OAXACA, OAX., diciembre 26.- La LXIII Legislatura estatal aprobó la noche del viernes 23 de diciembre de 2016 el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, que contiene el gasto de los Tres Poderes del Estado y los organismos autónomos, el cual asciende a 62 mil 219 millones 484 mil 765 pesos.

En sesión extraordinaria, sin el voto de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), las y los diputados de los demás partidos políticos avalaron con 34 votos a favor y 7 en contra el Presupuesto de Egresos del próximo año.

En total, sólo reasignaron 176 millones 132 mil 531.34 pesos.

Así, fue aprobado el gasto de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en el que resalta el ajuste a la baja de los recursos que pedía la Secretaría General de Gobierno de Alejandro Avilés Álvarez. Le negaron los 587 millones 933 mil 315 pesos que pretendía, pero le dejaron 457 millones 933 mil 315 pesos, un presupuesto casi equivalente al del Poder Legislativo.

El recorte presupuestal a la Secretaría General de Gobierno que dirige el ex diputado local y ex dirigente estatal del PRI fue de apenas el 30 por ciento; es decir, unos 130 millones de pesos.

Para sí, la LXIII Legislatura del Estado se autorizó un presupuesto de 546.8 millones de pesos, lo que implica un recorte presupuestal de sólo 59 millones de pesos. Las y los legisladores NO dejaron pasar el recorte de 207 millones de pesos que había propuesto el gobernador Murat, dado que en el ejercicio fiscal 2016 a la anterior Legislatura (LXII) se le asignó un presupuesto de 605 millones de pesos.

A la Auditoria Superior del Estado (ASE) le destinaron un presupuesto de 75 millones de pesos, lo que representa un incremento de sólo 4 millones, ya que en el ejercicio fiscal 2016 ejerció un presupuesto 71 millones de pesos.

De igual forma redujeron el presupuesto de la Coordinación General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo por un monto de 29.7 millones de pesos para quedar en 267 millones 554 mil 875.46 pesos, con el argumento de “evitar un gasto no prioritario y los excesos en la promoción de la imagen del Gobernador” (sic).

Luego de un receso de más de cuatro horas, los representantes populares de la entidad oaxaqueña avalaron la distribución del gasto para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los recursos para los municipios.

Y ante la reestructuración de la administración pública estatal, por la creación de las secretarías de Turismo y de Economía, respectivamente, se reasignó el presupuesto autorizado de 164.3 millones del ejercicio 2016 de la desaparecida Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico.

Así, a la Secretaria de Turismo le asignaron 81 millones de pesos y a la Secretaría de Economía 137 millones de pesos, lo que representa un incremento de 54.5 millones de pesos en comparación con el ejercicio 2016.

Para la Secretaría de las Infraestructuras y e Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), se propuso un incremento de 33 millones de pesos para quedar en 229.3 millones de pesos para el 2017.

A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) le autorizaron 251 millones de pesos, que comparado con lo aprobado en el 2016 (213 mdp), representa un incremento de 37 millones de pesos. De esta cantidad, 100 millones de pesos serán destinados al Fideicomiso para la Alianza del Campo, adicionales a su presupuesto.

Al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), las y los integrantes de la LXIII Legislatura del Estado le destinaron un presupuesto de 21 mil 746 millones de pesos, con un incremento de 1 mil 568 millones de pesos, en comparación con el presupuesto del 2016, cuando fue de 21 mil 177 millones de pesos.

En materia de Salud, aprobaron un presupuesto de 3 mil 922 millones de pesos, lo que implica un incremento de 348 millones de pesos respecto al ejercicio fiscal 2016, cuando autorizaron 3 mil 574 millones de pesos.

Para la Comisión Estatal del Agua (CEA), en atención a las acciones de “agua potable, alcantarillado y saneamiento” se avalaron 218 millones de pesos, lo que representa un incremento de 62.6 millones de pesos adicionales al presupuesto de 2016, por 155.3 millones de pesos.

Para la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) se contempló un incremento de 18 por ciento para quedar en 23.5 millones de pesos, luego de que en 2016 le aprobaron 131.7 millones de pesos, y para el 2017 se consideraron 155.2 millones de pesos.

A la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) se le asignó un incremento del 17.4 por ciento que asciende a 7.8 millones de pesos para quedaren 52.7 millones de pesos para 2017.

En vivienda, al CEVI le asignaron 77.7 millones de pesos, con un incremento de 8.3 millones de pesos, adicionales al presupuesto de 2016, que fue de 69.4 millones de pesos.

Sin embargo, la institución más castigada fue la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), porque las y los diputados le consideraron un pírrico incremento de menos de 5 millones de pesos, lo que restado a la inflación del 3.48 por ciento registrado en la primera quincena de diciembre da como resultado una pérdida efectiva del 3 por ciento en relación con lo ejercido por la Máxima Casa de Estudios de la entidad durante el 2016.

La pérdida de subsidio agravará la crisis financiera en la Máxima Casa de Estudios de la entidad, ante la falta de certeza en la liberación de fondos federales extraordinarios, como los Apoyos para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales, entre otros.

Lo grave es que se verá obstaculizada la consecución de los objetivos de la institución educativa de nivel superior más importante de la entidad oaxaqueña, pero que sin embargo le otorgan el subsidio por alumno más bajo del país.

Sin embargo, el diputado presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación de la LXIII Legislatura del Estado, el perredista Toribio López Sánchez, aseguró que en el gasto público para el 2017 implementó una “reorientación al ámbito social” porque incrementó el gasto de inversión con el objetivo de combatir el desempleo, la informalidad, la pobreza, rezago y marginación, a través de la planeación y evaluación socioeconómica de los programas y proyectos de inversión (sic).