+ Más de 3 mil mexicanos han llevado su patrimonio a offshores secretas en las últimas décadas. Al menos 80 políticos y sus familias aparecen en los Pandora Papers.
Ciudad de México. 4 de octubre de 2021.- Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
La investigación Pandora Papers descubre que los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.
La filtración contiene registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas offshore, cuya identidad típicamente se mantiene oculta bajo las capas de anonimato que ofrecen los paraísos fiscales.
Los registros de la investigación de Pandora Papers, en la que participaron 600 periodistas de 150 medios en el mundo incluido Quinto Elemento Lab, provienen de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales.
Aunque tener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal. En México no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales.
Sin embargo, el uso de sociedades offshore puede ser particularmente controversial en el caso de políticos y funcionarios públicos, pues las pueden utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvío de recursos públicos. Esto es de particular interés en naciones como México donde la corrupción es rampante y el gobierno ha hecho un pobre trabajo impidiendo estos abusos.
Antes de ser presidente, Andrés Manuel López Obrador criticó con severidad en 2016 la aparición de mexicanos en la anterior investigación de ICIJ, los Panama Papers, señalando que la “mafia del poder” ocultaba dinero de las autoridades hacendarias.
“Yo respeto mucho lo del anonimato que se guarda en Suiza sobre los que depositan o en los llamados paraísos fiscales, pero eso no debería de existir (…) debería de establecerse que se conociera el origen del dinero, cómo se va el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y no pasa nada y es normal, y hay incluso países que viven de eso, eso es inmoral”, dijo en agosto de 2020 durante su conferencia matutina.
En los Pandora Papers aparecen algunos políticos cercanos a López Obrador. En los documentos figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, miembros actuales de gabinetes estatales y gente del Partido Verde.
Los servidores públicos están obligados a reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias establecidas dentro y fuera del país -suyas y las de sus cónyuges-. Deben hacerlo cada año o cuando asumen o dejan un nuevo cargo. Estas declaraciones patrimoniales pueden ser públicas o reservadas, según la decisión de cada persona. Los funcionarios y legisladores que aparecen en Pandora Papers y que hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, omitieron consignar ahí su participación en sociedades asentadas en paraísos fiscales.
Si voluntariamente los políticos no reportaron sus sociedades offshore, el gobierno federal tampoco tiene otros mecanismos de vigilancia fiscal para conocer con precisión quiénes participan en empresas en paraísos fiscales y con qué fin.
“En los sistemas institucionales no se encuentra un apartado que permita identificar a los contribuyentes que utilizan entidades offshore”, respondió el SAT a una solicitud de información.
La nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en la anterior investigación de los Panama Papers en 2016, y mientras en aquella ocasión sólo se documentaron a los clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca, ésta filtración revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país.
Una revisión de muchos meses realizada por periodistas de Quinto Elemento Lab, El País, Proceso y Univisión a los Pandora Papers permitió conocer que más de 3 mil mexicanos o residentes de México participan en 1,241 sociedades anónimas, 600 fideicomisos y 72 fundaciones difíciles de rastrear situadas en 22 jurisdicciones del mundo.
Además de políticos y funcionarios, los documentos filtrados descubren los secretos financieros de los empresarios y algunas de las familias más acaudaladas del país.
Veinte de los 80 políticos y familiares que aparecen en los Pandora Papers movieron en las últimas décadas alrededor de 30 millones de dólares a jurisdicciones que ofrecen privilegios fiscales.
La filtración contiene reportes con documentos muy detallados que describen los secretos financieros de algunos protagonistas, pero no todos los informes ofrecen datos pormenorizados de los activos invertidos.
Los amigos de la 4T
Julio Scherer Ibarra, que desde 2018 y hasta hace unas semanas era el consejero jurídico de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos a López Obrador, aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach. En marzo de 2011 recibió las 50 mil acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, la cual controlaba a empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares.
Al menos entre 2013 y 2016, el nombre de Scherer apareció en las boletas de pago del predial del departamento según los registros fiscales del condado de Miami-Dade. En 2019 no mostró ningún nombre en las boletas y en 2020 el banco Morgan Stanley figuró como responsable del departamento, el cual no aparece en ninguna de las cuatro declaraciones patrimoniales públicas que presentó Scherer mientras fue funcionario.
De acuerdo con los documentos internos del despacho Trident Trust, que administraba la sociedad de las Islas Vírgenes, Scherer recibió las acciones de la compañía de Ilja Landsmanas Dymensztejn y su esposa Ivonne Yolanda Stern Wolf, quienes eran unos de sus principales clientes. Los Landsmanas permanecieron como “directores” de la sociedad hasta el 17 de marzo de 2017, cuando renunciaron a su cargo.
Los Pandora Papers descubren que hasta ese año los activos de la sociedad offshore ascendían a dos millones de dólares procedentes del trabajo de Scherer en la práctica legal, según la declaración confidencial del abogado que fue enviada al despacho Trident.
Antes de integrarse al gabinete de López Obrador, Scherer fue asesor legal del conglomerado de empresas que dirigen los hijos del matrimonio Landsmanas y que son propiedad de la familia. La Cosmopolitana es la más conocida de sus compañías, integradas bajo el sello de Corporativo Kosmos. En años recientes, se erigieron en los mayores proveedores de alimento del gobierno; surten las prisiones federales y estatales, los hospitales públicos, Pemex y policías del país.
Las acciones en la firma offshore y el departamento en Miami, adquirido en 2008 por Elías Landsmanas a través de la firma de Florida, son información que “alude a mi persona en un período de mi trayectoria en el cual no era funcionario público sino profesionista independiente. En este sentido, me es indispensable aclarar que siempre me he conducido conforme a derecho, a mis principios personales y así lo seguiré haciendo”, respondió Scherer a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación.
El despacho Scherer y Asociados atendía en ese tiempo a una variedad de empresas y políticos. Asesoró a los Landsmanas durante cinco años, antes de sumarse al gobierno de la Cuarta Transformación, donde estuvo a cargo de revisar las reformas y proyectos de ley del presidente.
El complejo en Collins Avenue de Miami donde se ubica el departamento que controla una offshore cuyas acciones posee Julio Scherer Ibarra.
Armando Guadiana Tijerina, el empresario minero y desde 2018 senador por Morena, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.
Al momento de registrar su offshore, Guadiana dijo que su ingreso anual rondaba los 600 mil dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones dólares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades. Designó a sus cuatro hijos como beneficiarios, según los expedientes del despacho.
En las declaraciones patrimoniales públicas que presentó ya como senador, esa fortuna ya no estaba. En 2020 y 2021 Guadiana dejó en blanco los campos donde tendría que detallar sus ingresos por actividades empresariales, financieras o servicios profesionales, enajenación de bienes o cualquier otro ingreso aparte de su salario como legislador. Anotó “ninguno” ahí donde debía reportar sus inversiones, cuentas y otro tipo de valores o activos, sus bienes inmuebles y fideicomisos.
-¿De dónde viene ese patrimonio declarado cuando creó su fideicomiso? se le preguntó en entrevista previa a la publicación.
-Yo no sé, fíjate, porque la cantidad eso sí desconozco. Le diría una mentira.
Y en cuanto a lo declarado en su patrimonial contestó. “Ahí hubo un error, los contadores me entendieron mal la pregunta en la declaración patrimonial, entendieron que si no tenía conflicto de interés”, dijo Guadiana, “Me atonté en el asunto de la Declaranet”.
El senador aclaró que sus contadores cometieron un error al llenar el formato de su declaración patrimonial, el cual asegura fue corregido en marzo pasado, aunque en las versiones públicas sus datos no han sido actualizados.
En entrevista, el legislador explicó que Hawaii Trust fue creado para desarrollar un proyecto minero de carbón en la provincia de Santander, en Colombia, que no prosperó por las condiciones de inseguridad de la guerrilla. “Todavía tenemos el proyecto, de hecho nada más nos ha costado dinero, no hemos hecho nada”, dijo Guadiana en la entrevista telefónica.
Planeaba desarrollar el proyecto con socios inversionistas colombianos, aunque no recuerda sus nombres “ellos querían cosas offshore” y por eso “se creó la entidad (Hawaii Trust) pero no se invirtió, no se aportaron bienes, yo creo que se extinguió”. Cuestionado sobre la empresa en las Islas Vírgenes, respondió: “Yo no sé, no tengo los datos exactos pero voy a checarlo con los contadores (…) No estoy seguro si está viva la mentada Atlantic”, dijo el legislador.
El actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, también aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue creada en 1998 con el propósito de proteger su patrimonio.
La compañía fue registrada en febrero de 1998, tan solo un mes después de que Arganis ingresara a la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México como director general de la planta de asfalto. Desde ese año y hasta mayo de 2003, cuando se desempeñaba ya como director de Obras Públicas en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.
En una carta enviada para este reportaje, el secretario aseguró que los recursos fueron “producto del ejercicio profesional en el sector privado”. No precisó el monto que invirtió a través de su offshore y aseguró, además, que el despacho lo defraudó y que él perdió su dinero.
La empresaria Julia Elena Abdala Lemus, quien es pareja sentimental del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficinas, y cuyo primer accionista se mantuvo en el anonimato que garantizan las acciones al portador.
La empresa Roybell International Inc fue creada en diciembre de 2011 con un capital de 10 mil dólares a través de un despacho en Ginebra especializado en la gestión de grandes fortunas, que a su vez contrató los servicios de Alcogal.
La compañía es dirigida por tres ejecutivos nominales, pero quien realmente lleva las riendas es Abdala: en diciembre de 2017 recibió poderes para realizar acciones como comprar bienes, pedir créditos, otorgar préstamos, celebrar contratos, participar en licitaciones, comprar acciones y presentar demandas. También recibió autorización para abrir una cuenta en la sucursal de Lyford International Bank and Trust Ltd, en Las Bahamas, según los Pandora Papers.
Abdala, quien no estuvo disponible para responder las solicitudes de comentarios, se convirtió en accionista de la offshore cuando Barlett, su pareja de 20 años, despachaba como senador. Una investigación periodística publicada en 2019 por el equipo de Carlos Loret de Mola documentó que la familia Bartlett poseía una fortuna no declarada valuada en 800 millones de pesos en propiedades, algunas a nombre de Abdala. La Secretaría de la Función Pública exoneró al titular de la CFE y cerró el caso al no encontrar delitos.
Las familias del PRI y el PAN
Cuando los despachos internacionales ayudan a montar empresas offshore en los paraísos fiscales, deben anotar si su cliente es una persona “políticamente expuesta” ya sea porque tiene parentesco con algún funcionario o porque ocupa un cargo público. Quienes caen en esta categoría deben recibir una atención especial para verificar el origen de sus recursos y el resguardo de los activos.
Arturo Montiel Yañez registró un fideicomiso en las Islas Vírgenes seis días antes de que su padre, Arturo Montiel Rojas, terminara su mandato como gobernador del Estado de México en septiembre de 2005, según las revelaciones.
A sus 33 años, el empresario y primogénito del exgobernador celebró un contrato con Alcogal y Stanford Trust para cederles la gestión de 3.5 millones de dólares en beneficio de sus hijos Arturo y Santiago Montiel Ferreyra, según el documento firmado el 8 de septiembre de 2005 que dio origen al fideicomiso Art Saint Trust.
Los documentos no mencionan el origen de los fondos, pero la millonaria operación sucedió cuando el exgobernador y su familia estaban siendo investigados por malversación, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos, aunque la fiscalía estatal concluyó que no había elementos contra los Montiel. Los esfuerzos por obtener la versión de Montiel Yáñez no dieron resultados.
Jesús Murillo Ortega es hijo del exgobernador priista de Hidalgo y exprocurador Jesús Murillo Karam. Con un millón de dólares, el empresario creó en marzo de 2014 junto con su esposa la sociedad Sweet Land Ltd en Panamá para invertir en bienes raíces, de acuerdo con los documentos filtrados. Murillo Ortega declaró que los recursos eran derivados de sus ahorros personales.
La offshore fue registrada cuando Murillo Karam estaba al frente de la Procuraduría General de la República. Durante esos años, empresas en México de los hijos y parientes de Murillo Karam ganaron más de 300 millones de dólares en contratos de obras asignadas mientras estaba al frente de la PGR, según una investigación de MCCI.
“Esta corporación (Sweet Land Ltd) en ningún momento llevó a cabo operación, actividad empresarial, comercial, de gestión, financiera o de adquisición alguna, e incluso ni siquiera aperturó una cuenta de banco e incluso fue disuelta prácticamente desde su inicio, derivado del término de mi vínculo matrimonial con mi entonces socia y pareja”, respondió Murillo Ortega a un cuestionario enviado para esta investigación.
Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa, se convirtió en el verano de 2008 en director y accionista mayoritario de Fuentes Pyasa Corp, una sociedad anónima creada en las Islas Vírgenes Británicas con el propósito de adquirir un yate, según los documentos de registro de la firma.
La empresa fue creada en 2006 a través de Trident Trust Company por un corredor de bienes y raíces, pero dos años después se nombraron nuevos accionistas y directivos: junto con Francisco Labastida llegaron Leonor Labastida Vargas así como Andrés Conesa Labastida, director de Aeroméxico, y otros empresarios agrícolas sinaloenses.
El yate de los Labastida es un Azimut M/Y 2006, de diseño italiano bautizado como “Pez Gordo”, según un documento firmado en 2010 por el hijo del ex candidato presidencial.
“Soy accionista de una sociedad mercantil (…) dueña de la embarcación denominada ‘Pez Gordo’ desde el año 2006 y que como parte de la inversión hecha tengo derecho a hacer uso de 5 semanas al año”, dijo Labastida en una carta.
Para Luis Pérez de Acha, abogado especialista en materia fiscal, la compra de yates o propiedades a través de entidades offshore tiene dos propósitos: ocultar la identidad del propietario y obtener ventajas tributarias. “Tener un yate con registro de bandera de otro país trae algunos beneficios fiscales y financieros, es por eso que se utiliza, básicamente por el pago de menores impuestos”, dijo.
Los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del exgobernador panista de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, son dueños de 1,282 acciones en Global Securities Management Corp, una sociedad offshore creada en julio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, en la que figuran como accionistas personalidades conocidas de la política colombiana, como la ministra de Transporte Ángela María Orozco, y el esposo y la hija de la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez.
Otros socios de la firma son los hermanos y empresarios colombianos César y Gustavo Hernández Frieri, éste último capturado en Italia en 2018 y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y malversación de 600 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2014 y 2018. De profesión contadores y empresarios, los hijos del exmandatario panista no respondieron las solicitudes de entrevista enviadas por esta organización.
Entre los familiares de políticos que aparecen en los Pandora Papers incluyen a la esposa del actual gobernador del Estado de México, Fernanda Castillo Cuevas, y a Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y esposa del político del Partido Verde Jesús Sesma Suárez.
Documentos del despacho Trident Trust revelan que Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado federal y exalcalde de Cancún por el Partido Verde se convirtió en 2015 en accionista de tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas, que en 2014 eran dueñas de cuatro embarcaciones. Las tres sociedades fueron creadas años atrás por su hermano Fernando García Zalvidea, un conocido empresario hotelero que tras su muerte, en noviembre de 2013, heredó parte de su fortuna a sus hermanos.
En 2005 Juan Ignacio García Zalvidea, quien no estuvo disponible para una entrevista, fue detenido bajo cargos de negligencia y peculado en perjuicio del ayuntamiento de Benito Juárez. Ese mismo año el Congreso de Quintana Roo lo inhabilitó por un periodo de 20 años por el manejo indebido de fondos y recursos del estado durante su gestión como alcalde, y un año después fue puesto en libertad después de pagar una fianza.
En los Pandora Papers también aparecen el secretario de gobierno de Coahuila, el jefe de la oficina del gobernador Cuahtémoc Blanco, el hermano de un exgobernador de Yucatán y el exgobernador priista de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez.
En 2016 la investigación de los Panama Papers puso al descubierto las finanzas secretas de 311 mexicanos, una cifra 10 veces menor que la documentada hoy en los Pandora Papers. Hace cinco años, la investigación de paraísos fiscales cimbró al mundo, provocando la caída de primeros ministros y la creación de nuevas leyes en docenas de países.
En México poco cambió y desde entonces las autoridades hacendarias han fallado en vigilar las obligaciones fiscales de todos aquellos que se benefician del sistema offshore para sacar el dinero del país, que cada año pierde más de 9 mil millones de dólares en impuestos por el abuso de jurisdicciones offshore, según la organización europea Tax Justice Project.
En el papel, los contribuyentes mexicanos deben declarar los ingresos y utilidades obtenidas en los paraísos fiscales, pero el SAT no tiene un registro de las empresas, fideicomisos o fundaciones offshore en las que participan los mexicanos ni conoce el monto de sus ingresos o de los impuestos pagados.
A fin de verificar que los ciudadanos están al corriente del pago de impuestos, las autoridades hacendarias pueden ordenar auditorías, pero el SAT apenas auditó en lo que va del año a 5 personas que hacen uso de los paraísos fiscales, de acuerdo con el área responsable de realizar las auditorías.
La vigilancia de las entidades pantalla es importante por tratarse de empresas creadas para esconder el patrimonio real de sus clientes y porque, según reveló la investigación internacional de ICIJ, están a menudo asociadas con delitos de evasión y defraudación fiscal, lavado de dinero, corrupción corporativa y política.
Mientras el gobierno hace poco, al paso de los años se conoce que más mexicanos y actores de poder se benefician de la industria offshore en un país con una desigualdad creciente.
“Los daños son amplios y profundos, pero obviamente las personas más perjudicadas son las más vulnerables que dependen de un Estado funcional y de un gobierno que ofrezca al menos una protección mínima”, dice Chuck Collins, director del programa de desigualdad en Institute for Policy Studies. “Esto no solo provoca que el Estado no tenga dinero, sino que es una especie de corrupción de todo el sistema que se produce cuando los poderosos optan por no participar”.
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Germán Larrea compró un penthouse en el Waldorf Astoria de Chicago por 11.7 millones de dólares, Fernando Chico Pardo adquirió un yate de 11 millones de dólares, y María Asunción Aramburuzabala se hizo de dos jets privados y propiedades en Estados Unidos. Todo a través de sociedades offshore establecidas en paraísos financieros que prometen el anonimato y privilegios fiscales.
En los Pandora Papers, la mayor filtración de documentos financieros confidenciales que se haya publicado hasta la fecha, 25 mexicanos de los miles que figuran en los registros movieron alrededor de 1,270 millones de dólares a jurisdicciones offshore.
La filtración detalla cómo algunas de las familias más acaudaladas de México han llevado su patrimonio a paraísos fiscales, ya sea para proteger sus fortunas y traspasar herencias, adquirir embarcaciones y aviones, mantener sus casas de verano o para comprar acciones y seguros de vida, gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias o pagar menos impuestos.
Al menos 14 multimillonarios mexicanos de la lista de Forbes tienen alguna conexión, ya sea directamente o a través de familiares, con los despachos dedicados a crear empresas offshore en lugares como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Nueva Zelanda, Escocia o Delaware, donde la identidad de los propietarios reales permanece oculta.
Los negocios y fortunas ubicadas en los paraísos fiscales más secretos del planeta tienen nombre y apellido: María Asunción Aramburuzabala, Fernando Chico Pardo, Alberto Baillères, Germán Larrea, familiares de Salinas Pliego, Leopoldo Espinosa Abdala, los herederos Azcárraga, la nieta del fundador de Arca Continental y Olegario Vázquez Raña y su familia.
Todos ellos contrataron los servicios de ejecutivos bancarios, intermediarios y firmas legales, atraídos por las capas y barreras de protección que ofrecen las empresas de papel y los fideicomisos opacos para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore.
Esto sale a la luz a partir de una filtración de 11.9 millones de archivos que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que recoge el trabajo de 14 despachos financieros offshore. Esta masa de información ha sido revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas de 150 medios en el que participó Quinto Elemento Lab, junto con The Washington Post, El País, Proceso, The Guardian, la BBC, Univision y numerosos medios locales.
Aunque tener una sociedad offshore no es un delito, a menudo los paraísos fiscales ayudan a políticos, empresarios o incluso a criminales a mantener sus actividades fuera del radar de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
La filtración de los Pandora Papers ofrece un panorama de cómo el dinero oscuro fluye en el sistema financiero global, mermando los recursos que deberían llegar a las arcas públicas de las regiones más desiguales del mundo. Una de las consecuencias de las maniobras offshore es que se recolecten menos impuestos en naciones como México, donde históricamente los más ricos han sido favorecidos con condonaciones y privilegios fiscales que no están al alcance de un ciudadano común.
Las autoridades fiscales mexicanas calculan que grandes contribuyentes evaden y eluden impuestos por unos 700 mil millones de pesos anualmente, equivalentes al 3 por ciento del Producto Interno Bruto. Estas pérdidas son causadas por planeaciones fiscales agresivas y deducciones indebidas, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A esas planeaciones y deducciones, habrá que añadir el dinero que miles de mexicanos mueven a paraísos fiscales, una práctica que también puede mermar los ingresos tributarios y que no está cuantificada por las autoridades. “En los sistemas institucionales no se encuentra un apartado que permita identificar a los contribuyentes que utilizan entidades offshore”, informó el SAT.
Una revisión de los Pandora Papers descubrió que al menos 3,047 mexicanos o residentes de este país movieron parte de su patrimonio a más de 20 lugares en el mundo que ofrecen tasas impositivas más bajas o nulas, a través de la creación de 1,913 empresas, fundaciones y fideicomisos difíciles de rastrear.
Las Islas Vírgenes Británicas fueron el destino predilecto de los mexicanos en la filtración. Una solicitud de información a la Fiscalía General de la República da cuenta que desde 2010 solo se ha atendido una petición de colaboración e intercambio de información judicial entre el archipiélago y las autoridades mexicanas, dos siguen en trámite desde 2018.
Germán Larrea, dueño de la segunda mayor fortuna de México valuada en 27 mil millones de dólares, figura como beneficiario, accionista y director de nueve compañías afincadas en las Islas Vírgenes Británicas, un oasis en medio del Caribe donde los mexicanos han creado cerca de 800 sociedades offshore en las últimas décadas.
Un nutrido y opaco elenco de sociedades pantalla fue creado por este empresario entre 2013 y 2016 con una misión secreta: comprar propiedades y residencias en Estados Unidos con un valor conjunto de 36.9 millones de dólares a través de otras firmas establecidas en ese país pero controladas desde las Islas Vírgenes.
El despacho Trident Trust diseñó la estructura para guardar los tesoros de Larrea, quien no respondió a las peticiones de comentario.
El dueño de Grupo México, quien recientemente obtuvo un contrato millonario para construir uno de los tramos del Tren Maya, se hizo de una propiedad en Vail, el famoso destino de esquí en Colorado, con un valor de 6.2 millones de dólares a través de su offshore Albermarle Overseas Limited, creada en 2013, según los Pandora Papers.
A finales de ese año compró un apartamento en el legendario edificio de 40 pisos del Ritz-Carlton, en el corazón del distrito comercial de Chicago, a un costado de restaurantes de autor y boutiques de diseñador. La propiedad de 4 millones de dólares fue adquirida a través de First 38 LLC, una empresa registrada en Chicago, controlada por Kinnardway Overseas Limited, otra de las offshores que registró Larrea en las Islas Vírgenes.
Cinco años después de la compra del apartamento, Larrea puso en venta la propiedad por 8 millones de dólares, el doble del precio que pagó en 2013, según notas de prensa y publicaciones del sector inmobiliario.
En el verano de 2016 el empresario mexicano utilizó a otra de sus offshore para comprar un penthouse en el icónico edificio del hotel Waldorf Astoria, en el barrio Gold Coast de Chicago. La residencia, ubicada en el piso 52, fue comprada por Erie International LLC, una compañía asentada en Chicago controlada entonces por Quivery Ventures Limited, otra de las sociedades del mexicano.
La adquisición no pasó desapercibida en la prensa local y en los sitios de bienes raíces de Estados Unidos. La lujosa residencia con una sala de cine y alberca en interiores adornada con un acuario, adquirida en 11.7 millones de dólares, fue catalogada como la operación inmobiliaria más costosa que ocurrió ese año en Chicago. Los registros de la propiedad a los que tuvo acceso Quinto Elemento Lab, confirmaron la compra del inmueble.
EU, la nueva escalera al paraíso fiscal
Por muchos años el sistema offshore estuvo concentrado en un grupo de islas lejanas y dispersas, cubiertas de palmeras. La revisión realizada a los Pandora Papers encontró que la maquinaria del dinero offshore ahora opera en todos los rincones del mundo. Pero también, que en la última década Dakota del Sur, Nevada y más de una docena de otros estados de la Unión Americana se han transformado en líderes de la industria del secreto financiero.
Al tiempo que las naciones más poderosas han mantenido su atención, y la de sus autoridades, en los paraísos fiscales “tradicionales”, como las Bahamas, las Islas Caimán y otras islas paradisíacas, Estados Unidos se convirtió uno de los actores más pesados en el mundo offshore.
De acuerdo con la investigación internacional de ICIJ, Estados Unidos se negó en 2014 a sumarse a un acuerdo apoyado por más de 100 jurisdicciones –incluyendo Islas Caimán y Luxemburgo—que hubiera obligado a las instituciones financieras estadounidenses a compartir la información que tienen sobre los bienes de personas del extranjero.
Para los mexicanos no pasó desapercibida la secrecía financiera impulsada por Estados Unidos: con base en los documentos de Pandora Papers, los medios aliados mexicanos identificaron que EU se encuentra en el top 10 de las jurisdicciones favoritas de los mexicanos para afincar sus empresas y fideicomisos offshore.
María Asunción Aramburuzabala, nieta del fundador de la cervecería Modelo y exaccionista de Televisa, utilizó entidades offshore en Estados Unidos para adquirir lujosas propiedades. En 2006 compró una mansión de 6.8 millones de dólares, con seis habitaciones, una sala de cine, una cava y un spa, en el exclusivo condominio The Colony de Park City, en el destino de esquí de Utah, a través de la firma DC 16 Inc., basada en Delaware, un estado al este de la Unión Americana que se ha convertido en un destino atractivo para quienes buscan llevar su dinero al extranjero.
La propiedad de mil metros cuadrados fue vendida en 2019 y ese mismo año la empresa en Delaware se hizo de un apartamento de 1.7 millones de dólares en Park Avenue, un lujoso rascacielos con vistas a Central Park en el corazón de Manhattan, según los registros de la propiedad de Nueva York.
En 2008, la heredera mexicana sumó a sus inversiones inmobiliarias otra propiedad de un millón de dólares nuevamente en el fraccionamiento The Colony de Park City. El terreno fue comprado a través de White Pine 16 Inc, basada también en Delaware, pero solo lo conservó seis años y luego disolvió la compañía.
Las empresas de papel de Aramburuzabala, quien no atendió a las peticiones de comentarios, han sido encabezadas por “directores nominales” usados en el negocio offshore para actuar en lugar de la persona que realmente está detrás de una compañía.
Aramburuzabala, con una fortuna de 5 mil 800 millones de dólares y la única mexicana en la lista Forbes, también es beneficiaria, junto con su hermana, de Sky Chariot Trust, un fideicomiso en Nueva Zelanda que fue creado en 2008 por su madre, Lucrecia Larregui González, con recursos procedentes de la venta de Grupo Modelo, según los registros del despacho Asiaciti Trust Group filtrados en los Pandora Papers.
Entre 2010 y 2013 el fideicomiso de la familia movió en secreto 40 millones de dólares a las cuentas de Sky Chariot LLC, una compañía fachada creada por Larregui González en Delaware.
A través de Sky Chariot, Aramburuzabala se hizo de un jet en 2014 valuado entre los 45 y 60 millones de dólares con motores Rolls-Royce y acabados de lujo; una aeronave Gulfstream G550, modelo que se ha convertido en el favorito de personajes como el rey emérito español Juan Carlos I y el cantante Julio Iglesias. La familia de Aramburuzabala sólo conservó el Gulfstream durante cinco años, después lo vendió y en 2019 adquirió un jet Bombardier Challenger 350, con un valor comercial de hasta 26 millones de dólares.
Chuck Collins autor de Los acumuladores de riqueza: cómo los multimillonarios pagan millones para ocultar billones, aseguró que los ultra ricos buscan resguardar y mantener el valor de la riqueza para poder transferirla a la siguiente generación con la menor carga fiscal. “Puedes comprar bienes raíces y ponerlos a nombre de otros miembros de la familia, típicamente los multimillonarios están pensado en un plazo bastante largo en términos de su planeación y tienen activos en múltiples jurisdicciones”.
“En Estados Unidos nadie vendrá a confiscar tu propiedad sin el debido proceso. Las inversiones inmobiliarias tienen todo tipo de ventajas”, dijo en entrevista Collins, director del programa de desigualdad en Institute for Policy Studies en Washington D.C. “Puedes pretender que estás perdiendo dinero cuando en realidad estás ganando dinero. Los bienes raíces son atractivos por razones fiscales”.
Para el experto en políticas públicas los millonarios invierten en bienes raíces no necesariamente para ocupar las propiedades y vivir en ellas sino para distribuir los activos en diferentes clases. “Si tienes cien millones de dólares, no los querrás tener en el mismo sitio. No los quieres en el mercado de valores: los quieres diversificar, entonces el arte, las joyas y las criptomonedas se convierten en una clase de activo. No quieres tener todos tus huevos en la misma canasta, los bienes raíces son muy atractivos porque puedes tener propiedades en muchos lugares diferentes”.
Otros hombres de negocios que han usado las offshore para comprar propiedades, son la familia de Olegario Vázquez Raña, del Grupo Empresarial Ángeles. Aparecen en los Pandora Papers como directores y accionistas de 8 compañías incorporadas en 2010 y 2011 en las Islas Vírgenes Británicas.
Las sociedades de papel se disolvieron en el verano de 2016, y aunque las órdenes de liquidación refieren que las firmas nunca fueron utilizadas, esta investigación descubrió lo contrario.
En abril de 2014, Olegario Vázquez Aldir y su esposa adquirieron a través de Northstar Corporation un apartamento en Vail, Colorado, de 4.7 millones de dólares en las lujosas residencias del Ritz-Carlton, situado al borde de las montañas rocosas, cerca de restaurantes de autor, galerías de arte y boutiques de diseñador. A finales de ese año la propiedad cambió de dueño y fue vendida a Berlioz Ltd, una firma de papel en la que participa como director Ernesto Rivera Aguilar, director general de Grupo Imagen.
Northstar Corporation adquirió en octubre de 2014 otra finca de 5.3 millones de dólares en Forest Road también en Vail, la cual fue vendida dos años después al propio Vázquez Aldir y su esposa tras liquidar la offshore.
“Las operaciones de compraventa de los bienes inmuebles se realizaron a precios de mercado, cumplen absolutamente con todas y cada una de las obligaciones legales y fiscales tanto en Estados Unidos como en México”, dijo un representante de la familia Vázquez.
Olegario Vázquez Raña, su esposa y sus tres hijos sostuvieron acciones en otras compañías offshore creadas con el propósito de comprar embarcaciones y jets privados.
Fernando Chico Pardo, quien arrancó su primera compañía a los 27 años y hoy es dueño de un emporio que controla aeropuertos, hoteles, puertos y ferrocarriles, utilizó tres empresas de papel para comprar el yate “Piccolo” con un valor de 11 millones de dólares, según el acuerdo de compraventa de la embarcación fechado en marzo de 2010.
Con la empresa Piccolo LLC en Delaware y con las sociedades Olocip Ltd y Piccolo 34 Limited en las Islas Vírgenes, armó una estrategia financiera para adquirir el yate de la marca británica Sunseeker, modelo 2010. Un año después, esa embarcación se vio envuelta en un accidente que dañó arrecifes en la Riviera Maya. Un portavoz del empresario dijo que Chico Pardo ya ha vendido el yate, aunque no ofreció más detalles.
Otro de los empresarios de la lista Forbes que saltó a los Pandora Papers es Alberto Baillères González, quien se jubiló hace unos meses a los 89 años después de más de cinco décadas al frente de Grupo Bal, un conglomerado que concentra a la mina de plata más rica del mundo y extensos yacimientos de oro, a los almacenes El Palacio de Hierro, la aseguradora GNP, una casa de bolsa y otros negocios.
De acuerdo con documentos del despacho panameño Alcogal, el cuarto hombre más rico del país fue durante tres años accionista y director de la sociedad panameña Balelatina SA, fundada por la artista cubana Alina Menocal Johnson, dueña de una galería de arte contemporáneo ubicada en el corazón de la colonia Roma. Los documentos de la filtración no ofrecen más detalles acerca de las actividades de la empresa.
La sociedad panameña fue registrada por Alcogal en diciembre de 2006 pero fue hasta agosto de 2009 cuando Baillères González, conocido como el rey Midas mexicano, se incorporó a la empresa como dueño de dos mil acciones tras realizar una aportación de 72 mil dólares al capital de la compañía, que se disolvió a finales de 2012. La oficina del empresario no respondió a las peticiones de comentarios.
Para los herederos de Hugo Salinas Rocha el mundo offshore es, desde hace décadas, algo bien conocido: entre 1992 y 2016 movieron en secreto al menos 25 millones de dólares a través de 27 fideicomisos y empresas creadas en Islas Vírgenes, Delaware, Panamá e Inglaterra, según los Pandora Papers.
El abuelo de Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas y TV Azteca, echó a andar una intrincada maquinaria de sociedades en paraísos fiscales en beneficio de cinco de sus hijos y otros familiares, utilizados para mover dinero desde Suiza y Estados Unidos, para pagar pólizas de seguros de vida, comprar y mantener exclusivas residencias en la Riviera Maya, invertir en proyectos de hotelería o realizar donaciones.
Roberto Salinas León, representante de la familia Salinas en algunas de las sociedades offshore, no respondió a la solicitud de comentarios.
No todos los empresarios contratan los servicios de despachos para abrir entidades de papel con el propósito de comprar propiedades o proteger su patrimonio. También hay quienes recurren a estos bufetes para llevar la representación legal de sus filiales en el extranjero.
“Representamos a Ideal Panamá SA una subsidiaria de la compañía de desarrollo de infraestructura de Carlos Slim, así como también a Cilsa Panamá SA, una subsidiaria de Grupo Carso”, presume el despacho panameño Alcogal en sus folletos y presentaciones. Alcogal es el proveedor que más entidades ha creado en favor de mexicanos en los últimos años, según la filtración de los Pandora Papers.
“El ingeniero Carlos Slim Helú no tiene relación alguna con el despacho referido, toda la relación es institucional a través de las empresas”, informó un portavoz del Grupo Carso, quien detalló que las empresas Ideal Panamá SA y Cilsa Panamá SA contrataron los servicios de Alcogal como asesor legal.
Para Alejandro Aboumard, sobrino político de Slim y director general de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (Ideal), el uso de Alcogal fue diferente puesto que el bufete le apoyó en la compra de un departamento en Vail, a través de una sociedad en Colorado.
La investigación de los Pandora Papers ofrece un asomo inédito a las estrategias que utilizan los mexicanos para proteger su patrimonio y resguardar su riqueza fuera del país. Para los estratos más altos de la sociedad el pagar menos impuestos no es la única razón para llevar su dinero a los paraísos fiscales, otros de los motivos por los que recurren al sistema offshore son por la inseguridad y la falta de certeza jurídica en el país.
Luis Pérez de Acha, abogado especialista en materia fiscal, afirmó que la protección patrimonial es una de las principales razones de las élites para usar entidades offshore. “Se sienten seguros de que terceras personas no puedan tener conocimiento de esas fortunas” dijo. “Son pantallas que bloquean la riqueza para que no la conozcan otras personas; les permiten sentirse seguras en lo personal y en lo familiar”.
En una era de expansión de la desigualdad, la mayor filtración que se ha publicado sobre paraísos fiscales hasta la fecha, revela que los protagonistas mexicanos que figuran en los registros movieron en secreto miles de millones de dólares a jurisdicciones offshore.
Las autoridades hacendarias dicen tener en la mira a los sectores más poderosos para hacerlos pagar su parte de impuestos. “Lo que se está buscando es justicia fiscal y que todo mundo pague lo que tenga que pagar, ni más ni menos, lo que es justo conforme a su nivel de ingresos”, ha dicho la titular del SAT, Raquel Buenrostro, quién se rehusó a ser entrevistada para esta investigación.
El sistema offshore, no obstante, no ha dejado de prosperar y esta investigación ha puesto al descubierto que más de 3 mil clientes mexicanos o residentes en el país han empleado en las últimas décadas una madeja de fideicomisos opacos y sociedades de papel para evitar el escrutinio público de una parte de sus bienes.
“Estamos sacando del país la riqueza de México. No pagamos impuestos o no pagamos tarifas suficientes. Y eso está socavando la propia capacidad del estado para hacer inversiones públicas y para tener una mejor sociedad”, apuntó Collins. “Necesitamos la riqueza de los ricos, necesitamos que los ricos paguen lo que les corresponde en impuestos”.
Mathieu Tourliere (Proceso), Zorayda Gallegos, Georgina Zerega y Elías Camhaji, (El País), Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza (Univision) participaron en la elaboración de este reportaje.
llustraciones: Carlos Álvarez
Este reportaje forma parte del especial Pandora Papers, una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en la que participamos más de 600 periodistas de 150 medios alrededor del mundo.
Este artículo fue tomado de la agencia Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/0310/mexico/pandora-papers-el-dinero-de-politicos-mexicanos-y-sus-familias-desembarca-en-paraisos-fiscales/
