+ La Fiscalía General del Estado, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, carece de confianza, afirma el Diputado Presidente de la Jucopo del Congreso del Estado

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, noviembre 4 de 2020.- Horacio Sosa Villavicencio, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, condenó el asesinato del activista Rodolfo Díaz Jiménez, así como la desaparición de Reynaldo Bautista Bautista y Eutiquio Bautista Pacheco, quienes se encuentran en calidad de desaparecidos en la zona loxicha de la entidad.

El Legislador expresó que en Oaxaca la Fiscalía General del Estado (FGEO), encabezada por Rubén Vasconcelos Méndez, carece de confianza, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer las investigaciones por este delito registrado el  2  de noviembre en San Baltazar Loxicha.

Al gobernador Alejandro Murat Hinojosa le solicitó instruir a la Secretaría General de Gobierno (Segego) para que coordine la inmediata búsqueda de las personas desaparecidas, y realice de manera urgente las acciones necesarias para solucionar el conflicto poselectoral en esta municipalidad.

El también coordinador de la fracción parlamentaria mayoritaria del partido Morena en el Congreso del Estado, pidió al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), José Bernardo Rodríguez Alamilla, que inicie de inmediato y de oficio las investigaciones relacionadas con el asesinato del activista social y la desaparición de las otras dos personas, presumiendo ejecución extrajudicial y desaparición forzada cometidas, según denuncias, por las autoridades municipales.

De acuerdo con la comunidad, policías estatales acompañados por gente del presidente municipal, Atenógenes Jiménez, buscaban atemorizar a los habitantes, apuntándoles con sus armas y cortando cartucho. Por ello los agentes fueron retenidos.

El activista ahora asesinado y sus dos compañeros, hoy desaparecidos, se desplazaron rumbo a Santa María Colotepec buscando señal telefónica, con el fin de establecer comunicación y diálogo con el Gobierno del Estado. Sin embargo, fue en ese trayecto  donde sufrieron la emboscada.

Tras darse a conocer el hecho, comuneros de la zona detuvieron una camioneta de la Policía Estatal con tres elementos a bordo, según unas versiones, y cuatro de acuerdo con otras.

El ataque se produce en un contexto de conflicto poselectoral que se vive en ese municipio, derivado de que fueron impuestos integrantes de un ayuntamiento actualmente en funciones.

El exhorto recibido por la Diputación Permanente fue turnado a la Comisión Permanente correspondiente para su análisis y dictamen.