+ La entidad oaxaqueña es la cuarta del país que presenta graves inconsistencias y le falta aclarar la suma millonaria, reporta la Auditoría Superior de la Federación

OAXACA, OAX., noviembre 5 de 2020.- Con un monto de 1 mil 528 millones de pesos observados por falta de comprobación, Oaxaca se convirtió en la cuarta entidad del país con las presuntas irregularidades financieras más cuantiosas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la segunda entrega de la fiscalización del gasto federalizado programable de 2019.

De acuerdo con los reportes entregados al Congreso de la Unión apenas el pasado 30 de octubre, el Gobierno del Estado de Oaxaca únicamente fue superado en montos observados por las administraciones de la Ciudad de México, que debe aclarar el destino de 7 mil 548 pesos; Veracruz, donde fueron halladas inconsistencias por 2 mil 401 millones de pesos, y Chiapas, por 2 mil 158 millones de pesos.

Después de las tres entidades mencionadas anteriormente aparece Oaxaca con mil 539 millones de pesos por aclarar y, luego Puebla con 1 mil 136 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación precisó que de los 1 mil 539 millones de pesos que le fueron observados a la entidad oaxaqueña, al cierre de su reporte únicamente había sido aclarada la ejecución de 10 millones de pesos, por lo que están pendientes por solventarse todavía 1,528 millones de pesos.

Entre las principales irregularidades detectadas por la ASF en todas las entidades del país, así como en organismos federales como el IMSS, resalta la falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto, con una reincidencia del 56.6 por ciento; pagos improcedentes o en exceso, con el 8.3 por ciento; recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, con el 6.7 por ciento; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, fondos o programas, con el 5.1 por ciento, y recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores, con el 4.3 por ciento, entre otros.