MUJERES Y POLÍTICA
La visibilización de la violencia feminicida, violencia machista o violencia contra las mujeres ha ganado, circunstancialmente, algo de terreno por todos los medios. Un tanto porque resulta imposible ocultar el sol con un dedo, porque hoy la violencia se denuncia en mayor medida, porque se ha desbordado el nivel de crueldad de estos delitos, aunque sigue permeada por la omisión y desgano de algunos sectores responsables de impartir justicia a las mujeres y, claro, por todo lo que se dio alrededor de la movilización nacional de este mismo domingo bajo el hashtag #NosQueremosVivas (que reconocemos como una exitosa movilización en casi todo el país y que demuestra que cuando las mujeres se unen el grito puede ser unánime), veremos qué responden.
En 30 años, entre 1985 y 2014, ocurrieron en nuestro país más de 47 mil defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH), como lo revela el informe La Violencia Feminicida en México: Aproximaciones y Tendencias 1985-2014, elaborado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres, cuyas notas fueron elaboradas por Sara Lovera para SemMéxico.
Solo por leer la cifra me da escalofrío y mucha indignación. Porque tenemos que imaginar lo que las familias de estas mujeres han pasado para acceder a la justicia, si acaso accedió a ello algún porcentaje, y es obligado conocer el escenario de orfandad en la que se quedan las familias, sin que nadie responda por ellas.
El informe señala que una buena parte de las muertes violentas de mujeres quedan en la impunidad porque no se investigan, ni se actúa con la debida diligencia. Muchos de los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios.
De ahí que recomienden apegarse al modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género que plantea que los asesinatos, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta.
Quizá el otro factor que impide el acceso a la justicia es el largo proceso que significa un juicio en México y que ahora, dicen, será mucho más ágil y por tanto rápido, pero que pone a las mujeres en desventaja según refieren algunas feministas que han analizado que en la justicia adversarial las mujeres salen perdiendo, sobre todo por algunas prácticas que las exponen y las revictimizan.
Se puede considerar que la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio ha disminuido en el país, pero no se puede dejar de mirar que el fenómeno fue inverso en ocho entidades del país: Tlaxcala, donde esta tasa pasó de 2.3 a 3.8 por cada cien mil mujeres; Tamaulipas, que pasó de 5.2 a 7.2; Hidalgo, cuya tasa era de dos y alcanzó 2.7; Sinaloa, que pasó de 4.4 a 5.9 por cada cien mil mujeres; Oaxaca, donde la tasa aumentó de 5 a 6.4; Nayarit, cuya tasa pasó de 3 a 3.8; San Luis Potosí, que pasó de 2.5 a 2.9, y finalmente Sonora, donde la tasa llegó a 3.8 desde un valor el año anterior de 3.7.
Y como ya lo habían planteado los seguimientos periodísticos que hacen organismos de la sociedad civil, los asesinatos de mujeres en sus “dulces hogares” son más frecuentes que en la calles.
Otro dato interesante es que los estados con mayor número de mujeres asesinadas son Chihuahua y Chiapas con una tasa de nueve y 9.6 por cada cien mil mujeres; Tamaulipas con 7.2; Oaxaca con 6.4; Sinaloa con 5.9. En ninguna de estas cinco entidades hay una declaratoria de alerta de violencia de género.
Exceptuando Chiapas, en las otra cuatro entidades habrá elecciones este año, está en proceso, hay campañas políticas caminando en las que se invierten millones de pesos, pero la violencia contra las mujeres no se toca, no es un tema de las campañas, porque no es un asunto que “venda” votos.
Hubo declaración de alerta de género para los estados que se ubicaron en sexto y séptimo lugar de es lista negra: Morelos y Estado de México.
Los 10 municipios donde se concentran uno de cada seis feminicidios en 2014, es decir, la ciudades menos seguras para las mujeres son: Ecatepec, Edo. de México; Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; Culiacán, Sinaloa; Tijuana, Baja California; Chihuahua, Chihuahua; Iztapalapa y Gustavo A. Madero, Cd. de México; Guadalajara, Jalisco, y León, Guanajuato.
Este informe, breve, pero muy sustancioso debería preocupar no sólo a las mujeres que este domingo toman las calles de casi 30 ciudades del país para marchar, tal vez por miles, tal vez por cientos, quizá por decenas…este informe debería preocupar a toda la población, a quienes gobiernan y sobre todo a quienes aspiran a ocupar cargos públicos.
Si la violencia, que insisto se ha desbordado y los perpetradores se han vuelto cínicos, gracias a la complacencia, la omisión de las autoridades, de la complicidad de policías, ministerios públicos y jueces, de la naturalización que de la violencia contra las mujeres han hecho el funcionariado, mujeres y hombres, que laboran en las “fiscalías especializadas”, que han minimizado o suavizado los medios de comunicación y las redes sociales, es tiempo de parar.
Si la muerte de casi 50 mil mujeres en 30 años no importa a la sociedad mexicana ¿qué podrá importar en una sociedad permeada minuto a minuto por la violencia? ¿cómo le hacemos para hacer consciencia?
