Utopía
La Fiscalía General de la República abrió más de 20 carpetas para indagar actos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana que dirige Ignacio Ovalle, específicamente en Distribuidora Conasupo y Leche Industrializada Conasupo, dependientes de Segalmex, el proyecto del presidente Andrés Manuel para garantizar el abasto nacional de alimentos básicos.
Las graves irregularidades detectadas y que fueron denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados, y la Secretaría de la Función Pública incluyen la entrega de contrataciones sin licitación, compras simuladas, gastos no acreditados e incluso la utilización de 8 millones de pesos del erario para invertirlos en el mercado de valores, recursos ya recuperados.
De acuerdo con la información de los reporteros Arturo Sánchez J., Gustavo Castillo y Angélica Enciso (La Jornada, 15-II-22), funcionarios de la Federación revelaron que el caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Control Competencial, a cargo de Juan Ramos López que indaga irregularidades como la asignación directa de contratos a organizaciones que son investigadas por ser empresas fachada, pero que lograron operaciones que sumarían más de mil millones de pesos, de acuerdo con la denuncia presentada por la Auditoría Superior.
El silencio de los colaboradores de Ovalle Fernández –exsecretario particular de Luis Echeverría y subsecretario de la Secretaría de la Presidencia–, frente a las búsquedas informativas de los jornaleros es patético, “Todo lo lleva la Función Pública”, arguyeron en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de la que depende Segalmex.
Las primeras denuncias se presentaron ante la SFP en julio de 2019, en el octavo mes de la Cuarta Transformación, y estaban dirigidas a demostrar acusaciones de trabajadores en contra de René Gavira Segreste, director de Administración y Finanzas por emplear a su sobrina y su tío, incrementar el número de plazas de altos funcionarios, contratar un guardaespaldas con recursos públicos y realizar despidos arbitrarios. Es decir, la voracidad, torpeza y ostentación por delante y sin medir las consecuencias que afortunadamente tuvo. Por ejemplo, en su papel como responsable de otorgar multimillonarios contratos irregulares por adjudicación directa, incluso a empresas con propietarios señalados por la Auditoría de ser participantes de un esquema de contratación ilegal. Además de que en 2020, Segalmex adjudicó sin licitar 70% de los contratos.
Es una red de funcionarios la que está implicada y en algunos casos ya se ejercitó la acción penal, pero todavía no se da difusión por parte de la FGR.
En cualesquiera casos es notable que la sólo aparente incontinencia verbal de López Obrador –es obligado que ponga diariamente los puntos sobre las íes en las andanadas de la oposición empresarial que retiene inversiones productivas, mediática y partidista–, muy poco hace referencia a los avances en el abasto nacional de alimentos básicos y los magros resultados obtenidos con la política de los precios de garantía para el campo, donde también las prácticas de corrupción de los funcionarios de Segalmex hicieron su agosto en detrimento de ejidatarios y pequeños productores rurales, beneficiando a los medianos previo moche con toneladas de 800 kilos, por ejemplo.
Hasta ahora no aparecen indicios informativos que involucren a Ovalle Fernández, el mismo que encabezó el proceso de liquidación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, pero la omisión en el cumplimento de su deber es grave.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
