Diario Ejecutivo
La tragedia del albergue para migrantes en Ciudad Juárez es una especie de ultimátum a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para poner orden en el Instituto Nacional de Migración y en las empresas de seguridad privada.
Lamentablemente, en los dos casos, el marco jurídico es obsoleto y representa una herencia de sexenios anteriores. El Instituto Nacional de Migración fue creado por Carlos Salinas y sus operaciones fueron modificadas en el sexenio de Vicente Fox, pero nunca se abordó a fondo la importancia del respeto a los derechos humanos de las personas que cruzan nuestro país tratar de vivir el “american way of life”.
Mucho menos se incluyeron las presiones de Estados Unidos, cada día más fuertes, para tratar de convertir a México en “tercer país seguro”, opción a la que el gobierno actual se niega. Quizá por eso es importante el anuncio el presidente Andrés Manuel López Obrador de crear un grupo para modificar (o de plano eliminar) al Instituto Nacional de Migración, incluyendo a personajes como el padre Alejandro Solalinde.
En el caso de la seguridad privada, que, de acuerdo con conferencia de prensa de la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, parte de la responsabilidad de la tragedia de Ciudad Juárez recaer en la empresa de seguridad privada que custodiaba el albergue,
Por eso, este caso debe de ser una lección para ir más allá, pues la actual ley data de 2006 y desde hace más de un año se realizaron las modificaciones constitucionales y debería de haberse elaborado la nueva ley en la materia, pero el poder legislativo no ha avanzado en el asunto,
De hecho en México existen dos organismos de empresas de empresas de seguridad: el Consejo Mexicano de Seguridad Privada y la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada y ambos han exigido una nueva ley que permita poner fin a la clandestinidad, pues se calcula entre 30 y el 50 por ciento de las compañías se dedican a brindar este servicio operan con irregularidades.
Nada más como ejemplo, el pasado lunes, unas horas antes de los hechos de ciudad Juárez, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada presentó un estudio sobre este sector en América Latina.
En esa investigación se indica que México cuenta con la mayor industria de seguridad privada de América Latina, con un vertiginoso crecimiento desde el gobierno de Vicente Fox. Entre oros datos menciona que en México hay más de cuatro mil 300 empresas de las cuales solo 2 mil 700 cuentan con licencia federal o con permisos estatales o municipales. En general aportan 1.3 por ciento del PIB y más de un millón de empleos directos, Sin embargo en materia de profesionalización están muy por debajo de Colombia que cuenta con mayores sistemas de capacitación.
La principal empresa de seguridad privada en México es Multisistemas de Seguridad Industrial que considera que en nuestro país 98 por ciento del sector de la seguridad privada está compuesto por empresas “patito”, que cobran muy barato, sin prestaciones para sus trabajadores y pagan salarios en muchos casos inferiores da cuatro mil pesos mensuales.
A su vez, el Consejo Nacional de Seguridad Privada considera que en México trabajan alrededor de seis mil empresas de ese tipo, las cuales cuentan con alrededor de 500 mil guardias,
Acerca de los sueldos, Indee una empresa dedicada a la investigación del mercado laboral calcula que el sueldo promedio de los guardias privados es de siete mil 500 pesos mensuales, mientras que otra empresa, Talento, ubica el promedio en seis mil pesos.
De acuerdo con los datos oficiales, los trabajadores registrados de empresas de protección y custodia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), suman 500 mil, que significan dos por ciento de la planta laboral del país, pero en este sector la informalidad llega de casi 50 por ciento.
Se calcula que esta industria representa alrededor de 400 mil millones de pesos anuales y si se toma en cuenta el número de trabajadores significa que por cada miembro de la Guardia Nacional existen 10 policías privados (si se asume como cierto que haya un millón de trabajadores en este sector y solo 120 mil miembros de la Guardia Nacional).
Dentro de este panorama general Rosa Icela Rodríguez denunció que ya fue descubierta la primera irregularidad cometida por la empresa Camsa, que custodiaba el albergue, pues sólo tenía reportados a cuatro empleados con 10 uniformes y el contrato con el Instituto Nacional de Migración era de 503 elementos en 23 estados de la República.
En síntesis la tragedia de Juárez es un llamado urgente al orden en las empresas de seguridad privada y máxime cuando son contratadas por el gobierno.
Si se analizan otros contratos del sector público con empresas de seguridad privada, la palabra que surge inmediatamente es falta de transparencia, que viene desde sexenios anteriores. Nada más hay que recordar el caso de las asignaciones a las compañías de Genaro García Luna y que han sido ampliamente expuestas por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiero y que representan alrededor de 14 mil millones de pesos.
Quizá la enseñanza principal de la tragedia de Ciudad Juárez, es la urgencia de poner orden en el Instituto Nacional de Migración y en las empresas de seguridad privada. Y hacerlo no solo es labor del Poder Ejecutivo, sino que el Legislativo tiene mucho que aportar para evitar otro hecho tan doloroso como el de la semana pasada.
Dice el filósofo del metro: Seguridad privada no debe significar privar de seguridad.
Roberto Fuentes Vivar
Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”.
Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.
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