En los balances que se realizan por estos días con motivo del décimo aniversario de la Reforma, resulta relevante no solo su revisión jurídica, referida a la armonización de leyes secundarias con la Constitución Política Federal y los Tratados Internacionales en la materia, sino sus incidencias sociales, culturales y políticas.
Ello requiere de una perspectiva interdisciplinaria, que dé cuenta que la reforma misma no se realizó en el aislamiento o como resultado de iniciativas puramente internas, sino para responder a las exigencias del entorno, tanto nacional como internacional y que su devenir ha seguido el mismo curso.
En estas revisiones es necesario observar los alcances institucionales y del quehacer concreto de autoridades y servidores públicos, de tal manera que no bastan las reformas legislativas, si no se dispone de políticas públicas, programas y presupuestos suficientes con el enfoque de derechos humanos.
De políticas y presupuestos que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos en la vida cotidiana de las personas, que sean de carácter transversal, en términos de igualdad y no discriminación, participación ciudadana en toda la agenda pública, así como de coordinación y articulación entre niveles y órdenes de gobierno.
Lo anterior, para entender el problema público como ejercicio de derechos y sus garantías, desde los mecanismos de información, transparencia y rendición de cuentas, que conduzcan a la exigibilidad ciudadana para el cumplimiento de las reformas.
La Reforma Constitucional del 2011 lleva a su análisis como un punto de llegada y es preciso entender los procesos sociales que ocurrían en el país y en el mundo antes de ese año y siguen ocurriendo, tales como el activismo a favor de los derechos humanos, de carácter local y sus redes transnacionales.
Y es que desde ese año, y con mayor visibilidad e inmediatez en nuestros días, los procesos sociales y las nuevas exigencias ciudadanas para denunciar problemas de violación de derechos, impunidad y reclamos de justicia, van siempre pasos adelante que las reformas legislativas, de las políticas públicas, de los programas y los presupuestos.
Seguramente los expertos en derecho pueden dar cuenta de la armonización de la legislación secundaria a los estándares internacionales, de las incidencias de la depuración legislativa de lo precedente y la construcción de nuevas leyes concordantes, de lo que se ha hecho y de lo que hace falta por hacer.
Pero es importante insistir que además del debate jurídico, debemos resaltar la emergencia de un debate ético y de libertades que permita identificar la compleja construcción de ciudadanía, la apertura de los gobiernos, y más aún, la apertura del conjunto del sistema político, y de sus procesos diferenciados en regiones y localidades, para el cumplimento de los derechos humanos.
Lo anterior, dentro de una racionalidad amplia, para entender que en las últimas décadas se ha ido configurando en el país y en el mundo, un nuevo paradigma no solo jurídico, sino cultural, social y político a favor de la promoción, la defensa y exigibilidad en materia de derechos humanos.
Son éstas, algunas ideas compartidas en el Dialogo de Rectores, entre el Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis González Plascencia y quien esto escribe, dentro de un Seminario Nacional en la materia, como una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca a través de su Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción.
Eduardo Bautista Martínez
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, con Medalla al Mérito Universitario. Egresado de la tercera generación de sociólogos del IISUABJO. Ex rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt y ha participado en congresos internacionales celebrados en España, Suecia, Portugal, Chile y Cuba.
Colaborador desde el 23 de mayo de 2010.
