MUJERES Y POLÍTICA

El principal problema de la violencia en general, pero en específico de género contra las mujeres, es la impunidad. Ese es el principal enemigo.

En febrero pasado se dio a conocer el Índice Global de Impunidad en México, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, que revela que sólo el uno por ciento de los delitos en México es castigado.

“La impunidad –dice el estudio– es la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos los culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

Cito el dato más interesante y hasta vergonzoso que revela esta medición IGI 2015 (Índice Global de Impunidad): México ocupa el lugar 58 de 59 países con más altos índices de impunidad, sólo superado por Filipinas. La cifra es de 75.7, muy similar al caso de Colombia.

¿Qué relación tiene con la violencia de género contra las mujeres? Toda la relación. No sólo porque vivimos en una sociedad que cree fervorosamente que la violencia contra las mujeres es normal, más aún lo es para las autoridades que procuran y para las que imparten justicia.

En 2015, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exigía la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en entidades como Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán y Baja California.

Este año el llamado se hizo para otras entidades, en Veracruz hay una investigación en curso que de no quieren que salga. También es un hecho en el Estado de México, Morelos y Jalisco.

Si consideramos la violencia contra las mujeres y vemos el índice de impunidad, observaremos que existe una relación directa que nos da elementos para confirmar la preocupación de las feministas que demandan atención real y efectiva al fenómeno de la violencia contra la mujeres y, específicamente, el feminicidio.

Un llamado que se extiende por todo el país y que hacen desde hace varios años organizaciones diversas. Un movimiento amplio de mujeres y feministas.

El estudio de referencia divide en cinco categorías “el gado de impunidad”: bajo, medio, alto, muy alta y atípica. El índice de impunidad en las entidades de México varia entre el 47.22 que tiene Campeche, es el más bajo, y el 76.61, el más alto, que posee Quintana Roo.

Con la pertinente aclaración que hacen quienes hicieron la investigación al considerar que en Michoacán la impunidad es atípica, ya que “considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y restructuración que ha sufrido los últimos años, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado, lo cual se explica en parte porque el IGI-MEX no incluye variables que capturen la problemática de inseguridad pública y corrupción que se han puesto al descubierto últimamente. De igual forma, la situación de esta entidad puede variar significativamente al incorporar la dimensión de los derechos humanos”.

En el grado de impunidad muy alta, cuyo índice es superior a 70 puntos, abarca para desgracia de nuestro país, al mayor número de entidades: Quintana Roo es el más alto con 76.61, ubicado en el lugar 31 de la lista (recordemos que Michoacán está fuera de ese conteo).

En el lugar 30 está el Estado de México con 76.48; en el 29 se ubicó a Baja California con 74.22; en el 28, Durango con 73.97; en el 27 sigue Tamaulipas con 73.38; el lugar 26 está ocupado por Guerrero, con un índice de 73.19; luego en el 25, Coahuila con 72.93; Yucatán, 27.80; Veracruz 72.38; Querétaro 72.24; Nuevo León, 71. 63; le sigue en el lugar 20, está Oaxaca, con 71.63 y, el último de este grupo es Baja California Sur con 70.74.

Es decir, si recordamos la lista de entidades en las que se exigió la alerta de violencia de género vemos que se repiten Baja California, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Oaxaca. La mitad de los que están en esa clasificación del índice de impunidad estatal muy alta.

El resto está entre las entidades con un alto grado, que oscila entre el 65.15 y 69.37, las cuales son del más alto al más bajo: Morelos, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Zacatecas y Guanajuato.

Entonces, sí hay una relación directa entre la impunidad y lo que parece imparable fenómeno de la violencia de género.

Las entidades en las cuales el índice estatal de impunidad oscila entre media y baja, son: Chiapas, Chihuahua, Sonora, Distrito Federal, San Luis Potosí (que rebasan los 50 puntos) seguido de Nayarit y Campeche.

Eso explica resultados como 1) que en México siete de cada 10 crímenes contra mujeres permanecen no son castigados sus responsables, según datos del Observatorio Nacional del Feminicidio; 2) que en el Estado de México a pesar de la Alerta de Violencia de Género la cifra de feminicidios siga a la alza dramáticamente y que el castigo a los responsables sea una mera ilusión y, 3) que un padre tenga que demandar justicia y que en las redes se haga lo mismo para una joven violada sexualmente por cuatro muchachos protegidos por el poder político y económico en Veracruz, como pasa con el caso de la banda de Los Porkys. ¿Y Duarte?

Un caso emblemático pero que tiene episodios semejantes en otras entidades, como Oaxaca, donde hace algunos años una joven fue brutalmente violada por un grupo de “juniors” que la amenazaron de muerte, por lo que ella y su familia optaron por no denunciar los hechos. En la banda de estos “porkys oaxaqueños”, como en Veracruz, hay hijos de políticos y “empresarios”. La misma historia sólo que revolcada.

Esa impunidad es la que provoca que miles de delitos contra mujeres no sean denunciados y esa es la impunidad que tiene a México en ese nada honorable lugar 58 de 59 países según el estudio de la Universidad de las Américas Puebla y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia.

LA SOSPECHOSA DISPUTA

Resulta por demás curioso ver cómo pretenden repartirse el pastel en la capital oaxaqueña. José Antonio Hernández Fraguas quiere ser el bueno para la presidencia municipal por el PRI.

El Partido del Trabajo empleando eso que llamaría humor negro en política, busca “horadar” al PRI llevando a un candidato priista como Martín Matus Alonso (por eso digo que es puro humor negro llevado a la política), que nadie sabe a quién o quiénes puede representar como para “horadar” al PRI.

Hernández Fraguas, quien fue presidente municipal hace seis años, quiere repetir y para que todo quede entre cuates también iría su ex tesorero, Matus Alonso, sólo que en el PT. Esto es lo que yo llamo cinismo.

Nada, sólo sospechosismo puro. Todo quedaría entre amigos. Pero para eso claro está el cómplice mayor será el Partido del Trabajo.

Ahora resulta que Hernández Fraguas es el nuevo Chavelo por aquello de que siempre lleva a sus cuates.

@jarquinedgar