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Embajada

La embajada que se volvió licorería

Durante varios años, entre 2007 y 2016, la embajada de México ante el Reino de Arabia Saudita tuvo doble función: al mismo tiempo que llevaba los asuntos diplomáticos y la representación de nuestro país ante una de las naciones más poderosas del mundo árabe, funcionaba también como expendio clandestino de venta de licores y bebidas alcohólicas de todo el mundo, que eran comerciadas desde la sede diplomática en el cotizado mercado negro de ese país musulmán, donde La Sharia o Ley Islámica, prohíbe y penaliza con cárcel, castigos corporales y hasta ejecución pública, el tráfico y la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas.

Ese comercio ilegal de alcohol, que generaba millonarias ganancias, era manejado personalmente por el embajador mexicano en Arabia Saudita, Arturo Trejo Nava, durante ese periodo. Aprovechando la “franquicia diplomática” para importar vinos y licores, que el gobierno saudiarabe da a embajadas extranjeras para consumo exclusivo de sus invitados y eventos, el diplomático llegó a importar hasta un contenedor de bebidas como whisky, vodka, tequila y ron, que vendía a clientes que acudían a comprarlas directamente a la residencia del embajador, habilitada como licorería.

Según el expediente de una investigación en curso, realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Cancillería, el embajador Trejo Nava montó un lucrativo negocio utilizando la residencia oficial, ubicada en una exclusiva zona de la ciudad de Riad, donde escondía, en bodegas, las cajas de licores y bebidas que vendía a clientes furtivos hasta en 200 dólares una botella de whisky o 300 una de vodka, por las que el embajador pagaba en promedio 20 dólares por botella. Las ganancias, en años que duró ese comercio ilegal, fueron estratosféricas para el representante de México. Por la investigación del OIC, que ya conoce la Secretaría de la Función Pública, Trejo Nava está “suspendido” de cualquier representación diplomática y fue regresado a México desde la embajada de Rumania el pasado 19 de octubre. Dejo la embajada Saudita, tras 9 años en el cargo, en agosto de 2016, al ser transferido a Europa del este.

Cercano a Carlos de Icaza, subsecretario la SRE, el embajador Trejo nunca utilizó recursos públicos para comprar las bebidas que comerciaba, sino que invertía sus propios recursos, aclaran las investigaciones. De ser encontrado responsable de conductas ilícitas que señala el artículo 58 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, por “hacer uso ilícito o con fines de provecho personal de las franquicias, valijas, correos diplomáticos, recursos financieros y materiales, así como inmunidades y privilegios inherentes al cargo”, al embajador se le aplicaría una sanción establecida en el artículo 57 de la citada ley, que va desde la “suspensión, destitución y sanción económica. En todos los casos de destitución el sancionado quedará inhabilitado para reingresar al Servicio Exterior o desempeñar algún puesto, cargo o comisión temporal en el mismo”, reza el artículo.

El mercado negro del alcohol en Arabia Saudita opera aún con la estricta prohibición. Las penas por comerciar o consumir bebidas alcohólicas van, según La Sharia, desde cárcel hasta azotes al infractor. Pero eso no evita que hasta la realeza sea parte del comercio ilegal. Como el escándalo protagonizado en 2010 por un príncipe de la familia Thunayan, cuando un cable de Wikileaks reportó una fiesta clandestina de Halloween, en la que “el príncipe y más de 150 mujeres y hombres disfrazados consumían finas bebidas alcohólicas vendidas en el mercado negro”. Sólo que, mientras esas penas no se aplican a 15 mil príncipes y princesas de la Casa Real Saudí, las ejecuciones, latigazos y otros castigos sí se aplican a extranjeros y a ciudadanos árabes que no son de la realeza.

El contrabando y la venta ilegal de alcohol y drogas en ese país está asociado con gente rica, con “contactos políticos o diplomáticos”, además de pilotos, empleados de aduanas y contrabandistas dedicados a esa actividad ilícita.

En ese “selecto grupo” estaba nuestro embajador que, más allá de si cometió o no un delito para las leyes mexicanas, claramente violó las leyes del país en donde residía y utilizó, vergonzosamente, la representación de México para enriquecerse con una actividad ilícita, exponiendo al prestigiado Servicio Exterior Mexicano a un escándalo que, en la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Luis Videgaray, habían querido mantener y manejar hasta ahora como un “asunto interno”.

 

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