Ante los vacíos y ausencias del estado de derecho cobra relevancia la iniciativa de diversas organizaciones civiles “Defensoras de derechos humanos en la mira: desafíos para su protección integral en Oaxaca”, presentado recientemente y disposición libre en internet. El informe pone en evidencia violaciones a los derechos humanos, pero además el acoso y la persecución de quienes han asumido la defensa civil, y el riesgo más grave que viven las defensoras.
Una de las obligaciones primordiales y razón de ser del estado es garantizar la integridad y seguridad de sus miembros. Sin embargo en México esta cuestión ha quedado en el vacío ante el aumento de la inseguridad y de la violencia en medio de la crisis de las instancias estatales encargadas de su atención en los distintos ámbitos de gobierno, y particularmente, de los agentes de ministerio público, de los jueces y de los policías.
La violencia tiene expresiones extremas en miles de asesinatos y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios y abusos de diversa índole que han aumentado a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. El saldo de “victimas por daños colaterales” es impreciso.
Esta guerra del gobierno mexicano ha sido la justificación oficial privilegiada para la militarización y reforzamiento policiaco de varias regiones del país, en las cuales todo ha tenido cabida y tratamiento similar, desde los actos delincuenciales hasta la disidencia política y el activismo a favor de los derechos humanos. Los penales de alta seguridad lo mismo albergan a capos de la mafia que a líderes políticos, así como a quienes han levantado la voz por la defensa de sus derechos.
La violación de derechos humanos debido a la persecución estatal y delincuencial cobra relevancia particular hacia los movimientos sociales, activistas, periodistas independientes e instancias civiles defensoras de los derechos humanos, que denuncian múltiples arbitrariedades que se cometen al amparo de los poderes instituidos así como de la criminalización de la protesta social.
La situación de violencia alcanza a muchas y muchos ciudadanos comunes y corrientes que han sido detenidos, asesinados o desaparecidos por equivocación o por el despliegue indiscriminado de la fuerza y de la violencia por partes de distintos actores con poder económico y político.
La criminalidad, lejos de dilucidarse y fincar responsabilidades a los ejecutores, como debería corresponder a un pleno estado de derecho, se encubre en maniobras ambiguas que van de la torpeza a la brutalidad en donde se busca la culpabilidad entre las propias víctimas.
Una de las expresiones más extremas de este ambiente de descomposición política y social es la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrido el 26 de septiembre de 2014, la cual ha provocado manifestaciones de protesta en diferentes lugares del país y del mundo, así como de la solidaridad con los padres y familiares de los jóvenes desaparecidos. Quince meses después la esperada verdad y justicia siguen en el aire.
Las exigencias sociales de justicia, de la presentación con vida de los desaparecidos y la reparación de daños, ocurren en un ambiente de frivolidades escandalosas de las élites gobernantes, de banalización de las tragedias ante la exhibición de mansiones millonarias, la corrupción y el cinismo, que configuran la percepción ampliamente generalizada sobre la persistencia de la impunidad, en donde se castiga a los pobres, excluidos y delincuentes menores, mientras que los ricos y poderosos permanecen sin castigo.
Así observamos la desarticulación del estado de derecho y de la crisis de la legalidad y por la otra, la recomposición del autoritarismo mexicano bajo la fachada de una democracia ficticia, que beneficia a unos cuantos y margina a las mayorías, de una legalidad selectiva por cuestiones de clase, pero también por razones de género.
En medio de este clima de crisis de las instancias estatales y de profunda desconfianza ciudadana hacia los cuerpos de seguridad pública resulta relevante el trabajo que se ha venido haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil, que aun cuando no cubren los vacíos del estado, muestran un trabajo organizativo importante y necesario en la defensa de los derechos individuales y colectivos, en la recuperación de la legalidad y en la visibilización de las diferentes formas de la violencia, particularmente las que sufren las mujeres.
Por todo ello es necesario el fortalecimiento del trabajo que realizan los defensores, y particularmente, las defensoras de derechos humanos por hacer valer los derechos de todas y todos a una vida digna, sin ningún tipo de discriminación. Oaxaca merece una sociedad civil fuerte y habilitada para enfrentar y emprender alternativas a las distintas expresiones de violencia.
Investigador del IISUABJO.
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