Utopía
Durante las 10 horas de paro realizado el martes 22 por la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas con sus agremiados que operan unidades turísticas, de carga –incluidos camiones de volteo– y pasajeros –también taxis–, se presentó un pliego de exigencias tan variopinto como difícil de atender por las autoridades, con el bloqueo de autopistas, carreteras, accesos a ciudades y avenidas importantes de Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.
Para fortuna de los automovilistas y los mayoritarios ciudadanos de pie, buena parte de las movilizaciones se limitaron al cierre parcial de vialidades, pero aun así los bloqueos ocasionaron caos y afectaciones a las actividades económicas.
Las demandas de los transportistas empezaron a ser abordadas en mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría de Gobernación desde el mismo día del sorpresivo paro organizado en sigilo, entre ellas la seguridad pública, la simplificación de trámites que realizan en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y que a juicio de los afectados son imposibles de concretar por fallas en las plataformas de internet, cuotas locales de peaje, las extorsiones por cuerpos policiacos viales, la prohibición de camiones de doble remolque, así como la disminución de las tarifas de peaje en las autopistas e incluso demandan “combustible a bajo precio”. Los dirigentes de la Alianza Mexicana muestran incapacidad para elaborar un pliego general y coherente que armonice las peticiones locales.
Incapacidad que contrasta con la aptitud del presidente de la Amotac –que agrupa 97 mil empresarios con 410 mil vehículos–, Rafael Ortiz Pacheco, para los desplantes: “De entrada, son buenos pasos, pero si no se cumplen las peticiones como se están exponiendo, en un mes vamos a tener una reunión y ahí decidiremos si nos manifestamos nuevamente. Va a haber (más movilizaciones), eso se los garanticé” (sic). Una de sus solicitudes más urgentes es mayor seguridad para el gremio y que se revisen las cuotas que pagan los dueños de camiones de carga.
Menos mal porque suponer que desde las secretarías de Gobernación y la de Infraestructura pueden resolverse peticiones de carácter local, incluso algunas que involucran a concesionarios de carreteras y autopistas, pareciera fuera de foco.
Para no hablar de exigencias como, por ejemplo, “contra el alza en los precios de las gasolinas”, aumento que no ocurre debido a que el gobierno federal absorbe el incremento en los costos internacionales de los combustibles por medio de la renuncia a cobrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. También exigen se les exente del pago de impuestos, lo que implicaría suponer una situación de privilegio frente al resto de los contribuyentes.
Cierto es que la variedad de las demandas exige políticas de atención diferentes por los tres niveles del Ejecutivo, además de formas diferenciadas de protesta de los quejosos, pues confundir las competencias de los ámbitos de gobierno obstaculizará el avance de sus causas. Y, finalmente, para abatir los delitos de los que los son víctimas, además del fortalecimiento de la vigilancia y las labores de inteligencia para desmantelar a grupos criminales, es preciso que transportistas y sus representantes denuncien los hechos ante el Ministerio Público, incluidos los actos de abuso de los agentes del orden.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
