SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, mayo 7.- La tarde-noche del jueves 4 de mayo último, con 40 votos a favor, de sus 42 integrantes, la LXIII Legislatura del Estado aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Estatal de Combate a la Corrupción.

Reunidos en sesión extraordinaria, la mayoría de las y los miembros del Poder Legislativo estatal cantaron este acuerdo como un hecho inédito en la historia de la entidad, que coloca a Oaxaca –aseguraron— “a la vanguardia a nivel nacional en materia de transparencia” (sic), aunque falte mucho por ver y por hacer.

Durante la misma sesión, las y los diputados aprobaron que el Congreso del Estado será la instancia competente para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, que reemplace al dimitente Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, además de que “delimitará sus funciones, atribuciones, responsabilidades y el periodo que desempeñe el cargo, a fin de homologar esta Ley con la aprobada a nivel federal por el Congreso de la Unión”.

Presto para el protagonismo y las declaraciones apresuradas, el diputado priista y empresario juchiteco, Samuel Gurrión Matías, dijo que la aprobación de esta ley “cumple con una de las principales demandas del pueblo oaxaqueño de combatir, castigar y erradicar la corrupción de los recursos públicos” (sic).

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado sólo por este año, Gurrión Matías explicó que los objetivos de la Ley de Estatal de Combate a la Corrupción son: prevenir, sancionar, erradicar y sancionar las faltas administrativas, de corrupción y malos manejos de recursos públicos” (sic).

Sin embargo, la encomienda todavía no se completa porque deberá integrarse un Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción que será presidido por un representante del Comité de Participación Ciudadana y por cinco representantes ciudadanos que dirigirán los trabajos de combate a la corrupción.

La Ley de Estatal de Combate a la Corrupción tendrá 75 días como máximo, a partir de su publicación en el Periófico Oficial del Estado, para que en lo sucesivo se pueda concluir con su aplicación, debido a que la Constitución indica que hasta antes del 17 de julio se tienen que aprobar y armonizar las leyes secundarias y adicionales que darán mayor vigor a la aplicación de esta legislación, como la de Responsabilidades Administrativas, Municipios y reformas al Código Penal, entre otras.

Las pérdidas generadas en México por la corrupción desde el gobirerno federal hasta los estatales y municipales representan 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que significa alrededor de 345 mil millones de pesos al año.

En el caso del Estado de Oaxaca, las cifras de la corrupción no se han cuantificado, pero en los últimos gobiernos, desde el priista Heladio Ramírez López hasta el aliancista Gabino Cué Monteagudo y de vuelta al priista Alejandro Murat Hinojosa, las cantidades superan los miles de millones de pesos.

Los legisladores, especialmente los priistas, aseguran que con la creación del Comité de Participación ciudadana “se abrirá a la sociedad la posibilidad de ser parte de los esfuerzos coordinados para el combate a la corrupción” (sic).

El Comité Coordinador será integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana que lo presidirá, el titular de la Auditoría Superior del Estado, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

En este Comité Coordinador también participa el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) del Estado de Oaxaca, y el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

Sin embargo, la mayoría de estos funcionarios y funcionarias están acotados por el poder del gobernador Alejandro Murat, lo que hace pensar que tendrán poca o nula autonomía para tomar sus decisiones en materia de corrupción, y más tratándose de funcionarios de la presente administración.