OAXACA, OAX., diciembre 13.- Las consejeras y los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) condenaron enérgicamente la agresión realizada este martes al consejero electoral Uriel Pérez García por presuntos habitantes del municipio de San Sebastián Tutla, en las oficinas del órgano electoral.

En un comunicado de prensa, las y los integranters del IEEPO manifestaron que “es totalmente reprobable que se utilice la violencia como recurso, en lugar de las vías del diálogo para la resolución de inconformidades”.

Indicaron que el órgano electoral cuenta con los elementos suficientes de prueba y presentará la denuncia penal correspondiente en contra de las personas responsables de este deleznable acto.

Asimismo, solicitaron a las instancias de procuración de justicia para que actúen de conformidad y se realice la investigación correspondiente, a fin de aplicar la ley a quienes resulten responsables.

Advirtieron que la impunidad de estos actos pone en riesgo la función electoral, cuyo objetivo es el bienestar de la sociedad oaxaqueña y el fortalecimiento de la democracia.

El órgano electoral ha sido garante de la libre autodeterminación de las comunidades, vigilando siempre por el respeto a las garantías establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.

Reiteraron que de ninguna manera la violencia es la solución a los conflictos o a las diferencias, sino a través del diálogo como se llevan a cabo los procesos pacíficos en beneficio de la comunidad.

Exhortaron a las y los habitantes de todos los municipios que realizan elecciones para renovar a sus autoridades, a buscar soluciones pacíficas a cualquier inconformidad, ya sea en el interior de la comunidad o bien en los trabajos de mediación realizados por el órgano electoral.

Recordaron que durante los procesos electorales es mandato constitucional la inclusión de las mujeres para votar y ser votadas así como el respeto a la universalidad del sufragio, es decir, que puedan participar todas y todos los habitantes de las comunidades.

Insistieron en su llamado a conducirse con respeto a la Ley y a las instituciones, utilizando el diálogo y los recursos legales correspondientes para la resolución de inconformidades.