SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, Oax., diciembre 15.- Ante los presuntos actos de malversación de recursos públicos en la recién concluida LXII Legislatura del Estado, el pleno del Congreso ordenó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) revisar el uso de los dineros ejercidos por la pasada Legislatura y aplicar los castigos correspondientes si encuentran irregularidades.

De paso, el pleno cameral también ordenó ahondar en las auditorías a las dependencias de la administración del ex gobernador aliancista Gabino Cué Monteagudo.

“La ausencia de transparencia, falta de rendición de cuentas, corrupción, impunidad y crecimiento de la deuda pública, generó un clima de ingobernabilidad y crisis en varios sectores de la población”, afirmó en tribuna la diputada local del PRD, Eva Diego Cruz.

La Legisladora perredista presentó un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, gire instrucciones a la ASE y  realice las acciones correspondientes. El acuerdo fue aprobado como de “urgente y obvia resolución” por la unanimidad del pleno de la LXIII Legislatura.

“Pedimos que se investigue conforme a la ley la aplicación de los millonarios recursos tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, ante las voces de enriquecimiento ilícito, corrupción y malversación de los ahora ex funcionarios”, dijo.

Diego Cruz consideró que es importante realizar una auditoría de regularidad de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 de la pasada Legislatura del Estado, al haber dispuesto de más de 1 mil 743 millones de pesos.

Como muestra de transparencia, urgió a hacer las revisiones correspondientes y, en su caso, fincar responsabilidades si encuentran alguna irregularidad, toda vez que en 2014 se le asignaron 389 millones adicionales y para 2015 dispuso de 678 millones de pesos; es decir, contó con un incremento del 74.25 por ciento, mientras que en 2016 ejerció 676 millones, de los cuales no aclaró cómo los invirtió.

“La pasada administración fue totalmente improductiva y registró bochornosos hechos de violencia y sendos reveces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Oaxaca está harto de la corrupción y por eso debemos pasar de los discursos a los hechos”, lanzó.

La diputada Diego Cruz manifestó también que una vez con los resultados de las auditorías deberán deslindarse responsabilidades y fincar responsabilidades en contra de quiénes hayan incurrido en actos al margen de la ley.

QUE NO SEA “LLAMARA DE PETATE”

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Jesús Romero López exigió castigar penalmente a quienes hayan incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y los que se configuren.

“Es necesario que se realicen las auditorias necesarias a las y los integrantes de la anterior Legislatura, sobre todo a quienes detentaron los cargos y tuvieron alguna responsabilidad pública”, exigió el ahora petista.

Criticó que el ex Tesorero del Congreso del Estado, Mauro Alberto Sánchez Hernández, nunca haya respondido a la solicitud de un informe sobre el estado financiero que guarda la administración del Poder Legislativo, por lo que también pidió “auditar al ex Tesorero”.

Insistió en que esta auditoria no puede enviarse a la congeladora. “Este tema no es un juego ni de discursos”, dijo y y refirió que en su caso la administración de Cué Monteagudo no comprobó más de 8 mil 600 millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Por eso no podemos permitir que en el Congreso esto sea sólo una llamarada de petate; tenemos que ir a fondo”, exigió.

A juicio del Diputado del PT, además de fincar responsabilidades, es importante rescatar los recursos económicos presuntamente desviados, los cuales podrían ser destinados a pagar la mitad de la deuda pública del Gobierno del Estado.

Y fue más allá al pedir que la LXIII Legislatura presente solicitud de “juicio político” contra Cué Monteagudo y sus funcionarios y de existir mal manejo de la pasada Junta de Coordinación Política, también se presente juicio político contra las y los ex legisladores.

A su vez, Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional (PAN), se sumó al punto de acuerdo para ordenar a la ASE la revisión de los recursos económicos ejercidos por la pasada Legislatura del Estado y por las dependencias estatales, ante los severos señalamientos de malversación de recursos.

Pidió no tenerle miedo a la transparencia y a la rendición de cuentas.

A su vez, Nallely Hernández García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), indicó que se requiere una Ley estatal anticorrupción para obligar a quienes se roban el dinero del pueblo a devolverlo, como ha ocurrido en Veracruz.

“No sólo deben ir a la cárcel, sino tienen que reintegrar a las instancias correspondientes los recursos económicos que malversaron; es momento de dignificar el papel del Congreso del Estado”, demandó a sus compañeros y compañeras.