Este miércoles 30 de agosto se vence el plazo que los diputados de la LXIII Legislatura del Estado de Oaxaca se auto impusieron para aprobar todas las reformas que estaban pendientes para establecer el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Aunque en el discurso todos aseguraron compromiso y voluntad por el establecimiento de un sistema eficaz y de avanzada, lo cierto es que ayer —cuando se encontraban en el umbral de la emisión de los correspondientes dictámenes— todos se pusieron frente al espejo y se asustaron con su propio reflejo.
En efecto, en el mes de mayo los diputados locales aprobaron la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual establecía un artículo transitorio que establecía que a más tardar el último día del mes de julio se debían expedir las reformas, leyes y reglamentos, y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, incluyendo una importante reforma a la Constitución del Estado para adecuar diversas instituciones a los parámetros establecidos en la Constitución federal, y para hacer más eficientes algunas normas relacionadas con el combate a la corrupción y la imposición de sanciones.
Como no hubo consensos en aquel primer plazo para realizar dichas adecuaciones —de hecho, en aquel momento nadie en el Congreso local, ni del lado del Ejecutivo, tenían una perspectiva de todo lo que debía ser reformado para la correcta implementación del Sistema—, en el mes de julio el Congreso se dio un nuevo plazo de otros 30 días para cumplir con ese Artículo Segundo Transitorio de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Dicho plazo vence hoy miércoles, y por esa razón la tarde-noche de ayer había una especie de crisis moral y de identidad, en varias de las bancadas representadas en el Congreso, frente al dilema de apoyar o no el paquete de reformas finalmente propuesto por las Comisiones encargadas de elaborar los respectivos dictámenes, porque eso los podría hacer chocar con sus intereses meramente coyunturales, económicos o políticos. Así, al margen del resultado, la disyuntiva de ayer consistía en deponer los intereses en aras del compromiso de que impulsar un sistema eficaz, o sacrificarlo para no poner en riesgo sus propios intereses.
En el caso de la bancada priista había una resolución ya conocida en otras situaciones como éstas: ellos están dispuestos a impulsar las iniciativas enviadas por el Gobernador, independientemente de cuál sea su contenido. Lo anterior, a partir de una lógica explicable: el PRI se sabe dispuesto a impulsar un paquete de reformas que establezca el Sistema, aún cuando eso pudiera llegar a implicar que fueran otros diputados, gobernantes y ciudadanos, los que lo llegasen a optimizar.
Bajo esa perspectiva, al final los diputados del PRI parecen haber soslayado la posibilidad de haber realizado un verdadero trabajo legislativo en comisiones, para ceñirse a las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, ya que eso implica un “avance” a secas, sin importar si es el máximo o mínimo posible. Esa lógica sirve, pues, para impulsar el cambio legal y dejar que sean otros los que lo implementen plenamente.
Esa postura, en términos simples, significa repudiar su compromiso institucional no sólo de establecer el sistema anticorrupción, sino de dotarlo de todos los elementos para hacerlo operante ahora, y no en el mediano plazo.
LOS DEMÁS TAMBIÉN SE ASUSTARON
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, que encabeza el diputado Carol Antonio Altamirano, ha llegado al punto de la ignominia con tal de defender los intereses del auditor Carlos Altamirano Toledo, que a toda costa pretende permanecer en el cargo, y que es tío del antes mencionado jefe de la bancada perredista. Por esa situación, el diputado Carol ha excluido y marginado a la bancada de su partido de las negociaciones relacionadas con esta reforma, y en gran medida ha anclado todo el sistema al hecho de que le garanticen que su tío permanecerá como titular de la Auditoría Superior del Estado.
Por eso mismo, todavía ayer el diputado Carol intentaba frenar la posibilidad de que fuera aprobado el dictamen de la reforma constitucional que contiene la modificación del artículo 65-Bis, el cual se refiere a la integración y naturaleza jurídica de la Auditoría Superior del Estado, y que provocaría una reintegración del órgano de fiscalización superior, la cual Carol ha intentado atajar incluso a costa de dividir a su bancada y de generar un clima de enrarecimiento favorable a que no se modifique la Constitución. Ello, en términos simples, significa que Carol está boicoteando la implementación del Sistema Anticorrupción, con tal de defender a su pariente para que permanezca en la ASE.
De hecho, una de las políticas que Carol Antonio implementó de último momento fue la “pepena” de diputados de fracciones minoritarias para tratar de generar un bloque capaz de romper el número mágico de 28 votos que se necesitan para la aprobación de la reforma constitucional. Para eso encontró eco en algunas de las disidencias internas y mini fracciones del Congreso —PT, PAN, un pedazo del PRD y una parte de Morena— que ayer también intentaban hacer bloque para frenar la posibilidad de que esto avanzara. Quién sabe qué les prometió, o qué intentan negociar, pero lo cierto es que había un intento claro por hacer lo necesario para evitar que el PRI llegara a juntar los 28 votos necesarios para aprobar la reforma.
Al final, uno de los partidos que más enfrentará el dilema moral de impulsar o no el Sistema Anticorrupción, es Morena. Ellos han sido opositores sistemáticos al régimen bajo la justificación de que el régimen es corrupto. En un silogismo simple, la lógica tendría que llevarlos —llevarnos a todos— a pensar en que si ellos están en contra de la corrupción, entonces tendrían que apoyar el sistema de combate a la corrupción.
¿Cómo podrían no hacerlo? Igual que sus contrapartes del PRI, PAN, PRD, PT y demás partidos: repudiando sus propios argumentos y sus supuestas convicciones, para darle la espalda al Sistema y coronar algunos intereses específicos, como el que pretende que el Auditor no sea separado de sus funciones en fechas próximas, así como esa posición irreflexiva, irreductible y inexplicable de ir en contra de todo como norma de conducta, asemejándose más a quienes no tienen capacidad de discernimiento que a quienes tienen —como ellos creen ser— dicen tener conciencia crítica.
DÍA CRUCIAL
Todo se verá en la sesión de hoy. Si posponen la votación de los dictámenes habrá quedado claro que no tienen compromiso con el combate a la corrupción, y con sus propias afirmaciones. Si votan las reformas pero de forma parcial, será una demostración más de simulación. Es muy probable que algo de esto suceda. Ojalá estemos equivocados.
Tomado de Al Margen: https://columnaalmargen.mx/2017/08/30/la-aprobacion-del-sistema-estatal-de-combate-a-la-corrupcion/
