lugar, no actuaban con base a un mandamiento escrito, ni estaban comisionados en el lugar.
Cabe precisar que actualmente se encuentran detenidos un total de 20 personas en cárcel municipal de Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, donde han recibido sus respectivos alimentos, buen trato y en todo momento sus derechos humanos son respetados.
5.- Esta situación no es la primera vez que ocurre y ello nos preocupa porque la incursión policíaca en los términos narrados viola flagrantemente nuestros derechos humanos, máxime que al ser una comunidad indígena mixteca que se rige bajo un sistema normativo propio, tenemos instituciones que deben respetarse.
Entonces, ninguna persona, institución o autoridad puede introducirse a nuestra población sin el conocimiento o sin estar al menos coordinados con la autoridad comunitaria, por ello, la asamblea general juzgara en próximas horas a personas detenidas por los hechos cometidos, o en su defecto determinara su destino, precisamente porque no se encuentra justificada su presencia o el actuar de dichos elementos policiacos, es decir, su presencia no obedece a ninguna investigación policial que se encuentre en curso y tampoco acudieron al lugar para ejecutar algún mandamiento judicial o ministerial.
6.- En este sentido, causa sorpresa para la comunidad enterarse que en algunos medios de comunicación se esté difundiendo que los elementos policiacos resguardaban a los pagadores del programa Prospera, ello no es así, sólo estaba programado el pago de los beneficiarios del programa “Plenitud 65 y más” pero aquí los pagadores llegaron con el resguardo de la Policía Estatal.
Como lo tenemos mencionado, los elementos policiacos arribaron a la comunidad solos e inmediatamente empezaron a recorrer la comunidad, así como a introducirse en diversos domicilios y pretender llevarse varios vehículos de procedencia extranjera supuestamente por no contar con la documentación en regla o por no estar actualizados en el pago de sus impuestos, y extorsionando a los habitantes.
Además, siguen aún detenidos en la comunidad y nadie ha sido liberado.
7.- La actuación de la autoridad al ordenar la detención, no retención ni secuestro, de los elementos policiacos se encuentra amparada por el marco normativo constitucional y convencional que protege el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ejercer su jurisdicción para sancionar hechos que violen derechos de sus habitantes como el narrado, hasta el momento hemos sido respetuosos de los derechos humanos de las personas detenidas.
Por lo tanto, hacemos un llamado a todas las instituciones estatales y federales de seguridad pública, de procuración y administración de justicia, a iniciar un proceso de diálogo respetuoso en el que encontremos puntos de coincidencia para trabajar coordinadamente, ya que acciones como la ocurrida demuestran el poco respeto o el menosprecio que se tiene hacia los pueblos y comunidades indígenas, que también tiene sus propias instituciones, normas y procedimientos.
8.- Por otra parte, hacemos un llamado a las instituciones públicas y organismos civiles que trabajan en el tema de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas a estar pendientes de este proceso por la que atraviesa nuestra comunidad y que, de esta forma, no se siga estigmatizando a las comunidades como las principales violadoras de derechos humanos cuando que lo único que hacemos es justamente ejercer nuestros derechos en un marco de respeto, cuestión que no encontramos del lado de las instituciones públicas.
Lo único que pedimos es el respeto a nuestras instituciones y autoridades, por ello, abogamos a una pronta solución de esta problemática que aqueja a la zona mixteca de Yucunicoco.
ATENTAMENTE
La autoridad Municipal de Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, así como ciudadanas y ciudadanos del lugar
NOTA: Por cualquier información adicional, comunicarse al teléfono de la agencia municipal 01-953-4884000.
LOGRA EL FISCAL CARRILLO RUIZ LA ENTREGA DE LOS POLICÍAS RETENIDOS
+ Los elementos cumplían con su misión, realizaban operativos de detección de vehículos robados, dijo y exigió respeto a sus garantías
Tras el acuerdo comprometido con el Fiscal General del Estado, Joaquín Carrillo Ruíz, quien en la víspera viajó a la región de la Mixteca a dialogar con representantes y vecinos de Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, el Municipio cumplió y alrededor de las dos de la mañana de este domingo 16 de agosto de 2015, liberó a los 13 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) –instancia perteneciente a la Fiscalía General–, que mantuvieron retenidos a partir del pasado viernes 14, junto con seis elementos de la Policía Federal (PF).
Reunidos en un espacio abierto del Barrio San Pedro, Tlaxiaco, el Fiscal encabezó este sábado 15 del actual la comisión de diálogo en la que participó el Coordinador Regional en la Mixteca de la Secretaría General de Gobierno, Tomas Acevedo Rosas; la Coordinadora Regional del Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado (Coplade) Hita Ortiz Silva, y otros representantes de ambas instancias así como de la Policía Federal.
Carrillo Ruíz escuchó el planteamiento de los representantes de Yucunicoco; enseguida las partes acordaron acciones de prevención y capacitación contra el delito para los Municipios Mixtecos, la incidencia delictiva afecta en toda la entidad y en esta región se requiere reforzar acciones contra la inseguridad dijo el Fiscal a su regreso, por lo que la institución acordó con los convocantes, el posterior regreso de personal capacitado en materia de seguridad y justicia para hacer juntos un frente común contra el delito.
Hizo saber que se investigará lo necesario para deslindar responsabilidades en el hecho que originó la retención de los uniformados, pero subrayó ante la comisión presente que “sus elementos investigadores no pasaban casuísticamente por el lugar; cumplían con su deber al realizar en la zona recorridos de seguridad y vigilancia en busca de vehículos con reporte de robo, cuando fueron retenidos” (sic).
Pese a lo anterior, enfatizo que la Fiscalía se debe al cumplimiento de lo que establece la ley y tiene por tanto el deber y obligación de garantizar que su personal se conduzca con apego a derecho, sin violentar las garantías constitucionales de nadie, pero garantizando a la vez los derechos de sus elementos, quienes en este caso actuaban respecto a funciones específicas contra el robo de vehículos.
