El principal dilema que enfrentan las Universidades Públicas Estatales (UPE´s) en los distintos emplazamientos o estallamientos a huelga, se centra en contradicciones de carácter normativo entre la legislación laboral y la Ley de Disciplina Financiera, donde por un lado se exige el cumplimiento de los contratos colectivos signados con los sindicatos en años anteriores y, por el otro, ser consecuentes con las nuevas políticas de contención de prestaciones.

Aunque por una parte implica la revisión de la forma de organización del trabajo en cada universidad, diferentes entre sí pero con problemas estructurales comunes, la situación afecta aún más a aquellas instituciones que se han caracterizado por sus rezagos presupuestales, por debajo de la media nacional en inversión por estudiante, las cuales en este momento resienten presiones internas de carácter laboral.

Tal es el caso de las nueve UPE´s que en los últimos tres años han registrado serios problemas para el pago de sus nóminas en los cierres de presupuesto, mismas que recibieron ampliaciones extraordinarias en el 2018 y signaron convenios tripartitas con los gobiernos federal y estatales para la contención de plazas y nuevas prestaciones.

Dichos convenios responden a diagnósticos y observaciones de auditorías sobre el pago de plantillas no reconocidas de trabajadores académicos y administrativos, pago de prestaciones y el creciente peso de sus jubilaciones que en conjunto han llevado a la insostenibilidad de estas instituciones.

La situación tiene tras de si el crecimiento desordenado de las mismas, si bien en algunos casos respondieron a reivindicaciones laborales legítimas, en otros las plazas y prestaciones se brindaron como concesiones a los sindicatos a cambio del enquistamiento de grupos de poder bajo las reglas no escritas de las presiones y movilizaciones. Todo ello, lejos de la perspectiva académica que debería regir la vida de las universidades.

La crisis de las universidades públicas pasa la factura, por lo que las huelgas estalladas y los emplazamientos de otras se convierten en momentos determinantes para la refundación de las mismas. Salvar las coyunturas no solamente implica resolver huelgas, sino una perspectiva de mayor alcance, de mediano y largo plazo, orientada a la atención estructural de los problemas que pasa por la voluntad política al más alto nivel.

No se trata de buscar remedios pasajeros sino de armonizar la legislación laboral que da sustento a los contratos colectivos de los sindicatos con las nuevas políticas y leyes en materia de disciplina financiera, que aseguren la viabilidad económica de las universidades y brinden certeza a los trabajadores de que podrán devengar sus salarios en tiempo y forma, sin la incertidumbre de la insolvencia financiera.

Importante es resolver las contradicciones normativas para emprender con mayor precisión los procesos de reestructuración y saneamiento que las universidades públicas requieren, que no sean observados como procesos arbitrarios o punitivos de alguna autoridad en particular, sino como parte de una reforma de fondo, de cara a las nuevas reglas de transparencia y rendición de cuentas.

Tal reestructuración seguramente será compatible con la posición del gobierno que enarbola la transformación para emprender cambios de fondo; además, para evitar riesgos de inestabilidad y conflictos laborales.

El cimiento será importante para reorientar a las UPE´s en su alta misión de brindar educación equitativa y de calidad, necesaria para la formación de nuevas generaciones de profesionistas, pero sobre todo para la formación de una nueva ciudadanía.

*Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana