¿Han sido prioritarias las universidades públicas para los últimos gobiernos? Más que los discursos oficiales de buena voluntad que se han vertido, tendríamos que observar las acciones institucionales emprendidas para su fortalecimiento, así como la política de financiamiento en los hechos.

Si bien se ha reconocido públicamente la importancia de las universidades públicas por estar a la vanguardia en la generación del conocimiento, ciencia, innovación, tecnologías, artes, formación humanista, así como por sus amplios vínculos sociales y su incidencia en los procesos de desarrollo, todo debe emprenderse en el marco de una política de Estado de carácter integral.

Al anunciar los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Educación Superior, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, refirió “la inexistencia de un marco legal que regule la educación superior de forma integral y permita la vinculación armónica de programas sectoriales gubernamentales” (10/01/2019), como conclusión de un diagnóstico que remite a la dispersión y desarticulación al interior del subsector universidades públicas y educación superior.

El anuncio realizado el pasado 10 de enero en la presentación de los estudios: “El futuro de la educación superior en México: Promoviendo calidad y equidad”, y “La educación superior en México”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), implica un ejercicio de autocrítica en la conducción del subsector, pero también todo lo que debemos procurar al interior de cada una de nuestras instituciones en relación con los grandes retos del país y de las sociedades regionales.

Citando uno de los estudios referidos, el Secretario mencionó que en México no hay una política de Estado en la educación superior, ya que el sistema carece de una visión estratégica coherente, de un marco normativo de referencia que lo regule de manera integral, que se adolece de una adecuada planeación que señale los mecanismos y la ruta adecuados para el aseguramiento de la calidad de las instituciones, los programas y los aprendizajes.

En síntesis, apuntó que la educación superior en México no está cumpliendo a plenitud la promesa de desarrollar las competencias necesarias para el trabajo, y que tampoco funge como una palanca para promover de manera cada vez más amplia la innovación y el crecimiento económico, frente a las grandes necesidades y retos del país.

Luego entonces, habría que plantear ¿Por qué llegamos a tal situación de dispersión de la educación superior y de desarticulación entre las universidades? ¿Qué políticas generaron la profunda desigualdad e inequidad entre instituciones? ¿Bajo qué esquemas se asignaron los financiamientos a cada una? ¿Cómo se previó o, en su defecto, por qué no se consideraron mecanismos similares entre los distintos gobiernos estatales en relación con las universidades de sus entidades?

Lo que se ha dejado de hacer en la materia refleja no solamente la situación diferenciada de las instituciones de educación superior, sino sobre toda las altas brechas sociales y económicas entre las entidades federativas a partir de la incidencia de la variable sobre educación superior y su relación con el desarrollo de las entidades y regiones del país, donde la menor inversión se concentra en las entidades con mayor rezago. Aunque en este entramado la disminución del financiamiento es sólo una de las variables a considerar.

La autocrítica corresponde también al interior de cada universidad para preguntar ¿En qué medida están cumplimiento las necesidades propias de su misión? ¿Qué se está haciendo y qué se está dejando de hacer? ¿Cuáles son las condiciones de carácter general y particular que inhiben el desarrollo de cada una de nuestras universidades? ¿Por qué observamos una tendencia progresiva de las instituciones a su insostenibilidad económica?

Visto así, el anuncio de una política integral hacia la educación superior marca el momento de viraje de las universidades públicas para reencauzar el sentido de su actividad hacia la misión de educar por encima de los compromisos laborales deficitarios establecidos desde hace décadas en los contratos colectivos con los sindicatos, así como de los compromisos de carácter político, hacia fuera y hacia dentro, que las han colocado al límite de su operación. 

*Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).