El amago de ruptura con el pacto federal lanzado por los gobernadores de oposición integrados en la “Alianza federalista”, constituye un importante desafío contra el gobierno de la República y su proyecto de la  4T.

Inviable en términos jurídicos y de consensos en sus respectivos estados y en el país entero, el amago, sin embargo, sí tiene su repercusión en términos de su estridencia política.

Alentados por los resultados electorales en Coahuila e Hidalgo, donde la oposición parece recuperarse, los diez mandatarios estatales echan toda la carne al asador en una falsa reivindicación popular que trata de interpelar el sentimiento localista de la población en esos estados.

Se pone a prueba una vez más las capacidades políticas del gobierno y su partido.

Por supuesto que el problema implica acciones en defensa del proyecto de la 4T, que implican al gobierno federal, al partido en el gobierno y a la sociedad en su conjunto.

El Estado Mexicano tiene la urgencia de apresurar la lucha contra la corrupción y la opacidad que prevalecen en esos estados que constituyen la cola de los gobiernos autoritarios que tendencialmente están desapareciendo.

Por el lado del partido en el gobierno federal, está clara la urgencia de profundizar en los procesos de fortalecimiento organizativo que deberían transformar, en su contrario, la intentona separatista de los diez gobernadores.

La participación popular es muy importante. Ahí la fórmula está fácil: había que promover que las consultas separatistas se acompañen de consultas sobre la revocación de mandato de esos gobernadores secesionistas.

¿O usted cómo la ve?