Diario Ejecutivo
Finalmente este lunes se aprobó la reforma minera en la Cámara de Diputados para que se nacionalice el litio y sea un mineral estratégico cuya explotación tenga carácter prioritario y exclusivo para el Estado Mexicano. Dentro de la legislación aprobada se prevé la creación de una empresa estatal que coordine su producción. Inmediatamente después el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se revisarán los ocho permisos otorgados a empresas para la exploración y explotación de litio.
La aprobación de la ley minera se registró un día después de que no se alcanzó la mayoría calificada para la Reforma Eléctrica, en una sesión legislativa en la que los partidos de oposición se exhibieron como representantes de intereses empresariales y con doble moral. El caso más claro de esta exhibición fue cuando el líder de los diputados priistas, Rubén Moreira, reconoció que la reforma de Enrique Peña Nieto había servido para que las empresas abusaran, pero aún así votaron en contra de frenar esa voracidad.
Ya en la sesión del lunes para aprobar la Ley Minera, los diputados de oposición abandonaron el recinto, lo que nuevamente demostró que su actuación obedece más a consignas que a argumentos. Por eso la iniciativa fue aprobada con 298 votos a favor, cero en contra y 197 abstenciones.
Ese alto abstencionismo de los diputados de oposición parece estar en línea con la doble moral de los empresarios mineros. Cuando se realizó el Parlamento Abierto para la reforma eléctrica, el presidente de la cámara minera, José Jaime Gutiérrez Núñez, hizo varias aseveraciones que podrían sintetizarse en las siguientes:
1.- México no tiene litio. 2.- En caso de que lo hubiera sería casi imposible explotarlo. 3.-Nuestro país carece de tecnología y de profesionales capaces de aprovechar el litio y producir baterías.
Hace un mes, Rompeviento y la Universidad Autónoma Metropolitana realizaron un reportaje (hasta este martes tenía casi 800 mil visualizaciones en YouTube) llamado “México Litio, al descubierto”, en cual desmienten las afirmaciones del presidente de la cámara minera. Los productores del reportaje (la académica Violeta Remedios Núñez y el director de Rompeviento, Ernesto Ledesma), fueron amenazados de muerte por la difusión de ese trabajo periodístico y han recibido la solidaridad de varias universidades y agrupaciones gremiales.
¿Quiénes son los interesados en que no se conozca que México cuenta con litio y que el Estado puede impulsar una industria de este mineral del futuro? ¿Por qué amenazar de muerte a quienes elaboraron un reportaje cuyo aporte fundamental es desmentir los mitos esparcidos por la iniciativa privada? ¿Cuáles y con quiénes tienen intereses los empresarios mexicanos que intentan desaparecer del subsuelo mexicano ese mineral? ¿Por qué la oposición abandonó el recinto cuando se discutía la ley minera y el caso concreto del litio?
Las respuestas son muy difíciles de encontrar, pero a veces vale la pena recordar la historia reciente de América Latina: el expresidente Evo Morales, en Bolivia, nacionalizó el litio, creó una empresa estatal para aprovecharlo, se asoció con una empresa alemana para generar incluso un auto eléctrico hecho totalmente en ese país. El resultado fue que a Morales le dieron un golpe de estado, sustentado en La Biblia y con el apoyo de Estados Unidos, los empresarios y la Organización de Estados Americanos. México lo recibió en 2019 y al mismo tiempo obtuvo información de primera mano sobre explotación de este mineral del futuro.
De 300 mil a 450 millones de dólares
Regresando al caso de México: desde luego, la Cámara Minera que asegura que no hay litio en México, apoyó (y creo que apoya) el proyecto Sonora Littium, Bacanora Minerals o Ganfeng Lithium, un plan que comenzó con una inversión inicial de siete millones de pesos (alrededor de 300 mil dólares) y al poco tiempo alcanzó un valor de 450 millones de dólares.
Los siete millones de pesos corresponden a lo que se pagó a un particular para obtener el derecho de explotación minera. Los 450 millones de dólares se refieren al dinero que se ha levantado en las bolsas de valores y en las operaciones de adquisición de ese proyecto. En sus diferentes etapas, tiene (o ha tenido) inversión de los gobiernos de China y Omán y participación británica, canadiense y japonesa.
Detrás del proyecto está un personaje cercano a Enrique Peña Nieto: Andrés Antonius González (coordinador de planeación estratégica y subsecretario de Agricultura y Política Energética, en el gobierno anterior). También se encuentran la exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, Martín Fernando Vidal Torres, quien hasta 2017 era presidente y director general de Bacanora Minerals (apoderado legal de las concesiones de Borax, Mexalit y Megalit, filiales del consorcio) y Jorge Vidal Ahumada (ligado a Pavlovich y a Ricardo Salinas Pliego).
La historia de Bacanora ya la he documentado en este espacio en varias ocasiones, pero cobra importancia por la aprobación de la Ley Minera aprobada el lunes. En síntesis, un mexicano adquirió la concesión, la vendió a capitales extranjeros. Pasó a una empresa bursátil (que tenía activos por 20 millones de dólares, pero necesitaba 420 millones) y posteriormente ingreso la gigante china Ganfeng.
En enero de 2018 (en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto) la empresa publicó un Estudio de Viabilidad de Sonora en el que se indican posibles utilidades de antes de impuestos por mil 250 millones de dólares, con 26 millones de impuestos y un costo operativo de alrededor de cuatro mil dólares por tonelada.
“La compañía ha estado operando una planta piloto en Hermosillo, que ha producido carbonato de litio de alta calidad (99.5%) de batería durante el trabajo de prueba en curso realizado en los últimos cuatro años”, dice el estudio.
Por esa época, Jorge Vidal, director del proyecto, decía los medios: “Bacanora Minerals es la compañía interesada en el proyecto y se espera que en la primera fase de operaciones, la planta produzca 17 mil 500 toneladas de litio anualmente y para lograr este cometido se empleará a 250 personas”.
Ya en este sexenio, la página de la Secretaría de Economía, explicaba: “El Proyecto Litio Sonora, consta de 10 concesiones que confieren derechos para la exploración, extracción y producción. Todas situadas entre 190 km al nordeste de Hermosillo, México y 180 kilómetros al sur de la frontera Estados Unidos-México”.
Sin embargo, la Cámara Minera insistía meses después en la tesis de que en México no hay litio y su producción es casi imposible. ¿Por qué?
Ahora personajes cercanos a esa cámara y a Va por México intentan manejar la narrativa de que la ley aprobada el lunes es una mentira, porque el litio ya estaba nacionalizado. Y aquí pregunto ¿cómo si no hay litio ya estaba nacionalizado? Al respecto les propongo que lean los cambios aprobados a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la ley minera, en donde se detallan los puntos de la reforma.
Sí, detrás del litio y de cómo pensaban explotarlo hay intereses muy oscuros. Afortunadamente, las modificaciones a la Ley Minera que seguramente serán aprobadas en el Senado de la República, blindan este mineral y de alguna manera abren la puerta para una industria del futuro de México y del mundo.
Dice el filósofo del metro: el futuro estratégico está en el sector energético.
Roberto Fuentes Vivar
Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”.
Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.
