“Acátese, pero no se cumpla” fue la fórmula empleada en el periodo colonial para cumplir con la formalidad de aceptar las leyes o normas que dictaba el rey español y eran protectoras de los derechos de los indígenas en los territorios conquistados, pero que, a consideración de los gobernantes en estas tierras, no tenían por qué implementarse, pues contravenía los intereses de las élites políticas y económicas.
Algunos siglos después, la fórmula sigue operando. En su Sexto Informe Temático “La brecha de implementación”, (2006), el entonces relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, señala la existencia en los países de América Latina de una profunda brecha entre lo que sus constituciones y normas establecen en materia indígena y su aplicación práctica.
Sobre el particular, en el libro “Derechos indígenas, entre la norma y la práctica”, (Fundación Konrad Adenauer, Colombia, 2018), quien suscribe, junto con Juan Carlos Martínez y Violeta Hernández Andrés, nos dimos a la tarea de revisar la legislación, instituciones y problemática de la implementación en varios países de América Latina, con el fin de evaluar sus cambios y si, 12 años después del informe de Stavenhagen, la brecha se ha reducido.
Los hallazgos muestran que, en todos los países de América Latina, aunque con diferencias importantes, hay derechos indígenas vigentes, que aun cuando no satisfacen a importantes sectores de los movimientos indígenas que los han demandado —en México y Ecuador, por ejemplo—, sí van configurando un nuevo papel político de los pueblos indios en su relación con el Estado.
Sin embargo, como lo advertía Stavenhagen, y lo practicaban los colonizadores, desafortunadamente estos derechos no son plenamente eficaces y, aunque hay muchas resoluciones importantes de altas cortes del continente en la materia, su justiciabilidad es aún incipiente, y peor aún, parece que va en retroceso.
Este desfase entre la norma y la práctica nos muestra los obstáculos que empíricamente se constatan en casos concretos como el acueducto bicentenario contra la tribu Yaqui o los parques eólicos contra el pueblo zapoteco del Istmo de Tehuantepec, ambos en México; la minería de oro contra el pueblo de San Miguel Ixtahuacán en Guatemala; la construcción del complejo hidroeléctrico del Bayano en contra de las comunidades Kuna de Mandugandí y Emberá de Bayano en Panamá; la construcción de una hidroeléctrica en el río Don Diego que afectaría a los pueblos Kogui y Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia; la explotación petrolera que afectó al pueblo Kichwa en Ecuador; la masacre de Bagua contra los pueblos Aguaruna y Huambisha en Perú; la afectación a los pueblos amazónicos de Bolivia con la carretera del TIPNIS; la construcción de la presa Belo Monte, que afecta a la Tribu Paracaná en Brasil; o la criminalización del pueblo Mapuche en Chile y Argentina.
El debate sobre el tema, que es de permanente vigencia, cobra relevancia en la actual coyuntura de México. La cuarta transformación, como le ha llamado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; o el cambio de régimen político que ya ha iniciado; no pueden excluir, como se hizo en las coyunturas históricas (Independencia, Reforma y Revolución), a los pueblos indígenas. Tampoco puede ser regresiva a visiones integracionistas o desarrollistas, que dieron vida en distintos momentos de nuestra historia al Instituto Nacional Indigenista o a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Es trascendental que la nueva institución que se cree para la relación del Estado con los Pueblos Indígenas, parta de una perspectiva de derechos. Por tanto, es ineludible que los Pueblos Indígenas sean reconocidos como sujetos de derechos público y que las autonomías indígenas tengan mayores competencias reconocidas en lo político y mejores instrumentos para la protección de sus territorios y recursos naturales.
Afortunadamente, en lo que se conoce del proyecto de nación que iniciará el 1 de diciembre, aunque algunas señales parecen contradictorias, hay hechos concretos positivos. En la propuesta de creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas presentada en el Senado de la República, se presentan avances importantes en esa ruta. La decisión misma de crear un nuevo organismo y no subsumir el tema en una Secretaría como si se tratara sólo de un problema de pobreza y marginación; así como el anuncio de que Adelfo Regino, un reconocido intelectual y líder indígena, de amplia trayectoria en la lucha por sus derechos, hablan de la seriedad con la que se aborda el tema.
Esperemos que ahora sí, la brecha entre la norma y la práctica se reduzca.
DE SALIDA.
El libro “Derechos indígenas, entre la norma y la práctica” (KAS, Colombia, 2018) se presentará en la ciudad de Oaxaca el sábado 13 de octubre, a las 11 horas en el hotel Holiday Inn Express (a media cuadra del Jardín Conzatti).
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