OAXACA, OAX., octubre 6.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto número 1,290 mediante el cual la LXII Legislatura del Estado aprobó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO) y con ello la declaró inconstitucional por ser aprobada en un proceso legislativo viciado, desaseado, con violaciones graves en el procedimiento y transgresiones a los principios de legalidad y democracia deliberativa.
En su ponencia, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, argumentó que no hay constancia de las respectivas convocatorias a la Sesión Extraordinaria del 9 de julio, tampoco existen constancias de que se haya repartido el dictamen del proyecto de ley a los integrantes del Congreso del Estado previo a la sesión o durante la misma.
Y ante la inconformidad de un grupo de diputados del PRI por la falta de entrega de dictamen y el desorden generalizado (golpes, empellones y lanzamiento de gas lacrimógeno en el interior del recinto legislativo) se decidió cambiar el lugar para llevar a cabo la sesión en una sala de juntas de un partido político (PRD) de manera inmediata.
Indicó que sin solventar la inconformidad de los diputados del PRI y sin entregar el dictamen, se dio inicio a la sesión en la sala de juntas del PRD con la presencia de 23 diputados de los cuarenta y uno que antes se encontraban en el Salón de Plenos del Congreso.
“Consecuentemente, de todas estas violaciones se advierte que la Mesa Directiva (Leslie Jiménez Valencia) canceló todas las causas que permiten tanto a las mayorías como a las minorías expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública en consideraciones de libertad e igualdad”.
En la sesión pública se provocó una violación directa a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal; por lo tanto, se propuso declarar inconstitucional la totalidad del decreto reclamado, acotó Gutiérrez Ortiz Mena.
El ministro Zaldívar Lelo De Larrea refirió las violaciones al procedimiento legislativo, y para la ministra Luna Ramos las violaciones procesales son violaciones indirectas a la Constitución.
Así, los ministros de la SCJN declararon inconstitucionalidad en los recursos sentados en los expedientes, 53/2015 y 61/2015; 62/2015 y parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 57/2015.
También declararon la invalidez de los artículos 25, apartado B, fracción II, párrafo tercero, y fracción XIV; 35, cuarto párrafo, en la porción normativa que indica “la fiscal o el fiscal general del estado de Oaxaca así como los fiscales especiales” y en la porción normativa que dice “las magistradas y magistrados”; y, 68, fracción I, en la porción normativa que dice “o vecino con residencia efectiva no menor de tres años inmediatamente anteriores al día de los comicios”.
Fue la noche del pasado 9 de julio cuando tras un zafarrancho verbal, la toma de la tribuna a golpes, lanzamiento de gas pimienta y gas de extintores por parte de diputados del PRI a sus homólogos del PAN, PRD, PT, MC, PSD y PUP, la LXII Legislatura aprobó las leyes secundarias de la reforma electoral y definió las reglas de para la elección gubernamental del 2016.
Minutos antes de vencerse al plazo legal establecido, la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Leslie Jiménez Valencia, intentó instalar la sesión extraordinaria del pleno para aprobar las leyes secundarias.
Sin embargo ya estaban listas las diputadas y diputados del PRI: María Luisa Matus Fuentes, Rosalía Palma, Lilia Mendoza Cruz, Adolfo García y Fredy Gil Pineda Gopar, quienes a golpes y empellones impedían a Jiménez Valencia realizar el pase de lista.
Y es que los priistas se negaban a aprobar el dictamen de las leyes secundarias porque no se habían considerado sus pretensiones de dar excesivas facultades al director del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, poner candados a la facultad de las asambleas y que no pudieran revocar anticipadamente los mandatos de los ediles y bajar el porcentaje requerido del padrón electoral para ser candidato independiente.
Los priistas en esta ocasión intentaron remendar con violencia los descuidos electorales que ellos mismos aprobaron por dar prioridad a la reducción a tres años en el requisito de residencia para ser gobernador o gobernadora del estado, durante la ya aprobada reforma política-electoral.
La orden fue dada por el coordinador priista, Alejandro Avilés Álvarez.
Cuando la presidenta de la mesa directiva intentó pasar lista, las priistas María Luisa Matus Fuentes, Rosalía Palma y Lilia Mendoza Cruz, así como los diputados Adolfo García y Fredy Gil Pineda Gopar, la empujaban manoteaban, golpearon y arrebataron el micrófono. Los priistas pedían a gritos conocer el dictamen de forma física, pese a que ya lo tenían en formato electrónico.
Pineda Gopar arrancó violentamente los cables de los micrófonos, mientras Matus Fuentes arremetía a golpes y empellones contra Jiménez Valencia. La Presidenta de la Mesa Directiva fue arropada por la panista Zonia López, las perredistas,Vilma Martínez Cortés e Iraís González Melo.
Sin embargo, Matus Fuentes y Lilia Mendoza insistieron en sus golpes y empellones a la presidenta de la mesa.
Para reventar la sesión, Pineda Gopar intentó tirar la mesa, simultáneamente sus empleados accionaron un extintor y lanzaron el gas al interior del salón de sesiones provocando la huida hasta de las mismas diputadas del PRI.
Lo anterior provocó que los coalicionistas abandonaran el salón de sesiones y se enfilaran a sus oficinas, algunos se quedaron en la explanada de la sede del Congreso, en espera de nuevas instrucciones.
Instantes después los diputados del PAN, PRD, PT, MC, PSD y PUP se congregaron en el Salón de Juntas de la bancada del PRD y ahí aprobaron con 23 votos a favor, en menos de 5 minutos, las leyes secundarias de la reforma electoral dejando fuera las pretensiones del PRI.
