Con protestas ante Fiscalía y Casa Oficial exigen justicia para Heriberto Pazos


+ Militantes de la organización 23 de Octubre acusan que la Fiscalía General del Estado se niega a brindar avances sobre las indagatorias

OAXACA, OAX., octubre 23 de 2020.- Integrantes de la organización 23 de Octubre iniciaron este viernes movilizaciones en la capital oaxaqueña para exigir justicia a 10 años del asesinato su líder Heriberto Pazos Ortiz.

Las protestas de las y los militantes se concentraron a lo largo del día frente a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Agencia La Experimental del municipio conurbado de San Antonio de la Cal, así como en la Casa Oficial de Gobierno, ubicada sobre la céntrica Avenida Juárez de la Ciudad de Oaxaca.

Lamentaron que a la fecha no haya justicia y acusaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) se niega a brindar avances sobre las indagatorias para detener a los verdaderos autores materiales e intelectuales de este homicidio.

Dirigentes de la 23 de Octubre consideran que las personas que han sido detenidas son sólo “chivos expiatorios” que fueron atrapados por las autoridades para simular que el caso no ha quedado en la impunidad; sin embargo, aseguran que los verdaderos responsables siguen en las calles.

También exigen a los funcionarios del Gobierno del Estado que atiendan las demandas de carácter social, en especial temas en materia de obra pública para las comunidades donde ellos tienen presencia, ya que acusaron que el Gobierno del Estado ha utilizado la pandemia del Coronavirus para no gestionar nada.

Heriberto Pazos Ortiz fue asesinado el 23 de octubre del año 2010, cuando viajaba a bordo de una camioneta sobre la Avenida El Rosario, en inmediaciones de la Agencia Municipal de Cinco Señores, minutos después de salir de su domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata, Colonia Roma, del municipio vecino de Santa Lucía del Camino.

De acuerdo con el informe de la policía, Pazos Ortiz viajaba en una camioneta Chevrolet Colorado LT, color negro, hasta la que se acercaron dos hombres que se desplazaban en una motocicleta para dispararle a quemarropa y ultimarlo en el lugar.

Por estos hechos, las y los integrantes de la organización 23 de Octubre salen en protesta a exigir cárcel para los asesinos de su líder y advierten que de no ser escuchados realizarán más movilizaciones.

FAMILIARES DEL PRESUNTO ASESINO DENUNCIAN VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS

La defensa jurídica de Roberto Martín Navarro, acusado de ser el presunto autor material del homicidio de Heriberto Pazos Ortiz, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) la libertad inmediata de su defendido, toda vez que “las pruebas periciales presentadas son falsas y violan el debido proceso de su cliente”.

En conferencia de prensa, la familia del imputado y la defensa jurídica denunciaron que Martín Navarro paga con nueve años de cárcel por un crimen que no cometió, además de que ha sido objetos de violaciones a sus derechos humanos.

Roberto Martín Navarro fue privado de su libertad el 25 de abril de 2011 por agentes estatales de investigación, quienes ejecutaron una orden de aprehensión dictada por el Juez Primero de lo Penal en la que se le acusa del homicidio del entonces dirigente y fundador del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

“A la fecha, en el desahogo de las pruebas de descargo en favor de Martín Navarro, ha quedado al descubierto el interés del Gobierno del Estado por tener un chivo expiatorio y encubrir a los verdaderos responsables del homicidio de dicha persona, y al Tribunal Superior de Justicia del Estado por actuar bajo consigna.

“Esto resulta así ya que del expediente penal se extraviaron inexplicablemente 1 mil 200 hojas útiles del expediente original y su duplicado, las cuales contienen las supuestas pruebas de cargo que sustentaron la orden de aprehensión y como consecuencia el auto de formal prisión.

“Dicho extravío impide que las pruebas de cargo sean desvirtuadas, violando así el derecho humano al debido proceso”, escribió la familia y el abogado defensor en un comunicado.

También acusaron que han detectado en las pruebas periciales de cargo, desde la posición de víctima-victimario, que éstas fueron integradas de manera arbitraria para justificar su ineficiencia en la investigación, ya que no corresponden a la mecánica de las lesiones que presenta el cuerpo de la víctima con lo cual se encubre a los verdaderos autores materiales e intelectuales del homicidio.

Igualmente, denunciaron que Roberto Martín fue torturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para declararse confeso y obtener, de esa manera, pruebas para auto-inculparse.

Por lo anterior, hicieron un llamado a dichas autoridades para que respeten los derechos humanos del inculpado y con ellos investiguen quienes son los verdaderos responsables de este asesinato.