+ Inmunidad constitucional: un anhelo que choca con la realidad

Uno de los acuerdos establecidos para el presente periodo de sesiones entre las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, es la eliminación del fuero o inmunidad constitucional que protege a ciertos servidores públicos. Si la intención de los legisladores tiene como derrotero eliminar el esquema de privilegios para los funcionarios y representantes populares en Oaxaca, entonces la reforma a la Constitución tendría que ir más allá del fuero y extenderse a otros temas que, socialmente, son tanto o más irritantes que la propia figura del fuero.

En efecto, la semana pasada el gobernador Alejandro Murat Hinojosa presentó ante la LXIII Legislatura una iniciativa de ley, que tiene como objeto reformar la Constitución para eliminar la figura de la inmunidad que protege a ciertos servidores públicos y representantes populares, frente a la procedencia de procedimientos del orden penal. Concretamente, la iniciativa contempla derogar los artículos 118 y 119, y reformar el 123, todos de la Constitución local, para desechar todo lo relacionado con el régimen de inmunidad que se establecía para diversos funcionarios y representantes populares durante el tiempo de sus funciones, y únicamente establecer que en los delitos del orden común, los funcionarios estatales no gozarán de protección constitucional alguna “pudiendo en consecuencia proceder contra ellos ante la Fiscalía General del Estado”, establece la iniciativa.

Esta iniciativa es, esencialmente, consecuencia de dos factores: primero, de que en el Congreso ya existen otras iniciativas similares presentadas por fuerzas de oposición en esta misma Legislatura; y segunda, que socialmente la exigencia de la eliminación del fuero ha permeado no sólo en entidades gobernadas por fuerzas distintas al PRI, sino que incluso estados que son de mayoría tricolor están accediendo a eliminar el fuero como una forma de demostrar voluntad porque la clase política no siga siendo objeto de privilegios o de trato diferenciado frente a la población en general, cuando se está ante la comisión de un delito de cualquier tipo.

En el primero de los casos, es evidente el Ejecutivo únicamente está intentando evitar que alguna fuerza de oposición le robe la posibilidad de ser quien impulse, hasta su concreción, la eliminación del fuero. Al menos en la presente Legislatura, este ha sido un tema prolífico y recurrente y, de hecho, ya hubo un intento previo que fue frenado por la propia fracción parlamentaria del PRI, que en aquellos momentos se negó a apoyar la posibilidad de que la eliminación del fuero alcanzara también a la figura del Titular del Poder Ejecutivo.

En esa lógica, pudiera pensarse que a estas alturas, el Ejecutivo aún puede ganar el debate relacionado con el fuero. Sin embargo, lo único que se evidencia es que de nuevo el poder público ha sido reactivo frente a demandas de la ciudadanía, que no necesariamente tienen que ver con una persona en concreto, sino con una figura que claramente no concuerda con la realidad en las circunstancias actuales.

Puede pensarse, de hecho, que la eliminación del fuero constituye una reforma de poca utilidad práctica porque en realidad muy pocos funcionarios o representantes populares, se han escondido tras la figura del fuero para evadir sus responsabilidades penales.

No obstante, casos recientes como el de Humberto Moreira en Coahuila, que intentó acceder a una diputación local para no enfrentar las responsabilidades derivadas de su ejercicio como gobernador; el del diputado local guerrerense Saúl Beltrán Orozco, a quien la Fiscalía de aquella entidad acusa de ser el líder de una peligrosa banda criminal; o el de Antonio Enrique Tarín García, que recientemente intentó asumir como diputado federal para no responder por las acusaciones de peculado que se le formularon por su actuación como parte del gobierno de César Duarte en Chihuahua, ponen en claro que ahora sí algunos han intentado que la figura del fuero sea utilizada con fines distintos respecto a los que se consideraron para su establecimiento en la Ley.

FIGURA INCÓMODA

El fuero, en su tiempo, fue pensado como una forma de garantizar la independencia de los servidores públicos y los representantes populares durante sus periodos de ejercicio como tales. En los libros de Derecho Constitucional, siempre se asumió al fuero como una inmunidad constitucional establecida para impedir que los servidores públicos fueran presionados, a través del ejercicio de la justicia combinado con la corrupción, a tomar cierta determinación o actuar de alguna forma diversa al interés público.

Así fue ideada dicha figura, y así fue asumida por mucho tiempo —en el que la política estaba por encima de la acción de la justicia y, de hecho, ésta era un instrumento de aquélla—, hasta que la pluralidad política provocó que no toda la clase política fuera homogénea, y que entonces sí hubiera diferencias entre la política y la justicia. Por eso, a partir de la pluralidad, la inmunidad dejó de ser un premio o una condición política de facto; pero por eso mismo, el fuero pasó de ser la inmunidad considerada como garantía del ejercicio público independiente, a una posibilidad de privilegio utilizado para evadir responsabilidades no ligadas a su condición de funcionario, sino más bien derivadas de ello.

Esa misma pluralidad fue la que permitió poner en el debate la posibilidad de la eliminación del fuero, y es la que ahora parece haber movido al Ejecutivo a tomar de forma emergente esta bandera, que inicialmente no estaba en el radar de sus prioridades pero que sí había sido ventilada ampliamente por otras fuerzas opositoras. Al final, el problema político que tendrán todos los que decidan apoyar esta o cualquier otra de las iniciativas en ese sentido que existen en la Legislatura local, es que nadie podrá arrogarse la paternidad de la misma, y mucho menos el Ejecutivo que en realidad ha sido el último impulsor, y no el primero, de este tema.

No obstante, lo que todos deberían asumir es que lo verdaderamente trascendente ya no está en la eliminación del fuero. Éste ya fue derogado de las Constituciones de una decena de entidades federativas y por ende ya no es un asunto particularmente destacable. Lo realmente importante sería que los diputados locales y el Ejecutivo, decidieran ir más allá para eliminar todo el régimen de privilegios que ronda sobre los servidores públicos de primer nivel en la entidad.

Esos privilegios van desde los altos salarios y prestaciones —de jure y de facto— que tienen los funcionarios de primer orden, hasta temas como las remuneraciones extraordinarias y discrecionales, las pensiones y otros aspectos que deberían también ser no sólo revisados con detalle, sino desechados completamente. Al final, no se trata sólo de “hacer economías” con el presupuesto público, sino de demostrar solidaridad con la gente que no tiene para comer, que no puede satisfacer sus demás necesidades básicas, o que simplemente demanda que no existan privilegios desproporcionados respecto a la función pública que realizan. Eso sí sería un aspecto destacable, al que ya se refirió el diputado Jesús Romero en una iniciativa que rebasa el tema del fuero para tratar de ubicar otros temas socialmente sensibles, que son concomitantes a él.

REFORMA INTEGRAL

Ahora falta ver si existe sensibilidad y disposición por parte de los legisladores locales, para hacer eco a esas iniciativas, junto con la que recientemente presentó el Ejecutivo para convalidar su disposición para la eliminación del fuero. Abordar el tema en conjunto, y no por asuntos aislados, pondría verdaderamente a Oaxaca como un ejemplo nacional de austeridad institucional, y de solidaridad con la población. Pero falta ver que lo hagan.

Tomado de: https://columnaalmargen.mx/2017/07/20/la-eliminacion-del-fuero-en-oaxaca-sera-una-victoria-de-todos/