En la última década, año tras año, los gobiernos en turno se ufanan en haber logrado un “presupuesto histórico para Oaxaca”. 85 mil millones de pesos son anunciados para el 2016.
Un importante salto cuantitativo y cualitativo en el actual sexenio. En 2011, en el primer año del gobierno de Gabino Cué se asignaron a la entidad 58 mil millones de pesos, una diferencia de 27 mil millones, casi un 32 por ciento.
Pero algo no checa. Mientras los recursos que recibe Oaxaca ascienden, la deuda pública crece exponencialmente y mayores son las quejas de servidores públicos de todos los niveles de que “no hay dinero ni para viáticos”.
Incluso, en una no tan reciente reunión del gabinete legal y ampliado, la instrucción fue de ir cerrando el ejercicio ¡sexenal! “Nada de nuevas acciones, programas o proyectos. Busque concluir lo iniciado, si se puede”, palabras más, palabras menos, fue el mensaje.
Mientras eso ocurre, vemos que en otras áreas se dilapida dinero. Millonarios recursos se destinaron al controvertido proyecto del centro de convenciones; otros millones a su consulta. Todo para que al final se decidiera realizarlo en otro lugar.
Desde el gobierno, por supuesto, se manifiesta que cada peso es gastado de acuerdo a las necesidades y que la deuda pública es para proyectos prioritarios y específicos, el problema es que no se mencionan cuáles son.
En contraparte hay cada vez más pobres, déficits en servicios de salud, educativos, etcétera. Y la obra pública no aparece, si bien hay obras en proceso: el complejo deportivo, la ciudad de los archivos, el estadio de futbol, por ejemplo.
El Magisterio como el –fantasmal o real— destinatario de los faltantes en el presupuesto de egresos, o de la creciente deuda pública ha desparecido.
Con el “nuevo IEEPO” todo está controlado. La Federación se ha hecho cargo de la nómina e, incluso, hay ahorros con los descuentos que realizan a los maestros paristas/faltantes.
Las cada vez mayores cantidades de recursos públicos en circulación, tanto en el ámbito federal, como en los estatales, contrastado con el fracaso de la política social y también en otros rubros, nos hablan de un problema estructural en México: la ausencia de transparencia y rendición de cuentas; y de la corrupción que deriva de ésta.
María Amparo Casar (Corrupción: Enemigo público #1) nos señala cinco características de la corrupción:
1.- Es multicausal y tiene componentes culturales e individuales como institucionales: dentro del sistema de valores y creencias la cultura de la legalidad no ha sido apreciada, internalizada, socializada y premiada; hay una baja calidad de las instituciones y los marcos normativos y regulatorios.
2.- La corrupción no es un destino manifiesto. El movimiento ascendente y descendente de los países en los diversos indicadores que miden la corrupción muestra que las causas que la incentivan o la inhiben pueden modificarse.
3.- La corrupción no es un problema exclusivo del sector público.
4.- La corrupción no es ni única ni fundamentalmente un problema de ética individual o de ética pública y acarrea más costos que beneficios: en lo económico frena la inversión, la productividad, la competencia, la competitividad y el crecimiento. En lo político, violenta el funcionamiento de la democracia, deteriora la credibilidad de sus instituciones y provoca desconfianza en sus autoridades En lo social disminuye el bienestar, menoscaba la calidad de los servicios públicos, incrementa la seguridad y profundiza la desigualdad.
5.- La corrupción está hecha de un conjunto de eslabones que llevan a un círculo vicioso. Su combate requiere encadenar un conjunto de acciones que permitan prevenir, monitorear, investigar y sancionar los actos de corrupción.
De ahí también la exigencia de organismos, de la academia y la sociedad civil de hacer un punto de inflexión en la manera en que se distribuyen y se aplican los recursos en México.
Recientemente, distintas organizaciones agrupadas en Acción Ciudadana Frente contra la Pobreza presentaron al Congreso de la Unión seis propuestas para cambiar ese círculo vicioso (http://frentealapobreza.mx/wp-content/uploads/2015/03/Seis-propuestas-a-Diputados-final-con-logos.pdf):
1.- Padrón y datos abiertos para trascender los enfoques clientelistas y el uso electoral de los programas sociales, el primer paso es generar información transparente del destino de los recursos de los programas y dar el paso definitivo para contar con un padrón único, nacional, de beneficiarios como lo establece la Ley General de Desarrollo Social.
2.- Liberar el salario mínimo y cambiar la forma en que se decreta cada año: desindexar y fijarlo por encima de los $86.40 que es la línea de pobreza fijada por CONEVAL.
3.- Invertir la ganancia cambiaria en lugar de destinarlo al pago anticipado de deuda.
4.- Reducir privilegios de actores políticos y destinar esos recursos a programas de impacto social.
5.- Garantizar el derecho a la salud para todos (universal).
6.- Concluir el ciclo de reformas destinadas a combatir la corrupción.
En Oaxaca, en el último año de gobierno, ¿se continuará por la ruta de la opacidad o se realizará una apertura real del actuar gubernamental? La regla en México parece ser: a mayores recursos, mayor opacidad, ¿habrá decisión para cambiarla?
Justo cuando se inicia el último tramo del mandato, aun cuando en la política mexicana es el de menor fuerza para el gobernante y es también el año de Hidalgo, del tradicional saqueo para asegurar el futuro de los funcionarios, decidir transparentar, rendir cuentas y poner un alto a la impunidad, podría constituirse en la diferencia efectiva de un gobierno que aseguró sería “del cambio”.
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