CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

Tenemos funcionarios estatales cuya carta de presentación ha sido su ineficacia. Al recapitular sus largas carreras surge la interrogante, ¿de qué manera se han sostenido en altos cargos? Desde una administración municipal en Tehuantepec, pasando por la presidencia de Salina Cruz, luego al frente del Congreso del Estado, del Tribunal Superior de Justicia y de la Secretaría General de Gobierno, como ha sido el caso de Héctor Annuar Maffud Maffud.

Se impone hasta un análisis psico-socio-político para desmenuzar las características de este éxito político, inversamente proporcional a la eficiencia esperada en bien de la sociedad. Para adelantar, sólo mencionaremos que, si bien fracasan de manera evidente a ese último respecto, son eficientes para responder a sus patrones, los gobernadores en turno, eso es lo único que les importa y que explica el éxito de esas carreras políticas forjadas en contra de la atención a las necesidades sociales.

Oaxaca, ingobernabilidad innegable

Aunque no pueden negarse sus habilidades para ponerse en el camino y en buenos términos de los sucesivos poderosos, incluso de gobernadores que han sido adversarios políticos. Esos funcionarios son colocados para llenar el cargo, no con la encomienda de tener iniciativa, ni proponer o invertir en bien de la gente; nada se mueve sin que sea ordenado por el ejecutivo. Mientras más iniciativa tengan, menos están en la gracia del poderoso.

Actualmente, los funcionarios sufren el problema de tener dos jefes y una jefa con quienes han de condescender. Quizá por ello las afectaciones sociales son hoy mayores, pues seguimos con que Oaxaca sobrevive a pesar de su gobernante, y si es más de uno el peso cuesta arriba se triplica.

Somos pródigos en materia de mal gobierno, con la delincuencia acotando la vida de los oaxaqueños, delincuencia de todo tipo, la abierta y la camuflada en organizaciones sociales. Incluso las que dicen representar a los pueblos, que impiden la libre circulación e incluso secuestran a personas. No hay castigo para los infractores, al contrario, el gobierno los premia cuando por fin les da la gana liberar las vialidades.

Pudo ser medio año de bloqueo

En medio del reciente conflicto de Santiago Yaitepec contra Santa Catarina Juquila, donde un grupo de comuneros del primero fuertemente armado bloqueó la carretera que va de la ciudad de Oaxaca al llamado pedimento de la virgen de Juquila, a la altura del Paraje Río Manteca, el Gobierno anunció con bombo y platillo, boletines y fotografías, la firma de un acuerdo de paz entre ambas partes. Lo que no sucedió; el mismo día que se daba ese anunció, la gente de Yaitepec seguía el bloqueo.

Sin embargo, la Vocería del gobierno anunciaba en sus boletines el 1 de marzo que “El gobernador Alejandro Murat Hinojosa encabezó una reunión con autoridades municipales de Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec para lograr un acuerdo de paz entre ambas localidades, en tanto se realiza una mesa de diálogo en el marco de la Ley para valorar sus peticiones”.

Empero, aceptaban que había actos fuera de la ley, “esta situación afecta no sólo los derechos humanos de los habitantes de ambas comunidades, sino también el derecho al libre tránsito de terceros, así como afectaciones económicas de la zona, por lo que es imperante (sic) que sea retirado”. Esta noticia, que resultó falsa, se daba a 26 días del conflicto iniciado la noche del 2 de este febrero.

Ya la autoridad municipal de Yaitepec se había deslindado del bloqueo realizado por sólo una parte de su municipalidad. Un grupo de comuneros de ese lugar exhibió a la luz del día y en las redes de internet armas de fuego con que se apoyaban para realizar el cierre de la carretera. Desesperados por el largo cierre de su carretera, pobladores de Juquila retuvieron durante los últimos días al Comisionado de la Policía Estatal, José Sánchez Saldierna y otro funcionario.

Cuando bajaron del helicóptero que los llevó a Juquila a negociar medidas de seguridad que brindaría su corporación policíaca a los juquileños, fueron detenidos por éstos que le decían “Queremos una respuesta al problema que tenemos, ya estamos hasta la madre de que el gobierno nos de 72 horas, 72 y 72 horas, nada más así nos tienen”. Fue evidente la perdida de respeto al gobierno estatal por parte de la población.

Un caos por todos lados la atención a este problema por las instancias gubernamentales. Por primero vez se escuchó que el gobierno del estado pedía ayuda de la Secretaría de Gobernación federal, con el argumento de que la materia agraria es de competencia federal. Ya no podían con el paquete, totalmente rebasados.

Una ironía para la posteridad

Algo reciente y para la posteridad fue que después de 15 días de anunciar un acuerdo inexistente, a los 41 días de mantener pobladores de Santiago Yaitepec cerrado el paso rumbo a Juquila, por ese supuesto diferendo agrario, el sempiterno Secretario Annuar declaró lapidario: “Se actuó conforme a las instrucciones del gobernador… de mantener el diálogo permanente con los pobladores”.  Cual si tantos días de caos de pronto se convirtieran en virtud.

Un diálogo de 40 larguísimos días. De acuerdo a esa visión ese diálogo pudo durar medio año. Todo lo que se perdió con ese irresponsable pretexto, ingresos para las familias de ambos municipios, clases para los niños, enfermos que no pudieron viajar a ser atendidos, escasez de productos… Pero son las instrucciones: que se regodeen en la ilegalidad e impunidad unos aventureros políticos pero que permanezca el “diálogo”. De nuevo estamos frente a la degradación de las palabras por parte de los políticos que pervierten la palabra diálogo y que en este contexto viene a significar indolencia.

Yaitepec está cerca de tener elecciones por esa otra degradada práctica de los caciquiles usos y costumbres, y desde ahora un profesor activista de la Sección 22 en la Costa, ex militante del PRD dentro de la UCD, agita y se posiciona para esa presidencia municipal. Saben que no tienen tierras en esas colindancias con Juquila, el gobierno también lo sabe.

Este problema se veía venir como muchos otros, pero como en todos los conflictos la Secretaría General de Gobierno, carente de analistas y operadores políticos, los deja estallar para después mal atenderlos, en una absurda posición reactiva y no proactiva como debe ser la administración pública. Por menos de esto —falso acuerdo e incapacidad para prever y solucionar conflictos— el funcionario responsable debería ser reemplazado de la crucial Secretaría General. Ya es demasiado.

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