Utopía
Reconocer la magnitud de un problema social es parte de la base para establecer soluciones, así sean parciales, para trazar las políticas llamadas públicas –Diego Valadés, el jurista, asegura que todas lo son, así que resulta redundante el segundo vocablo–, o bien ajustarlas para obtener mejores resultados, sobre todo cuando se trata del gravísimo problema del feminicidio, constituye un acierto de las autoridades federales, con independencia de las filias y las fobias que éstas suscitan y que obstruyen el debate y la comprensión de los más caros problemas del país.
Si bien se planteó desde la semana pasada, durante el informe mensual sobre el estado que guarda la inseguridad pública en México, a cargo del gabinete de Seguridad y presentado en la mañanera del presidente Andrés Manuel, que de enero a mayo se produjeron 423 feminicidios, lo que implica un crecimiento de 7.1% respecto al mismo lapso de 2020, es significativo que se reconfirme la preocupante cifra oficial frente a otras independientes que como si fueran una suerte de torneo establecen 10 y hasta 13 feminicidios diarios, sustentados sólo en la palabra de las declarantes.
Sean 423 feminicidios en los primeros cinco meses de 2021, o los mil 950 que denuncian de su ronco y agraviado pecho organismos feministas significados por ser opositores al gobierno de la 4T, el hecho indiscutible –todo es discutible por fortuna– es que la nación tiene un problema histórico y estructural a enfrentar por gobernantes y gobernados, particularmente por el oligopolio de los medios de comunicación que reproduce todos los días contenidos con una extraordinaria carga sexista, con la mujer como objeto sexual y no como sujeto social. Peor aún, rinden culto a la violencia de todo tipo en sus contenidos en aras del mayor rating para obtener más publicidad pagada. La escuela pública y privada, las iglesias todas tienen obligaciones inexcusables para suscribir el respeto a la vida y la integridad física e intelectual de las mujeres.
El desencuentro en la cuantificación del problema estructural, sean 423 o mil 950 feminicidios no es nuevo. Como explicó Rosa Icela Rodríguez en Palacio Nacional, durante la sesión sobre el tema que debe ser tratado mensualmente –como propuso Frida Guerrera–, durante décadas la cifra oficial minimizó el feminicidio, lo disfrazó y lo negó. Existen referencias conceptuales desde 1976, pero el primer caso reconocido se registró en 2010, en Guerrero, mas fue en 2018 cuando se aprobó un criterio nacional para el registro del feminicidio y entre 2018 y 2019 se reforzó el registro estadístico. El gobierno del presidente Andrés Manuel tiene el compromiso de clasificar adecuadamente los feminicidios, “sin importar que esa suma implique un aumento en las estadísticas”.
Son ocho las entidades de muy diverso desarrollo socioeconómico y cultural las que concentran las tasas más altas de feminicidios: Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas. Lo anterior muestra que se trata de un problema no sólo antiguo y estructural sino que las causas son multifactoriales y obligan al Estado mexicano (en su acepción de territorio, población y gobierno, es decir, todos los mexicanos (mujeres y hombres, la comunidad LGBTTTI) a confrontar el feminicidio, la violación que creció 30% y la trata de personas en 47%, con tareas y esfuerzos mancomunados para que los avances sean más consistentes y duraderos.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
