+ Actuación urgente para castigar a los culpables y salvaguarda de los derechos político-electorales de las mujeres
OAXACA, OAX., enero 30.- Por instrucciones del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), acudió de manera expedita al municipio de San Martín Peras y atender, mediante la promoción de medidas cautelares, apoyo psicológico y médico a la joven que fue violentada física y emocionalmente en esa comunidad.
En un Gobierno que ha dejado claro que no tolerará actos de violencia de ningún tipo hacia las mujeres y las niñas, la SMO hace un llamado tanto a la Fiscalía General de Oaxaca, como al Poder Judicial del Estado para que actúen con celeridad y eficacia y se dicte castigo a los culpables.
La Secretaría de la Mujer, pidió tanto a las instituciones judiciales desplegar medidas que permitan salvaguardar los derechos políticos y electorales de todas las mujeres.
Asimismo sostuvo que en un Estado de Derecho no debe exentarse a nadie de luchar por una posición política y pidió a las Instituciones Políticas, Partidos Políticos, autoridades municipales y los Sistemas Normativos Internos- conocidos como usos y costumbres – acatar las disposiciones legales para el caso y al mismo tiempo, desarrollar conciencia sobre los derechos de las mujeres y la necesaria construcción de la igualdad.
La administración estatal que preside Alejandro Murat ha dejado en claro que la impunidad en casos de violencia hacia las mujeres no tiene cabida en la consolidación de una democracia.
El gobierno de Oaxaca reconoce que el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres es garantizado por diversos instrumentos internacionales. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, establece el deber en los Estados de adoptar políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra las mujeres y recomienda impulsar acciones para que las mujeres ocupen más espacios en ámbitos como la educación, la economía y la política.
MUJER INDÍGENA ES “CASTIGADA” A LATIGAZOS EN SU INTENTO POR FORMAR PARTE DEL CABILDO
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares a favor de la indígena mixteca Gabriela Maldonado, quien fue golpeada a latigazos hasta perder el conocimiento en su intento por formar parte del cabildo de San Martín Peras.
El coordinador general de las defensorías regionales, Juan Rodríguez Ramos, precisó que dictaron medidas cautelares a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca para que se judicialice el legajo de investigación y puedan proceder contra el presidente municipal de San Martín Peras, Santiago Ramírez Cervantes y el síndico Sergio Rivera Flores, así como el agresor.
De igual forma, dictó medidas a la Secretaría de Seguridad Pública para que garantice integridad personal de las indígenas Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Marina Díaz, quienes a partir de 2016 buscaron participar en la elección de su municipio que se rige por el sistema normativo interno o de usos y costumbres.
Ante la negativa y respuesta agresiva contra las tres mujeres, la Defensoría inició el expediente desde el mes de noviembre en la oficina de Juxtlahuaca y desde esa fecha se le dictó medidas cautelares, las cuales no fueron acatadas.
Y será este martes cuando se formalice la queja porque el hecho amerita toda la atención debido a que es intolerable que se recurra a la violencia para impedir derechos constitucionales porque “no se permiten faldas”.
La intérprete Otilia Flores dijo que las mujeres mixtecas Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Marina Díaz han sido víctimas de hostigamiento, amenazas y hasta sufrido latigazos por aspirar a formar parte del cabildo de San Martín Peras.
Recordó que en sus asambleas comunitarias las autoridades son electas únicamente por los mayordomos y los agentes municipales y “aquí no se permiten faldas”.
Sin embargo, las autoridades electorales les hicieron saber de esta violación, por lo que la autoridad electa nombró a otras mujeres distintas a las que se registraron para participar en el proceso.
Sin embargo, las mujeres indígenas impugnaron el proceso, razón por la cual, las amenazas de muerte comenzaron.
La situación empeoró cuando la autoridad municipal citó a Gabriela Maldonado en el Palacio Municipal, lugar donde se encontraba el abuelo de la mujer mixteca, quien fue obligado a golpear con un látigo a su propia nieta.
Como resultado de la golpiza, la mujer quedó inconsciente y posteriormente presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, mientras que las otras dos mujeres han sido amenazadas con encarcelarlas.
