OAXACA, OAX., febrero 11.- El diputado federal Francisco Martínez Neri, coordinador parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión, consideró que el enfrentamiento en el penal de Topo Chico, Nuevo León, -que dejó 52 muertos y 12 lesionados- “es reflejo de los problemas de hacinamiento, corrupción y falta de control en centros penitenciarios”.
Por la falta de acción oportuna, “hay una omisión que debe ser ventilada en términos de las responsabilidades que tiene el mandatario y allí se debe aplicar la ley”, dijo.
El gobernador “no tomó en cuenta el hacinamiento en Topo Chico y no consideró las medidas” que se debían aplicar al respecto.
Es muy lamentable “que el Estado mexicano y los estados de la República no pongan atención a una problemática grave que existe a nivel nacional” y ante ello lo sucedido en Nuevo León “puede seguir ocurriendo”, indicó en declaraciones a la prensa.
Recordó que hace poco se refirió al hacinamiento que existe en los penales del país, que en el de Topo Chico “es del 40 por ciento, en relación a la capacidad instalada”.
Lo más lamentable, señaló, es que “no se hace nada al respecto y las cárceles” de México “están hechas para todo, menos para la reinserción” de los internos.
Que “le quedó grande la silla”.
Por su parte, líderes parlamentarios y legisladores federales de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, expresaron su indignación y arremetieron en contra de la “incapacidad, impotencia, desconocimiento, irresponsabilidad y reacción tardía” del nuevo gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, para enfrentar el motín en el penal de Topo Chico.
“Ha quedado claro que le quedó grande la silla a ´El Bronco´, que no tiene capacidad para gobernar bien a la gente de Nuevo León, que está distraído en otro tipo de acciones y no en la de gobernar su estado y sacarlo adelante”, acusó el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza.
Al condenar el desgobierno interno en el penal y el motín que dejó 52 muertos y 12 heridos, exigió el gobernador “independiente” que asuma su responsabilidad, ya que “queda claro que el gobierno no puede controlar y no puede gobernar ni siquiera los penales en el estado” e hizo “un enérgico llamado” al gobernador “para que deje de estar distraído en otras labores y se concentre en su estado”.
“El coordinador, los diputados de Nuevo León y el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados venimos profundamente consternados por la muerte de más de 50 personas en el penal de Topo Chico, Nuevo León”, indicó.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, del PRD, reclamó que “Rodríguez Calderón dijo que se iba a ser cargo de los penales del estado y que no necesitaba la presencia de fuerza federal; ahí está una de las consecuencias de uno de esos arrebatos que no tienen nada que ver con comportarse o estar a la altura de un hombre de Estado”, recriminó.
Afirmó que los hechos violentos ocurridos en el penal de Topo Chico, “son consecuencia de las decisiones del gobernador Rodríguez Calderón, quien no pidió el apoyo de las fuerzas federales para controlar las cárceles del estado”.
Expuso que “hubo una excesiva confianza por parte de las autoridades de Nuevo León para controlar los hechos, al no solicitar apoyo de las fuerzas federales, por lo cual es importante que las autoridades federales y estatales aclaren qué fue lo que ocurrió y qué tipo de responsabilidades hay”.
La diputada federal y secretearía general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Monroy del Mazo, calificó el hecho de “penoso y doloroso”, y lamentó que después de muchas horas “prevalezca la desinformación y la incertidumbre” de lo ocurrido.
El coordinador del Partido Encuentro Social (PES), Alejandro González Murillo, acusó que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón operó de manera “muy tardía” ante el enfrentamiento en el penal de Topo Chico.
“Nos está dejando claro que no tienen la comunicación, ni la información del gobierno a tiempo; está dejando que pase un suceso de esta magnitud, y de manera muy tardía llega a querer reparar el daño”, agregó.
González Murillo consideró que “no es posible que llegue un gobernador y quiera cambiar un penal con tal hacinamiento”, así como buscar “tener control, en donde no hay las condiciones suficientes para sacarlo adelante”. Explicó que se requiere “más coordinación entre municipios, estados y federación”, para poder funcionar en esta materia.
Enfatizó que urge “reforzar el sistema penal de raíz, hacer una reingeniería a todos los penales de este país para poder tener control sobre ellos”.
