Diario Ejecutivo
El gobierno mexicano anunció la prohibición del uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla (consumo humano), como una medida soberana, fitosanitaria y hasta ecológica.
Inmediatamente, el Instituto Mexicano para la Competitividad (organismo del cual era director Juan E. Pardinas, actual jefe del diario Reforma y cuyo primer dirigente fue Roberto Newell, subsecretario en agricultura del gobierno foxista) lanzó, como fuera vocero extraoficial de los intereses estadounidenses más oscuros (como los de la poderosa NCGA), una rabiosa respuesta contra el Gobierno Federal.
Vamos por partes:
El gobierno mexicano, un día antes de que se venciera el plazo impuesto por Estados Unidos para que México explique las bases científicas de las prohibiciones contra el maíz transgénico, publicó el lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. Explica que con este acto, queda abrogado el Decreto de diciembre de 2020 sobre la materia y señala que nuestro país es centro de origen de más de 55 razas de maíz.
“La política de seguridad alimentaria del Gobierno de México consiste en preservar este patrimonio biocultural. Asimismo, se promueve la preservación de las prácticas agroecológicas de nuestras comunidades campesinas, la milpa y la riqueza gastronómica”, señala un comunicado de la Secretaría de Economía, al respecto.
Indica que el objetivo de este nuevo Decreto es precisar el objetivo y alcance de las políticas públicas, así como eliminar cualquier posible imprecisión del texto predecesor, el cual se prestó a interpretaciones diversas.
“Con esta nueva versión se brinda claridad en sus objetivos y certeza regulatoria con base en evidencia técnico-científica.
“Las precisiones más importantes son:
“• El decreto se acota estrictamente al maíz. La canola, la soya, el algodón y el resto de las materias primas no quedan sujetas a esta regulación.
“• Para evitar confusiones, se establece una categorización del maíz según su uso: alimentación humana (masa y tortilla), forraje e industrializado para alimentación humana.
“• El Decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla. Lo anterior, no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones, porque México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos. De lo que se trata es de consolidar tal soberanía y seguridad alimentaria en un insumo central en la cultura de las y los mexicanos.
“• En cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto. Se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada.
“• Se estableció explícitamente que Cofepris realizará investigaciones científicas en torno a los posibles impactos en la salud de las personas del maíz genéticamente modificado. Tales estudios se realizarán con agencias sanitarias de otros países.
“Con ello, México reitera su compromiso de cumplir el T-MEC, según el cual las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia científica”, señala textualmente el comunicado dela Secretaría de Economía.
Incluso, en la exposición de motivos, se explica que el decreto tiene como objetivo principal la protección del derecho a la salud y a un medio ambiente sano, del maíz nativo, de la milpa, de la riqueza biocultural, de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico; así como garantizar la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
La respuesta de los voceros espontáneos de los intereses estadounidenses en México fue la siguiente: “Aunque el nuevo decreto acota la aplicación de la prohibición al maíz destinado al consumo humano, sin afectar al destinado al consumo pecuario o industrial, para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) la medida representa un riesgo para la competitividad del país al poner en juego el cumplimiento de sus obligaciones comerciales.
“El decreto establece que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán abstenerse de adquirir, utilizar e importar el maíz genéticamente modificado o el glifosato en el marco de programas públicos o actividades de gobierno. Además, ordena a las autoridades de bioseguridad revocar y abstenerse de otorgar permisos para el uso e importación de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana, así como para el uso de las semillas de maíz genéticamente modificado y el glifosato o productos que lo incluyan.
“Si bien el uso principal del maíz amarillo en México está destinado al consumo animal (78 por ciento de la demanda total está dirigido al consumo pecuario), dos de cada 10 toneladas de ese maíz en el mercado doméstico se destinan al consumo humano, el autoconsumo o a la industria almidonera (que produce derivados del maíz para consumo humano, como fructosa o harinas). En 2022, la producción nacional de maíz amarillo, de tres mil 183 millones de toneladas, fue 20 por ciento menor a la suma de la demanda para consumo humano, autoconsumo e industria almidonera (que ascendió a cuatro mil 17 millones de toneladas).
“Una prohibición a la importación de productos biotecnológicos como el maíz genéticamente modificado por parte del gobierno federal, sin una justificación basada en evidencia científica, representa un riesgo para la competitividad del país. La medida entra en conflicto con obligaciones comerciales firmadas no sólo con los socios comerciales de América del Norte, sino con los miembros de la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), cuyo artículo XI prohíbe las restricciones a la importación de productos sin una debida justificación”, dice el IMCO.
Estas palabras son quizá más rabiosas que las que seguramente pronunciará la Asociación Nacional de Productores de Maíz (NCGA, por sus siglas en inglés), organismo que presiona al gobierno de Joe Biden al grado de amenazar con emprender una acción legal en Estados Unidos para obligar a su gobierno a iniciar un caso contra México por violación a las disposiciones de biotecnología del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Es un negocio tan grande para los productores estadounidenses que el diario El País lo exponía así hace unos meses: “México es el principal importador de maíz estadounidense. En 2021, le compró a EE UU 16.8 millones de toneladas, por un valor de cuatro mil 700 millones de dólares. En su gran mayoría, se trata de maíz amarillo destinado al forraje de animales y para cuyo cultivo se utilizan transgénicos. A diferencia del maíz blanco, que se destina al consumo humano y donde México es autosuficiente, el país latinoamericano depende de las importaciones para cubrir tres cuartas partes de sus necesidades de grano amarillo. Es un negocio pujante, que ha crecido un 86 por ciento en la última década, según datos del Departamento de Agricultura de EE UU, y que ahora puede verse amenazado por la prohibición”.
Finalmente México, basado en su autonomía como país independiente, decidió prohibir el maíz transgénico para consumo humano. La medida, por lo menos para millones de mexicanos, merece aplauso. Pero otros, como el IMCO (y la oposición en general) segregan rabia. Dice el filósofo del metro: IMCO significa también Instituto Mediático para la Conspiración y la Oposición.
Roberto Fuentes Vivar
Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”.
Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.
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