Entre el exabrupto discursivo de Andrés Manuel López Obrador y la práctica política de partidos y legisladores hay una coincidencia brutal. El primero las manda al diablo al considerar que están “al servicio de la mafia en el poder”. Los segundos se esfuerzan en demostrar que es cierto y mandan al diablo los esfuerzos de institucionalidad construido por años en aras de sus intereses facciosos.
Aunque es necesario observar los matices. Coexisten servidores públicos que, con grandes dificultades cumplen con sus obligaciones con la ciudadanía. Pero, entre los cada vez mayores obstáculos se topan con decisiones que debilitan la institucionalidad al ponerla al servicio de camarillas, de facciones, de personajes minúsculos que en el círculo vicioso en que se ha convertido la competencia electoral llegan a esos espacios de poder temporal y buscan obtener, en el menor tiempo, el mayor provecho económico y en prebendas que sea posible.
Así vemos cómo van destrozado instituciones. Un diagnóstico del Instituto de Estudios de la Transición Democrática lo devela descarnadamente: el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa “desvaneció el mito de un Estado fuerte y unificado: la evidencia de unos partidos y una administración pública, allá al servicio de los delincuentes, aquí, inconexa, sin reflejos, enajenada por su propia retórica y por la imagen que se ha construido de sí misma. Todo ello dibuja un cuadro inquietante de una clase dirigente y un Estado debilitados, muy atrás del país real y muy lejos de entender y encarar la gravedad de los hechos en Iguala” (México, las ruinas del futuro. http://www.nexos.com.mx/?p=23289).
Pero, para llegar a los extremos de Iguala hubo un acelerado derrumbe de las instituciones. Paso a paso fueron enquistándose en ellas prácticas antidemocráticas, corrupción, hasta acabar al servicio de la delincuencia. Por ello es necesario alertar de los constantes intentos de continuar en esta vía, y no sólo en los organismos que tienen que ver con la seguridad del Estado o la procuración de justicia.
Los ejemplos recientes son múltiples. El caso del Instituto Federal Electoral que de constituir la institución con mayor credibilidad para la sociedad mexicana (entre 2000 y 2003, estaba por encima de la Iglesia católica y del Ejército) ha venido mermada su confianza luego del reparto de cuotas partidistas en la integración de su órgano directivo.
En la alternancia en el poder presidencial, la clase política no estuvo a la altura de los retos a enfrentar y prefirió estancarse en el reparto de las prebendas y recursos del poder.
Oaxaca no escapa a esa historia. Tras la docena trágica de los ex gobernadores José Murat y Ulises Ruiz, en que la corrupción y autoritarismo se convirtió en política estatal, los protagonistas de la alternancia lejos han estado de revertir esos procesos, sino por el contrario en muchos casos agudizan la descomposición.
Hay múltiples ejemplos. En la coyuntura actual se puede reflejar en dos temas cruciales para la calidad democrática: el nombramiento de los comisionados del órgano de transparencia y de los consejeros de ese dislate jurídico que es el “Consejo Estatal de Sistemas Electorales Indígenas”.
En uno y otro se empeñan en partidizarlos. No hay perfiles que correspondan con las tareas a realizar. Es la colocación de miembros del mismo clan para que sigan la misma lógica: coloquen a militantes y familiares en la nómina; capitalicen políticamente y se capitalicen con los conflictos municipales; promuevan administradores municipales.
La injerencia de los partidos políticos en los municipios de sistemas normativos, prohibida por la ley, está garantizada en la práctica. En el Consejo indígena el mensaje no puede ser más claro. El nuevo consejo se integra por un exdiputado local del PAN, que hace apenas un par de meses contendía como candidato a diputado federal y ha ocupado puestos en la dirigencia de ese partido. Por el PRD, para mostrar que hay equidad de género y no sólo los varones colocan a sus esposas en los puestos que se reparten, tocó a la diputada local Vilma Martínez imponer al suyo: Raciel Cabrera. Y el PRI impuso a un asesor de diputadas de esa fracción: Jorge López Carreño. Y en el acuerdo, al PRD le corresponderá la Secretaría Técnica.
Y en el órgano de transparencia, cuya integración se difirió, no es sino otra cara de la misma moneda. El desacuerdo proviene de que no puede estar integrado por tres comisionados del mismo género. Y PAN, PRI y PRD inscribieron sólo a sus personeros varones; los partidos se echan la bolita entre sí para designar a la mujer que lo integre, todos se resisten pues olvidaron postular mujeres afines. Al final se lo repartirán de nuevo entre cuotas.
En este acelerado proceso de descomposición, la buena nueva es que un grupo de diputados y diputadas se resiste a continuar con la farsa legislativa.
DE SALIDA: Por si estaban con el pendiente: el pasado miércoles 26 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó (SUP JRC-523/2015) la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (JDC 70/2014) que concedía una indemnización a dos exconsejeros electorales, quien esto suscribe y Juan Pablo Morales. Como señalé en su oportunidad (Reforma electoral y derechos fundamentales www.e-oaxaca.mx/reforma-electoral-y-derechos-fundamentales/ y Organismos autónomos y soberanías estatales www.e-oaxaca.mx/los-pendientes-de-la-reforma-electoral-iv/) el fin de los juicios de protección a los derechos del ciudadano interpuestos no era obtener recursos económicos (de hecho, como también señalé, había un compromiso para su donación a actividades de la sociedad civil) sino era el medio para buscar la institucionalización de los organismos autónomos que están sujetos a las veleidades e intereses de la clase política; por tanto revisaremos la ruta jurídica a seguir.
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