CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

A dos días del asesinato del periodista sinaloense en Culiacán, Javier Valdéz, la respuesta quiso ser fuerte o, más bien, espectacular. Ante la ola de inconformidades, marchas y protestas de grupos de periodistas en todo el país, el presidente Peña Nieto reunió a los gobernadores y emitió sonoro discurso.

Dijo, por supuesto, que esos asesinatos son una herida abierta del país. Respondió a las voces que exigían justicia y no discursos. “Entiendo su indignación, a la que nos sumamos, con la que nos solidarizamos y la razón de estar reunidos es, no para dirigir discursos y sí reafirmar el compromiso, llevarnos tarea para combatir la impunidad”.

Tres medidas de Peña

Ante los 24 gobernadores asistentes, así como embajadores, después de guardar un minuto de silencio por el compañero caído, el presidente explicó las tres medidas que su gobierno iniciaría para la defensa inmediata de los periodistas:

Primero, otorgar mayor presupuesto al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Mecanismo que atiende a 538 personas, entre éstas 196 periodistas.

Segundo, establecer un protocolo para coordinar acciones con los estados en casos de violencia contra ese gremio.

Tercero, fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la PGR, con más personal y capacitación a ministerios públicos, policías y peritos.

La CONAGO, otras tres

La Conferencia Nacional de Gobernadores, en voz de su actual presidente Miguel Ángel Mancera, informó de los acuerdos asumidos por los gobernadores a ese respecto.

Crear u homologar fiscalías o áreas especializadas dentro de las Fiscalías estatales para prevenir e investigar los delitos contra periodistas. Eso fue lo más concreto, aunque parece lo de siempre: ante los conflictos sociales crear aparatos burocráticos para simular atención.

Entre lo anunciado, al parecer sólo para abultar las medidas urgentes, el jefe de gobierno de la CDMX, mencionó: hacer mapas estatales de riesgo y agresión a periodistas y el compromiso de trabajar con un protocolo unificado, para la protección y atención a víctimas.

¿Unidad especializada en Oaxaca?

De inmediato los gobernadores reprodujeron la postura presidencial. El gobernador Alejandro Murat pidió al fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez, la creación de una unidad especializada de atención de agravios a periodistas. Recientemente el fiscal dio señales de atender ese encargo.

El viernes pasado, el fiscal realizó una reunión con un grupo de periodistas para tratar este asunto. Asistió la diputada Brenda Velázquez Valdés, que preside la Comisión de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Aunque se dejó de lado a la Asociación de Periodistas de Oaxaca A. C. (APO), las más numerosa y antigua del estado, la incluyeron indebidamente, lo que ya fue aclarado.

Tanto la Ley estatal para protección de los periodistas, como ahora la creación de esta Unidad especializada, han sido temas discutidos en reuniones de comunicadores. En principio, la posición no es cerrarse a las propuestas gubernamentales, por el contrario, buscar de manera urgente detener la impunidad de los agravios a periodistas.

La búsqueda de soluciones reales no puede ser desestimada, pero más que delegar responsabilidades en pequeñas unidades oficiales, habría que buscar mecanismos efectivos de seguimiento puntual de los casos de agravios a periodistas, algo que, por supuesto, debe ir más allá del ámbito de las instituciones de gobierno, sin prescindir de ellas, por supuesto.

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